El Supremo condena a Sánchez por marginar a los empresarios en su lucha por imponer la Agenda 2030

El Tribunal Supremo ha condenado al Gobierno a pagar las costas de un juicio en el que se ha anulado un real decreto del Ejecutivo de Pedro Sánchez. Tal como adelanta OKDIARIO, la Sala de lo Contencioso ha invalidado así la creación de una comisión interministerial para «el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública», es decir, priorizar a empresas que no buscan beneficios, que tiene impacto medio ambiental positivo y aplican la Agenda 2030 o, entre otros, que tienen en plantilla más mujeres, discapacitados, personas vulnerables, etc. El Consejo de Ministros de PSOE y Sumar no incluyó a los representantes de los empresarios y sí a los sindicatos y eso ha provocado un importante varapalo del Supremo al equipo de Sánchez.

El fallo del Supremo indica: «Estimamos el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la representación procesal de la Confederación Nacional de la Construcción (CNC) contra el Real Decreto, de 18 de julio de 2023, por el que se crea la Comisión Interministerial para el desarrollo y mejora de la inclusión de las cláusulas sociales en la contratación pública, cuya nulidad declaramos».

De conformidad con la Ley de la Jurisdicción Contencioso-administrativa, el Supremo remarca: «La estimación del recurso llevará aparejada la imposición de las costas a la Administración, sin que se aprecie la concurrencia de dudas de hecho o de Derecho que permitan la no imposición». La cuantía de la condena se fija en «4.000 euros, por todos los conceptos». Junto a la Abogacía del Estado, que defendía al Gobierno, se personó el sindicato CCOO.

En un fallo del que ha sido ponente el magistrado Antonio Jesús Fonseca-Herrero Raimundo, el Supremo concluye que «nos encontramos ante una norma reglamentaria en la que, en la tramitación realizada para su elaboración se ha omitido la participación de una asociación empresarial reconocida por ley».

Fuentes de la Confederación Nacional de la Construcción consultadas por este periódico remarcan que «llueve sobre mojado», ya que la misma Sala y Sección del Supremo ya analizó y resolvió la impugnación de la norma reglamentaria precedente que regulaba y creaba la misma comisión interministerial «por el mismo vicio».

«Concluimos afirmando que debió darse audiencia a las organizaciones empresariales, como la Confederación Nacional de la Construcción, en el trámite de audiencia, con la finalidad de que pudiesen realizar las aportaciones y propuestas sobre todo o parte del contenido de dicho Real Decreto», remarcan.

En este sentido, el Gobierno incluyó en esa comisión a miembros de varios ministerios y «una persona representante por cada una de las organizaciones sindicales más representativas a nivel estatal». Sin embargo, ni rastro de las asociaciones de empresarios.

«Estamos ante un Gobierno de ordeno y mando. Cambian las reglas de juego para firmar contratos públicos a mitad del partido y ni siquiera nos preguntan a los que vamos a llevar a cabo esos contratos», lamentan las fuentes pulsadas. Del mismo modo que el Gobierno, y en particular el Ministerio de Trabajo liderado por Yolanda Díaz, quiere reducir la jornada laboral semanal sin contar con la patronal, en este caso, de nuevo, el Ejecutivo discrimina a las organizaciones empresariales en un plan para incluir cláusulas sociales que luego tendrán efectos directos en su trabajo.

Las fuentes interrogadas indican que en ocasiones la inclusión de cláusulas sociales, como se pretende con esa mesa de trabajo, ha tenido efectos no deseados en las licitaciones públicas. En ocasiones, por ejemplo, imponer que las plantillas de las empresas a contratar tengan que tener determinado porcentaje de mujeres se vuelve en contra de las pymes locales que tienen arraigo en el territorio y se prima a las grandes compañías de fuera de la comunidad autónoma.

Antecedentes

Esta condena que arranca la Confederación Nacional de la Construcción al Gobierno de Sánchez a través del Supremo no es el primer pulso que vence. Esta organización, que agrupa a su vez a multitud de entes ligados al sector de la construcción, ya logró en 2022 otro fallo de gran relevancia. El Alto Tribunal estimó su recurso contra el real decreto por el que se modificó el estatuto de SEPES (la Entidad Pública Empresarial del Suelo) y se anuló un apartado que introducía en el estatuto de ese ente público el siguiente objetivo: «Ejecución de actuaciones de rehabilitación y regeneración urbana, o reforma urbana de espacios públicos, así como rehabilitación o reforma de inmuebles en instalaciones de titularidad pública». El Supremo sentenció que se había omitido irregularmente el trámite de consulta pública.