Sentencia del 1-O

El Supremo regala un triunfo a Sánchez: «Lejos de perturbar, la Abogacía del Estado estuvo correcta»

Abogacía del Estado
Manuel Marchena, presidente del tribunal que ha juzgado a los golpistas, y Pedro Sánchez, presidente del Gobierno

La sentencia del Tribunal Supremo a los golpistas esconde un elogio inesperado al Gobierno de Pedro Sánchez por obligar a la Abogacía del Estado a cambiar de criterio en el último momento y acusar a los golpistas de sedición y no de rebelión, como vino manteniendo hasta entonces en consonancia con la Fiscalía General del Estado.

En la página 487, en un apartado tan escasamente mediático como el del pago de las costas, la sentencia redactada por Manuel Marchena afirma de la Abogacía del Estado lo siguiente: «Su intervención en el proceso lejos de ser perturbadora ha sido correcta, coadyuvando al ejercicio de la acción penal, guardando además la condena homogeneidad con sus pretensiones».

La frase no ha pasado desapercibida en el mundo jurídico. La Abogacía del Estado decidió dar un giro a su estrategia en el proceso contra los golpistas catalanes a finales del año pasado, cuando presentó sus acusaciones definitivas ya con Sánchez como presidente del Gobierno y después de que tanto el líder del Ejecutivo como la vicepresidenta, Carmen Calvo, expresaran en público sus dudas por la posición mantenida hasta entonces por los abogados del Estado dado que, decían los dirigentes socialistas, la rebelión conllevaba el uso de armas. El cambio de criterio provocó la dimisión de Edmundo Bal, el abogado del Estado que se negó a firmar una acusación por sedición, un delito con penas inferiores al de rebelión y que no supone un alzamiento contra el orden constitucional.

El giro impulsado desde Moncloa provocó las críticas del PP, Ciudadanos y Vox, que acusaron al Gobierno de utilizar la institución para allanar las relaciones Sánchez necesitaba mantener con ERC para aprobar los Presupuestos Generales del Estado y prolongar su estancia en La Moncloa. Ahora, la sentencia afirma que la intervención de la Abogacía del Estado en el proceso «lejos de ser perturbadora ha sido correcta», un argumento que Sánchez podrá exhibir frente a quienes le criticaron entonces.

El llamativo elogio de la sentencia a la Abogacía es también una crítica implícita a la Fiscalía, que siempre mantuvo la acusación por un delito de rebelión y cuyas peticiones de penas, por tanto, han quedado muy lejos de las impuestas.

El Supremo, por unanimidad, ha terminado abrazando las tesis de la Abogacía del Estado y, como destaca la sentencia, las condenas guardan «homogeneidad con sus pretensiones». Así, Oriol Junqueras ha sido condenado a 13 años, sólo uno más de los que solicitó para él la Abogacía del Estado. A apenas un año más han sido condenados también el resto de los consejeros (12 años frente a los 11 que pedía la Abogacía). Las penas de Carmen Forcadell (11 años y medio) y los ‘Jordis’ (9 años) son idénticas a la que solicitaron los abogados del Estado.

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