El Supremo condena a un empresario del ‘caso Koldo’ por tratar de amordazar a un denunciante

El Tribunal Supremo ha tumbado el último intento del empresario de Soluciones de Gestión SL José Ángel Escorial Senante de acallar al abogado zaragozano Ramiro Grau, primer denunciante del denominado caso Koldo.’ El Alto Tribunal da la razón de nuevo a este letrado alertó sobre las irregularidades en la contratación de material sanitario durante la pandemia.

Tal como adelanta OKDIARIO, Sala Primera ha condenado al empresario al pago de las costas procesales y a la pérdida del depósito constituido, cerrando un litigio que se enmarca en los intentos por silenciar las denuncias sobre corrupción en contratos públicos millonarios.

La resolución, fechada este 4 de junio, a la que ha tenido acceso OKDIARIO, supone un nuevo revés judicial para los implicados en el entramado investigado por la Fiscalía Anticorrupción, la Audiencia Nacional y la Sala de lo Penal del Supremo. El Alto Tribunal ha determinado que el recurso carece de «interés casacional» al considerar que la información cuestionada se refería a «empresas que van a obtener pingües beneficios ante una situación de emergencia sanitaria ocasionada por el COVID-19 y su relación con el Gobierno o con determinadas Comunidades Autónomas».

La Sala Primera ha subrayado que dicha información «constituye un hecho de una extraordinaria relevancia pública y de especial sensibilidad», estableciendo que las expresiones referidas al recurrente «no pueden considerarse indudablemente injuriosas». Además, el tribunal ha sido tajante al afirmar que «no puede dudarse del carácter defectuoso de parte de las mascarillas» mencionadas en los artículos periodísticos objeto de controversia.

Génesis del ‘caso Koldo’

El fallo se produce apenas dos meses después de que el mismo Tribunal Supremo desestimara otro recurso vinculado al caso Koldo, esta vez interpuesto por la compañía Soluciones de Gestión SL contra Ramiro Grau. La empresa, que facturó 54 millones de euros en contratos públicos de material sanitario, reclamaba 50.000 euros por daños y perjuicios tras la publicación de tres artículos en abril de 2020 «titulados Chanchullo del dinero público o variaciones similares», según consta en la sentencia judicial.

Los textos periodísticos, tal como recoge la resolución del Alto Tribunal, cuestionaban la contratación pública de mascarillas durante la primera ola de la pandemia y atribuían a la empresa demandante «falsamente la condición de mera intermediaria en la compra de material sanitario» además de afirmar que había vendido «ocho millones de mascarillas defectuosas, parece ser que a un precio muy superior a su valor de mercado».

El empresario Escorial Senante ha visto frustrados sus intentos de obtener una reparación económica por informaciones que, según la jurisprudencia consolidada, entraban de lleno en el ámbito de la libertad de expresión e información sobre asuntos de interés público. La triple condena en costas -primera instancia, apelación y casación- supone un varapalo económico para quien pretendía acallar las voces críticas.

Ramiro Grau, que ejerció su propia defensa al ser letrado en ejercicio, fue el primer jurista que denunció ante el Tribunal Supremo las irregularidades que posteriormente destaparon una tupida red de presuntas ilegalidades. Su denuncia inicial, aunque archivada en un primer momento, sirvió de catalizador para las investigaciones posteriores de la Fiscalía Anticorrupción y la Guardia Civil.

«Creo en Dios y en el Derecho; por ese orden», afirmó Grau tras conocer el primer fallo favorable contra Soluciones de Gestión. «Siempre pensé que los juzgados y tribunales españoles me darían la razón, por un motivo muy sencillo: porque la tengo», añadió el letrado zaragozano.

Las investigaciones judiciales han destapado una compleja trama que incluye el pago de presuntas comisiones a Koldo García -ex asesor del exministro José Luis Ábalos-, mordidas en contratos públicos, sobornos para la obtención de licencias de hidrocarburos y presuntos amaños en obras públicas. Todo ello en el contexto de la emergencia sanitaria, cuando la urgencia justificaba procedimientos de contratación extraordinarios.

Jurisprudencia consolidada

La sentencia del magistrado ponente Antonio García Martínez invoca justamente la reciente la sentencia del 3 de abril, que desestimó «un recurso, si no idéntico, muy similar, al presente». Esta reiteración jurisprudencial refuerza la doctrina sobre el equilibrio entre el derecho al honor de las personas jurídicas y las libertades informativas cuando están en juego asuntos de relevancia pública.

Los magistrados Ignacio Sancho Gargallo, Pedro José Vela Torres y Antonio García Martínez han firmado una resolución que no admite recurso alguno, cerrando definitivamente esta vía judicial para el empresario demandante. Se trata de un hombre que se llegó a presentar como «representante del Gobierno de España».

La concatenación de fallos adversos para los intentos de silenciamiento judicial dibuja un escenario donde la justicia española defiende de manera férrea el derecho ciudadano a conocer y criticar la gestión de recursos públicos, especialmente cuando median sospechas de corrupción. Los tribunales han demostrado que ni la litigiosidad temeraria ni los intentos de amedrentamiento procesal lograrán acallar a quienes, como Ramiro Grau, tuvieron la valentía de denunciar lo que consideraban irregularidades en plena pandemia, cuando el silencio hubiera sido más cómodo pero menos honesto.