Torra se burla de nuevo de la Junta Electoral con una pancarta que defiende la «libertad de expresión»

Apenas unas horas después de la retirada de la pancarta con lazos en apoyo a los presos golpistas de la fachada del Palau de la Generalitat, el gobierno independentista de Quim Torra ha dado orden de sustituirla por otra con el lema ‘Libertad de opinión y de expresión’, en alusión al artículo 19 de la Declaración de los Derechos Humanos.

La retirada de las pancartas y lazos, y su reemplazo por otras alternativas, se ha convertido en un capítulo más en la ‘teatralidad’ del secesionismo en su órdago al Estado.

Este viernes, la Generalitat procedió a la retirada de las pancartas y lazos amarillos de las fachadas de los edificios públicos, en cumplimiento, finalmente, del requerimiento de la Junta Electoral Central, que ayer dictó una nueva resolución en la que daba un nuevo plazo las 15.00 horas de este viernes y abría el procedimiento contra Quim Torra para una eventual imputación por un delito de desobediencia.

Dos operarios retiraron la pancarta que colgaba de la fachada del Palau, poco antes de las 12.30 de esta mañana. La retirada de los lazos y carteles se ha llevado a cabo por parte de personal de la Generalitat, sin implicar a los Mossos.

Querella de la Fiscalía

En un comunicado, Quim Torra anunció que la próxima semana presentará una querella contra la Junta Electoral por un presunto delito de prevaricación.

El presidente catalán consideró que las decisiones de la Junta son «manifiestamente injustas porque son arbitrarias». Además, avanzó que presentará un recurso contencioso administrativo contra a decisión de la JEC, solicitando la suspensión inmediata de sus acuerdos.

Torra insistió en que «llevará hasta las últimas consecuencias» lo que él define como una «defensa de la libertad de expresión» e instó a los catalanes a llenar los balcones de sus viviendas de esteladas y lazos amarillos.

Este viernes, la Fiscalía Superior de Cataluña anunció también una querella contra el presidente de la Generalitat por un delito de desobediencia, cuya pena llega a los dos años de inhabilitación para ejercer cargo público.