El Supremo deja a un paso de la imputación al núcleo duro de Moncloa por la filtración contra Ayuso

El Tribunal Supremo ha dado este lunes un importante paso en la investigación sobre la filtración contra el novio de Isabel Díaz Ayuso. El juez instructor confirma que los indicios apuntan a que los emails distribuidos a la prensa afín al PSOE pasaron por Moncloa. En el auto, en el que cita como imputado al fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el magistrado también amplía el círculo de investigados al teniente fiscal Diego Villafañe. En este punto, las acusaciones podrían volver a pedir la imputación de los cargos de Moncloa mencionados por la UCO de la Guardia Civil como poseedores del email: Pilar Sánchez Acera, asesora del ex jefe de gabinete de Pedro Sánchez; Óscar López; Francesc Vallés, entonces secretario de Estado de Comunicación; Laura Martínez, jefa de prensa de la ministra de Vivienda; y Ion Antolín, jefe de prensa del PSOE.

Fuentes jurídicas consultadas por este medio señalan que existen indicios de «cooperación necesaria» desde Moncloa en la operación de filtración con fines partidistas. La investigación, que se basa en el trabajo de la UCO de la Guardia Civil, revela una «operación coordinada» que podría tener ramificaciones más allá de la Fiscalía. El silencio de Moncloa ante las evidencias presentadas se interpreta en círculos judiciales como un indicio significativo. Tras las revelaciones del Supremo, Sánchez únicamente ha respaldado a García Ortiz sin entrar a desmentir o matizar las informaciones sobre la filtración.

Los expertos legales consultados explican que lo ideal es una instrucción rápida para evitar dilaciones indebidas que beneficien a García Ortiz. Las acusaciones populares no quieren alargar el procedimiento judicial artificialmente. No obstante, Sánchez Acera, Antolín y Martínez podrían ser solicitados como testigos o, incluso, como imputados. El juez del Supremo rechazó investigar a Sánchez Acera, pero fue a principios de diciembre, antes del auto demoledor de este lunes en el que se cita a García Ortiz.

Anatomía de una filtración

El magistrado instructor, Ángel Hurtado, ha destacado en su auto la existencia de una «participación preeminente» de García Ortiz, señalando específicamente el uso de su correo Gmail personal y las «prisas» por obtener determinada información en horas intempestivas. Este patrón de comportamiento, según las fuentes consultadas, sugiere una coordinación que trasciende el ámbito estricto de la Fiscalía.

El correo electrónico filtrado, dice el juez, tuvo «salida» en la Fiscalía y «destino» en «Presidencia del Gobierno». Según el instructor, desde Moncloa se realizaron «gestiones» específicas para que la información acabara publicada, estableciendo así una conexión directa entre la filtración y el núcleo del Ejecutivo.

WhatsApps Moncloa-PSOE

La investigación ha destapado cómo la información llegó hasta Juan Lobato, entonces portavoz del PSOE en la Asamblea de Madrid, tras hablar con la asesora de Moncloa Pilar Sánchez Acera. Los mensajes recuperados muestran las dudas iniciales de Lobato: «Porque si no, parece que me la ha dado la Fiscalía», escribió en un WhatsApp a las 8:44 de la mañana. «Y Pilar [Sánchez Acera] quiere que yo saque el mail de Fiscalía. Que no ha salido pero que lo saque yo. No puede ser», añadió minutos después.

El director del Gabinete del Grupo Parlamentario en la Asamblea de Madrid, David del Campo, advirtió a Lobato sobre las verdaderas intenciones detrás de esta estrategia: «Juan, en Moncloa y en Ferraz quieren el máximo ruido y jaleo para tapar el máximo tiempo posible las elecciones de Cataluña y que no hay presupuestos. Ayuso seguirá viva y en pie la semana que viene, tú también jueves a jueves dando la cara ante ella. Más tarde que pronto volverá la Amnistía, la autodeterminación, la consulta, Koldo, las elecciones en Cataluña, que van a ser como Gran Hermano VIP y tú seguirás en tu escaño y recorriendo la Comunidad de Madrid». A todo esto, Lobato confirma que está en lo cierto: «Yes». Sin embargo, esta operación partidista se ha cobrado la cabeza de Lobato, que trató de protegerse llevando los mensajes a un notario y tuvo que declarar en el Supremo, y ha encumbrado al jefe de Sánchez Acera, el ministro de Transformación Digital, Óscar López, como sustituto de Lobato.

El magistrado instructor detalla cómo, ante las reticencias de Lobato para usar un documento no publicado, «desde Presidencia del Gobierno se hacen gestiones para la publicación en el medio El Plural del correo». El documento se publicó con los datos personales ocultos, a diferencia de la versión que inicialmente había recibido Lobato de Presidencia, para su posterior uso en la Asamblea de Madrid.

Próximos pasos

El fiscal general deberá comparecer como imputado el próximo 29 de enero, seguido por la jefa de la Fiscalía Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, y el número dos de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General, Diego Villafañe. Estas declaraciones podrían arrojar luz sobre el alcance real de la operación y las posibles conexiones con otros estamentos del Estado.

A esto se suma que, por otra parte, la Sala de lo Contencioso-Administrativo a partir del martes 28 de enero empezará a deliberar sobre un pleito interpuesto por la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) sobre cómo se gestó el nombramiento por parte del Gobierno a García Ortiz. El enero negro para el fiscal general también podría extenderse a altos cargos del Palacio de La Moncloa.