Juicio al 'procés'

El Supremo sopesa que el juicio a los golpistas sea de lunes a viernes para acabar antes del 28-A

La Sala de lo Penal presidida por el juez Manuel Marchena ya ha confirmado que no suspenderá el calendario de vistas por motivos electorales. La situación de prisión preventiva que afecta a algunos de los procesados impide que se dilate innecesariamente el juicio.

jueces amnistía, Tribunal Supremo
Fachada del Tribunal Supremo.

Fuentes jurídicas han confirmado a OKDIARIO que el Tribunal Supremo no descarta habilitar dos días más cada semana, lunes y viernes, para agilizar al máximo la finalización del juicio del 1-O. Pero en ningún caso condicionado por las vicisitudes del escenario político, sino con el objeto de que, cuanto antes, se pueda resolver sobre los hechos en análisis y la situación personal de los encausados que, para nueve de ellos se traduce en una privación de libertad.

Por ello, el alto tribunal se plantea -en un intento por concentrar la práctica de la prueba de los más de 500 testigos- acumular la comparecencia, entre otros, de todos aquellos agentes de los mossos y miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado citados a petición de las partes, en jornadas intensivas de hasta 50 declaraciones y programadas en todos los días hábiles de la semana. Cálculo que la sala realizará una vez finalizada la fase actual de declaración de los procesados.

Marchena ha dejado claro en la primera semana de juicio que el Supremo dirigirá la causa al margen de calendarios políticos

El Tribunal Supremo, ajeno a la expectación mediática y la presión social, se ha propuesto que el juicio del 1-O sea un absoluto ejercicio de independencia judicial. Durante la primera semana de celebración de la vista oral, la Sala de lo Penal, presidida por el juez Manuel Marchena, ha puesto de relieve, a través de varias de sus intervenciones, que seguirá un planteamiento exquisitamente garantista con del derecho de defensa de los líderes independentistas catalanes. Por encima de cualquier otra consideración, los derechos de los doce acusados serán atendidos con diligencia y rigor.

Así lo ha manifestado en sala el propio Marchena, al menos, en tres ocasiones hasta el momento: la primera, durante la argumentación del rechazo a la petición de la acusación popular, ejercida por VOX, que solicitó se prohibiese a Jordi Sánchez, la exhibición del lazo amarillo independentista en la solapa; la segunda, como resultado del rechazo al planteamiento, también de VOX, de interrogar a Oriol Junqueras cuando éste ya había manifestado que no contestaría a las preguntas de las acusaciones; y, la tercera, en respuesta a una de las defensas, durante los artículos de previo pronunciamiento, a la que advirtió que el tribunal no permitirá ningún tipo de estrategia «dilatoria» de la causa.

No se suspenderá

El alto tribunal ya ha confirmado que no se plantea decretar la suspensión del juicio -que arrancó el pasado martes día 12- contra los políticos catalanes acusados de sendos delitos de rebelión y sedición, agravada con malversación, y que se prolongará por lo menos durante los próximos tres meses. El calendario, sin embargo, es orientativo y dependerá, en gran medida, de la agilidad con la que pueda concluirse la práctica de las pruebas testificales y periciales que seguirán, inmediatamente, a la actual declaración de acusados.

Recuerdan fuentes especialistas a OKDIARIO que no hay ninguna ley que obligue a los tribunales a la suspensión de los juicios durante los períodos de campaña electoral y precisan que no suele hacerse, como demuestra el precedente del juicio por los ERE en Andalucía que coincidió, en su fase final, con las pasadas elecciones a la presidencia de la comunidad autónoma.

Lo que sí resulta evidente es que no habrá sentencia con carácter previo a la celebración de las elecciones generales. El tribunal competente para enjuiciar los hechos seguirá el criterio tradicional en la práctica judicial que, en aras a la independencia de poderes propia del Estado de Derecho y sensu contrario, vela por la no injerencia de los pronunciamientos en el debate político.

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