Contabilidad

El Tribunal de Cuentas reprende a Bildu, Más País e IU por no reflejar «fielmente» su salud financiera

Los fiscalizadores también señalan a la CUP, Iniciativa per Catalunya, Més per Mallorca, PDeCAT y Teruel Existe

Varapalo del Tribunal de Cuentas a IU, ERC y Bildu: presentan una contabilidad incompleta

El Tribunal de Cuentas denuncia irregularidades en la concesión de las ayudas del ICEX

Tribunal de Cuentas, partidos
Arnaldo Otegi (Bildu), Alberto Garzón (IU) e Íñigo Errejón (Más País).

El Tribunal de Cuentas ha aprobado su informe de fiscalización de los 34 grandes partidos del país que reciben subvenciones estatales o autonómicas y quedan señaladas varias formaciones. Bildu, IU, Más País, Iniciativa per Catalunya, Més per Mallorca, PDeCAT y Teruel Existe han presentado una contabilidad incompleta. No muestran una imagen fiel de su situación financiera y se exponen a sanciones y denuncias ante la Fiscalía.

En su informe de 946 páginas, un equipo de 40 personas del Tribunal de Cuentas disecciona la documentación presentada por los partidos estatales con el habitual retraso de este organismo. También cruzan información con datos del Ministerio del Interior, bancos y proveedores varios. Ahora se ha dado luz verde a la fiscalización de los ejercicios 2018 y 2019. Ponen la lupa en aspectos como las donaciones privadas, las deudas con el Fisco y la Seguridad Social o la justificación de ingresos y gastos.

Para recortar ese decalaje se han empezado a hacer informes bianuales más cortos y las fundaciones de los partidos se analizan por separado. Fuentes del Tribunal de Cuentas explican a OKDIARIO que han sufrido retrasos adicionales por las últimas elecciones. No quieren perjudicar los intereses electorales de las organizaciones políticas pese a que siguen optando por no informar de cuántas denuncias trasladan a la Fiscalía por posibles responsabilidades penales, civiles o administrativas.

El Tribunal de Cuentas, por otra parte, advierte de que cada vez los partidos se nutren más de dinero público (subvenciones, aportaciones de grupos parlamentarios pensadas inicialmente para el día a día de los representantes en las instituciones, etc.) y menos de origen privado (cuotas de afiliados, donaciones, aportaciones de cargos, etc.). En total recibieron 187 millones en 2018 y 368, en 2019. De media, el 73% de su financiación es de origen público.

Antes del 30 de junio de cada año los partidos tienen que presentar su información del ejercicio anterior. Muchos lo hicieron fuera de plazo. En concreto, el 24% en 2018 y el 44% en 2019.

Tras analizar la documentación, el Tribunal de Cuentas emite un informe favorable, favorable con salvedades o desfavorable. En 2019, hubo siete partidos que cumplieron sin problemas, 14 recibieron el aprobado, pero con pegas y nueve no reciben el visto bueno. De los 32 que se han estudiado, los partidos que reciben sendas reprimendas son: Bildu, Más País, Izquierda Unida, Esquerda Unida i Alternativa, Inciativa per Catalunya-Verds, Més per Mallorca, PDeCAT, la CUP y Teruel Existe.

Individualmente, detallan por qué los partidos no han cumplido. En algunos casos no incluyen las cuentas de sedes locales, partidos federados o coaligados; sobrevaloran o infravaloran algunos conceptos; etc.

«Irregularidades»

Por ejemplo, del partido de Íñigo Errejón, se dice: «En opinión del Tribunal, las cuentas anuales no presentan fielmente la situación financiera y patrimonial de la formación, ni los resultados de sus operaciones, debido a la importancia cuantitativa de las salvedades señaladas». Ese partido no ha registrado cuantías pendientes de cobro, ingresos de subvenciones electorales y para gastos de funcionamiento y de seguridad (512.090 euros), otros datos están sobrevalorados en 55.300 euros y se ha contabilizado erróneamente como subvención un importe de 414.345 euros que corresponde a subvenciones electorales.

El partido de Errejón, a ojos del Tribunal de Cuentas, ha cometido las siguientes «irregularidades». Entre otras, «no ha ingresado las aportaciones de cargos públicos en la cuenta bancaria específica que marca la Ley de Financiación de Partidos, registra tres donaciones no identificadas prohibidas por la Ley, reseña aportaciones de personas jurídicas (29.648 euros) que igualmente contraviene la normativa en vigor».

También el informe lamenta que, en materia de igualdad, la Comisión Ejecutiva Nacional, máximo órgano de dirección de Más País, se integra por un 67% de hombres y un 33% de mujeres, lo que no se ajusta a la Ley de Igualdad de 2007. Además, en la plantilla hay una media de mujeres del 32% y de hombres del 68%. Igualmente, incumplen las órdenes de tener unas instrucciones internas de contratación y un sistema de prevención de riesgos penales. Además, no justifican cómo han gastado la subvención para seguridad, hecho que ha sido comunicado al Ministerio del Interior.

Deudas de los partidos

Otros datos que deja el informe es que los partidos de media tienen un endeudamiento del 31% (145 millones), hay tres partidos en situaciones concursales previas a la disolución (Convergencia, En Marea e Iniciativa) o nueve partidos se limitan a certificar que sus cuentas son correctas sin recoger los resultados de su evaluación interna.

Por otra parte, se analizan 41 fundaciones ligadas a partidos. En 2020 recibieron 2,4 millones públicos (el 40% del total) y 1,68 millones privados. Cinco fundaciones no rindieron cuentas, 19 lo hicieron, pero fuera de plazo y 14 no presentaron el correspondiente informe de auditoría.

Los datos dejan entrever que las fundaciones no pasan por su mejor momento: 12 no tenían actividad y presentan patrimonio neto negativo dos fundaciones del PSOE y la de Vox. Una de Bildu está en causa de disolución al perder 600.000 euros en los últimos años. Una veintena ni tiene las cuentas publicadas en su web.

Sobre sanciones, a septiembre de 2023 se han realizado 74 expedientes sobre contabilidad ordinaria, pero sólo dos han llegado a prosperar. Izquierda Unida y Nueva Canarias han sido sancionadas con 50.000 euros. A nivel electoral, 31 partidos, todos ellos locales, han sido castigados con entre 5.000 y 250.000 euros. Algunos han recurrido.

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