Torres a Koldo tras maniobrar para quedarse con 837.000 mascarillas ‘fake’: «Resuelto, abre el vino»

«Asunto resuelto. Abre el vino». Así celebró el entonces presidente de Canarias y hoy ministro de Política Territorial, Ángel Víctor, en una conversación con Koldo García, asesor de José Luis Ábalos en el Ministerio de Transportes, la modificación de un contrato con la principal empresa de la trama para que ésta -conformada por cargos socialistas y comisionistas- siguiera haciendo negocio.

«Me voy de pedo. Te juro que me emborracho», le contestó Koldo García, que hacía de mediador entre la empresa Soluciones de Gestión, los comisionistas, como Víctor de Aldama, y el propio Gobierno de Pedro Sánchez.

Esta conversación aparece recogida entre las intervenidas por la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el último informe remitido al juez de la Audiencia Nacional Ismael Moreno sobre el papel de Ángel Víctor Torres en el caso mascarillas.

Este diálogo de euforia, de celebración, entre Torres y Koldo tuvo lugar el 4 de noviembre de 2020, en plena pandemia de coronavirus. Aquel día, el entonces presidente de Canarias mandó por teléfono al que era asesor de Ábalos en el Ministerio de Transportes una copia de la modificación de un contrato con Soluciones de Gestión que acababa de firmar la noche anterior, el 3 de noviembre, su director del Servicio Canario de Salud, Conrado Domínguez.

En ese escrito, con sello oficial del Gobierno canario que presidía Torres, el Ejecutivo autonómico aceptó quedarse con 837.000 mascarillas que la trama les vendió como si fueran del tipo FPP2, pero que en realidad no eran para uso sanitario, sino quirúrgicas.

Sin embargo, en lugar de romper el contrato o actuar contra Soluciones de Gestión, el Gobierno de Torres maniobró para quedarse con esas mascarillas, por las que acabó pagando a la empresa de la trama 707.518,50 euros pese al pufo inicial de 2.094.500 euros -importe en que se habían valorado las FPP2 fake- que quisieron colar al Ejecutivo canario.

Como publicó OKDIARIO en 2024, el Gobierno de Canarias de Torres, además, cargó a la Unión Europea esta partida de mascarillas suministradas por Soluciones de Gestión SL -empresa para la que intermediaba Koldo García- que no cumplían con los requisitos de calidad exigidos. El Ejecutivo autonómico socialista rectificó el pago inicial para acabar financiándolo con los fondos europeos para la pandemia, pese a que las mascarillas eran defectuosas.

Según consta en el expediente, el 22 de abril de 2020 el Gobierno canario de Torres formalizó un pedido de 2.750.000 mascarillas FFP2 a Soluciones de Gestión, a un precio unitario de 2,50 euros. Apenas un día después, la empresa hizo la primera entrega.

Sin embargo, el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias revisó las mascarillas y advirtió, en sendos informes de 27 de abril y 24 de julio de 2020, que una partida no podía considerarse «apta para su uso sanitario como FFP2». En concreto, el número de mascarillas afectadas ascendía a 837.800 unidades, valoradas en 2.094.018,50 euros.

No eran «compatibles»

El 22 de julio, el Gobierno canario de Torres comunicó a Soluciones de Gestión que parte de las mascarillas que había hecho pasar por FFP2, las consideradas de más alta protección y capacidad de filtrado, no cumplían los requisitos y no eran «compatibles» con la «eficacia de filtración frente aerosoles».

Fue entonces cuando el Ejecutivo de Torres optó en agosto de aquel año por «remitir una muestra al Centro Nacional de Medios de Protección del Instituto Nacional de Seguridad y Salud en el Trabajo, a efectos de que sean sometidas a ensayos de verificación que determinen la calidad, categoría y adecuado uso de las referidas mascarillas».

Este centro, ubicado en Sevilla, determinó que si bien estas mascarillas «no son equiparables a la nomenclatura FFP2, los ensayos realizados se detuvieron cuando se alcanzó una lectura de penetración estable superior al requisito de penetración para FFP1».

A partir de aquí, y en base a tales informes, la empresa Soluciones de Gestión propuso «como compensación por dicha situación ofrecer al Servicio Canario de la Salud las mascarillas entregadas y catalogadas como no aptas para FFP2 valorándolas como mascarillas quirúrgicas al precio de mercado del mes de abril, fecha en que se produce la entrega del material en el Hospital Universitario de Canarias, y completar el pedido hasta alcanzar el importe de los 2.094.500 € con 555.000 mascarillas de FFP2 NR modelo SBL902 del fabricante ANHUI SUBOLUN GARMENT», reza el expediente. Y el Gobierno de Torres aceptó esta propuesta de la empresa de la trama.