El Supremo investiga el enchufe de 12 altos cargos que Sánchez colocó en lugar de funcionarios

El Tribunal Supremo investiga una docena de reales decretos de Pedro Sánchez en los que nombró por dedazo a 12 directores generales en varios ministerios sin cumplir con la obligación de que sean funcionarios de carrera y, tal como denuncia una agrupación de administradores civiles del Estado, sin justificar las excepciones correctamente. Tal como adelanta OKDIARIO, la Sala Tercera del Alto Tribunal, especializada en asuntos de lo contencioso-administrativo, ha admitido a trámite el recurso de Fedeca (la Federación de Asociaciones de los Cuerpos Superiores de la Administración Civil del Estado) escasos meses después de anular una decena de nombramientos del Gobierno.

El escrito de Fedeca se registró el 5 de febrero y el Supremo ya ha dictado un auto para aceptar el caso y determinar que no son procedentes las medidas cautelares solicitadas de anular provisionalmente esos dedazos que hizo el Ejecutivo de PSOE y Sumar entre diciembre de 2023 y enero de 2024. Como publicó OKDIARIO, Fedeca ya consiguió revocar los nombramientos claves en el Instituto de Juventud (Injuve), en la Dirección General de Derechos de las Personas con Discapacidad y en la Dirección de Políticas Palanca de la Agenda 2030 –todos ellos en el ministerio que lideraba Pablo Iglesias–. Además, a instancias de otras entidades, el Supremo ha tumbado nombramientos de Sánchez en el Consejo de Estado, en la Guardia Civil, en la Agencia de Protección de Datos y en el Consejo Superior de Deportes, así como varios nombramientos en la Fiscalía General del Estado a propuesta del fiscal designado por el Ejecutivo.

La normativa en vigor y las sentencias del Supremo establecen que solamente cabe usar la figura de directores generales no funcionarios cuando las funciones encomendadas para estos altos cargos del Gobierno no puedan ser ejecutadas por personal funcionario de carrera. Además, en esas excepciones corresponde a la Administración justificarlo al detalle. Fedeca argumenta que el Ejecutivo de Sánchez «no ha explicado en ningún caso las razones por las que un funcionario de carrera no puede realizar las funciones correspondientes».

Por su parte, el abogado del Estado, a la hora de oponerse a las medidas cautelares solicitadas, argumenta que los puestos impugnados tienen una especificidad muy concreta. Asegura que en legislaturas anteriores determinados puestos también se han cubierto con personas ajenas al cuerpo funcionarial.

En todo caso, Fedeca defendía las cautelares ante la posibilidad de que estas designaciones provoquen «un daño irreparable». Además, tachan de «genéricas» las motivaciones ofrecidas por el Gobierno y señala que «los nombramientos carecen de justificación alguna, de manera que es imposible saber por qué las personas nombradas poseen unas características que jamás podrían ser alcanzadas por un funcionario de carrera».

Tres directivos de Igualdad

Los nombramientos impugnados ante el Supremo son:

• Luis Guillermo Tapia Martínez, director general de Relaciones con las Cortes.
• Carlos María Juárez, director general de Sector Ferroviario.
• Roser Obrer Marco, directora general de Transporte por Carretera.
• Pilar Varela Díaz, directora general de Planificación y Gestión de la Formación Profesional.
• Aicha Belassir Khayati, directora general de Economía Social y de la Responsabilidad Social de las Empresas.
• Jordi García Brustenga, director general de Estrategia Industrial y de la Pequeña y Mediana Empresa.
• Zoraida Hijosa Valdizán, directora general de Atención a las Víctimas y Promoción de la Memoria Democrática.
• Pedro Gullón Tosio, director general de Salud Pública y Equidad en Salud.
• Paula Fernández-Wulff, directora general de Agenda 2030.
• Beatriz Micaela Carrillo de los Reyes, directora general de Igualdad de Trato y No Discriminación y contra el Racismo.
• Julio del Valle de Iscar, director general de Igualdad Real y Efectiva de las Personas LGTBI+.
• María Isabel García Sánchez, directora del Instituto de las Mujeres.

Por tanto, el Supremo investiga un nombramiento en el Ministerio de Presidencia, dos en Transportes, uno en Educación, uno en Trabajo, uno en Industria, uno en Política Territorial y Memoria Democrática, uno en Sanidad, uno en Derechos Sociales y tres en Igualdad.

Según Fedeca, «los nombramientos carecen de la más mínima motivación. Es imposible conocer las razones que han llevado al Consejo de Ministros a elegir a esas personas y no a otras para ocupar esos puestos cuando en apariencia los funcionarios de carrera también podrían desempeñarlos. No se ha acreditado que hubiera ni siquiera el intento de encontrar los que pudieran ser adecuados al puesto». Los administradores civiles del Estado buscan que el Supremo vuelva a sentenciar que se ven perjudicados ante «la pérdida de oportunidad irrecuperable y de imposible compensación», pues «se les impide el desarrollo de su carrera profesional mediante el acceso al máximo grado que la Ley les reserva (el nivel 30)».

«Ocupación arbitraria»

Además, los afectados esgrimen que un pronunciamiento a su favor por parte del Supremo evitaría un perjuicio a los intereses generales del Estado pues la suspensión impedirá «la ocupación arbitraria (la prensa dice a dedo) por quienes no reúnen los mínimos de mérito y capacidad para el desempeño de las características especiales del puesto».

En este punto, el Supremo descarta la posibilidad de las medidas cautelares  contra los nombramientos y apunta: «La Sala está en condiciones de resolver en tiempo razonable este recurso contencioso-administrativo dado que, por su naturaleza, su tramitación no debe presentar particulares dificultades. De ahí que no quepa hablar de consecuencias irreversibles».