Tribunal Supremo

El Supremo busca un fallo unánime del ‘caso Palau’, uno de los símbolos de la corrupción del partido de Pujol

Todo indica que el fallo del recurso de casación ante el Alto Tribunal se hará público antes de final de año.

El Supremo busca un fallo unánime del ‘caso Palau’, uno de los símbolos de la corrupción del partido de Pujol
Fèlix Millet y Daniel Osàcar, ex presidente y ex tesorero del Palau

El Supremo avanza en la revisión de la sentencia del caso Palau que condenó al partido fundado por Jordi Pujol -Convergencia Democrática de Cataluña (CDC)- por el cobro de ‘mordidas’ para su financiación ilegal. Fuentes jurídicas señalan a OKDIARIO que la Sala Segunda de lo Penal apunta a un fallo unánime y todo indica que se hará público antes de final de año.

El tribunal ya se ha reunido en varias ocasiones a puerta cerrada, la primera de ellas el pasado 5 de noviembre, para deliberar sobre los aspectos objeto de recurso sin que se hayan producido discrepancias importantes entre los magistrados.

Por ello, es previsible que la futura resolución del Supremo -ponencia del magistrado Andrés Palomo- no contendrá votos particulares. El Alto Tribunal decidirá en firme sobre los múltiples recursos de casación planteados por la Fiscalía y las defensas de los condenados contra la sentencia previa de la Audiencia Provincial de Barcelona.

El órgano judicial catalán condenó a cuatro años y cinco meses de prisión al ex tesorero de CDC, Daniel Osàcar; a nueve años y ocho meses a Fèlix Millet, ex presidente del Palau entre 1990 y 2009; y, a siete años y seis meses de cárcel a su hombre de confianza y ex director financiero de la institución, Jordi Montull.

Además, la formación fue obligada a devolver un total de 6,6 millones de euros. El importe correspondiente a las "ganancias" que acumuló gracias al cobro ilegal de comisiones procedentes de la constructora Ferrovial, a través del saqueo -de más de 23 millones de euros- del Palau de la Música.

Recurso múltiple

Tanto la Fiscalía como los principales condenados -Osàcar, Millet y Montull- recurrieron al Supremo en casación.

Félix Millet fue considerado culpable de dos delitos continuados de malversación y apropiación indebida, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público, otro de falsedad contable, tráfico de influencias y blanqueo de capitales. 

La Audiencia de Barcelona añadió a la pena de prisión sendas multas: 2.934.207’18 euros, resultantes de las cantidades blanqueadas; y, 1.186.332, 99 euros, como autor de un delito contra la Hacienda Pública. 

Por su parte, Jordi Montull es culpable de malversación de caudales públicos y apropiación indebida, falsedad en documento mercantil cometido por funcionario público, falsedad contable, delito continuado de tráfico de influencias, blanqueo de capitales, en concurso medial con un delito continuado de falsedad en documento mercantil y autor de un delito contra la Hacienda Pública.

El Ministerio Público pide al Alto Tribunal que revoque la absolución de dos de los principales directivos de Ferrovial vinculados con la trama: Juan Elizaga y Pedro Buenaventura. Considera el fiscal del caso que, en contra de lo decidido por la Audiencia de Barcelona, los plazos para procesarles por los delitos que les imputa no han prescrito.

A todo ello se suman los recursos de la ex directora financiera del Palau, Gemma Montull, hija de Jordi Montull; y, Laia Millet, hija de Fèlix Millet. La primera tras ser condenada a cuatro años, seis meses y veintidós días de prisión. La segunda, como responsable civil a título lucrativo del desfalco perpetrado, entre otros por su padre, en el Palau de la Música.

Comisiones ilegales

La sentencia de más de 549 páginas, que ahora revisa el Supremo, consideró probado que el Palau de la Música fue utilizado por todos los condenados para ocultar el pago de ‘mordidas’ de hasta el 4%, procedentes de Ferrovial. Dichas partidas eran una fuente de financiación irregular de CDC a cambio de que desde su directiva se asegurase un "flujo constante" de adjudicaciones de obra pública, a favor de la constructora. .

La sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona afirma que existió un "acuerdo criminal" para el pago de dichas mordidas, de forma ininterrumpida, durante más de 10 años, entre 1999 y 2009.

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