El juez pide a la UCO las tarjetas de los móviles intervenidos en registro del despacho de García Ortiz

Ángel Hurtado, instructor de la causa por la presunta revelación de secretos por parte del fiscal general del Estado en el caso del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido a los agentes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil las tarjetas de los móviles intervenidos en registro despacho de Álvaro García Ortiz. Lo ha hecho a raíz del informe de los agentes que dijeron haber encontrado cero mensajes en el móvil del fiscal general, que borró los chats de esos días en los que se produjo la filtración a la prensa del procedimiento por presunto fraude fiscal que se sigue sobre Alberto González Amador. García Ortiz dijo haber eliminado esos mensajes por un protocolo de seguridad.

El magistrado del Tribunal Supremo ha emitido una providencia, fechada a 23 de diciembre, en la que solicita a la UCO más información sobre el móvil de García Ortiz. «A la vista del resultado obtenido tras el informe pericial realizado por la UCO sobre el material intervenido en el registro efectuado en el despacho del fiscal general del Estado, y en razón a los datos obrantes sobre dispositivos móviles que figuran en el acta levantada con ocasión del mismo, facilítese a esta instrucción números de teléfono e IMSI/IMEI asociados de las tarjetas que fueron objeto de dicha diligencia, así como la titularidad asociada a estos números de teléfono, para lo cual remítase oficio a la UCO, al que se acompañará copia del acta levantada con ocasión de la ya mencionada diligencia de entrada y registro», señala el escrito al que ha tenido acceso OKDIARIO.

Por su parte, la defensa de Alberto González Amador, pareja de Ayuso, ha solicitado al juez que analice las posibles conversaciones del fiscal general del Estado con varios cargos de Moncloa. Específicamente, pide examinar los intercambios con la asesora Pilar Sánchez Acera, los ex secretarios de Estado de Comunicación Francesc Vallés e Ion Antolín, y la directora de comunicación de Vivienda, Laura Sánchez Espada. Todos ellos aparecen en los informes de la UCO como personas que tenían el material filtrado antes de que lo publicara El Plural.

Los abogados de Gonzalez Amador solicitan ampliar el análisis de los dispositivos de García Ortiz y la fiscal jefa de Madrid, Pilar Rodríguez, incluyendo todas las conversaciones con dichos cargos y tres periodistas.

Adicionalmente, la defensa pide la imputación de Diego Villafañe, teniente fiscal de la Secretaría Técnica de la Fiscalía General del Estado. Requiere a Meta (empresa propietaria de WhatsApp) la copia de todas las conversaciones generadas por García Ortiz y Villafañe desde el 7 de marzo, así como información sobre posibles borrados. También solicita al juez los protocolos de uso de teléfonos móviles y correo electrónico de los fiscales, y un registro de cambios de dispositivos desde la fecha mencionada.

Más delitos

La Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), que ejerce la acusación popular en la causa que se sigue en el Tribunal Supremo por la presunta revelación de secretos en la causa judicial del novio de Isabel Díaz Ayuso, ha pedido al juez imputar a Álvaro García Ortiz dos delitos nuevos: el de apoderamiento ilícito de información y prevaricación. La asociación pide al juez además que cite ya a declarar como investigado al fiscal general del Estado. 

Los abogados de la APIF insisten que García Ortiz podría haberse apoderado ilícitamente de información antes del filtrado. «Ni el fiscal general del Estado, ni la jefe provincial, tenían a su disposición esa información, por mucho que remate jerárquicamente el primero la institución», subrayan. Al hilo, afean que el fiscal general, en lugar de «llamar a su presencia a un fiscal, y por los cauces reglamentarios optara por quebrantar el descanso o tiempo libre de un funcionario fiscal para que, con total nocturnidad, se le exija una documentación sensible vía whatsapp, y para que esta acabe depositada en un correo electrónico no corporativo».

Para la asociación de fiscales, se trata de «una brecha de seguridad en materia de protección de datos en toda regla». La APIF considera, además, que se ha acreditado también el delito de prevaricación administrativa al haber transmitido el fiscal general órdenes verbales y por un medio no ortodoxo, el whatsapp, para que, a la postre, el fiscal Julián Salto redirigiera correos que no estaban al alcance de ninguno de los investigados.

«Es insalvable la forma (llamadas y whatsapp fuera manifiestamente de horario laboral), la falta de constancia posterior y el borrado de los whatsapp del móvil del investigado se trata de una prueba incriminatoria donde las haya por la falta de firma electrónica y la ausencia de legalidad al no cumplir los cauces del Estatuto Orgánico del Ministerio Fiscal de obtención de información de un inferior jerárquico», explican los letrados de la APIF. Y concluyen: «Todo ello nos lleva a apuntar a un delito de prevaricación administrativa en concurso con el delito bien de infidelidad en la custodia de documentos públicos o bien de descubrimiento y revelación de secretos».