El Senado lleva a Iglesias y Narbona a la Fiscalía por falso testimonio sobre su financiación

El Senado instará a la Fiscalía a abrir diligencias contra el líder de Podemos, Pablo Iglesias, la presidenta del PSOE, Cristina Narbona, y el tesorero de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, por haber mentido en la Comisión de investigación de financiación de los partidos políticos en la que estaban obligados por ley a no hacerlo.

Así consta en el informe de conclusiones finales presentado por el Grupo Popular en el Registro —al que ha accedido en exclusiva OKDIARIO— y que será aprobado por la Comisión en su última sesión fijada para este jueves tras cerca de dos años de trabajos. Este documento tendrá carácter oficial y definitivo emanado del Senado, puesto que el reglamento de la Cámara Alta, a diferencia del que posee el Congreso de los Diputados, no exige que las conclusiones de una comisión de investigación sea aprobadas por el Pleno, que no volverá a reunirse por la disolución de las Cortes el próximo martes.

60 horas de comparecencias

De esta forma, los populares, con el portavoz de la Comisión y secretario primero de la Mesa del Senado al frente, Luis Aznar, han conseguido completar una comisión de investigación como no ocurría en esta Cámara desde hacía 30 años. Un arduo trabajo tras asistir a 56 comparecencias (entre ellas, altas autoridades, dirigentes políticos, ministros, alcaldes, tesoreros, responsables de bancos…) que han supuesto en torno a 60 horas de intervenciones, y analizar cientos de documentos oficiales solicitados tanto a los implicados como a terceros, entre ellos organismos estatales de fiscalización y control

A diferencia de lo que ha ocurrido en el Congreso, donde la comisión de investigación sobre la presunta financiación irregular del PP ha terminado sin conclusiones al no haber acuerdo entre los grupos sobre una eventual reapertura de la misma tras las elecciones del próximo 28 de abril. En cambio, en el Senado, donde el PP tiene mayoría absoluta, los populares han podido elevar su informe de conclusiones, que será aprobado este jueves. Desde el arranque de esta comisión, PSOE, Unidos Podemos, Ciudadanos, PNV y los independentistas catalanes no  participan en ella al considerar que su único objetivo era desviar la atención de la otra comisión que se seguía en el Congreso.

«Lo que hizo Iglesias fue venir a renunciar a sus manifestaciones previas» de apoyo al régimen venezolano, denuncia el PP

En su informe de conclusiones, el Grupo Popular recoge que «se han detectado varios episodios en los que se podría haber faltado a la verdad, contraviniendo las estipulaciones legales que obligan a la veracidad del testimonio de los comparecientes en este tipo de comisiones parlamentarias, y pudiendo incurrir en las penas previstas en el artículo 502.3 del Código Penal». Este precepto, prosigue el documento, señala que «el que convocado ante una comisión de investigación faltare a la verdad en su testimonio será castigado con la pena de prisión de seis meses a un año o multa de 12 a 24 meses».

Los populares sitúan al secretario general de Podemos, Pablo Iglesias, en las declaraciones de la sesión del 13 de diciembre de 2018 donde afirmó que «no había trabajado nunca para el régimen de Venezuela». De aquella comparecencia del líder de Podemos, el Grupo Popular concluye que en lugar de «aportar luz», lo «único que hizo Iglesias fue venir a renunciar a sus manifestaciones previas al respecto de apoyo al régimen, y negar que jamás hubiera trabajado para el Gobierno venezolano, lo que siembra dudas sobre la veracidad de su testimonio».

La «contundencia» de Isea

Así, los populares basan su argumentación en la «claridad de las pruebas —incluyendo documentación física y audiovisual— que ponían en evidencia su estrecha relación con el régimen venezolano». Incluyen aquí, por ejemplo, la «contundencia de declaraciones como las del exministro venezolano Rafael Isea, firmante de estos pagos (a la fundación Ceps)», quien afirmó «tener conocimiento de que el presidente Hugo Chávez habría aprobado el pago de varios millones de euros a estas personas por los servicios prestados entre los años 2008 y 2011».

OKDIARIO publicó en mayo de 2016 que Isea había confirmado ante agentes de la Policía española desplazados a Nueva York que Hugo Chávez ordenó pagar 6,7 millones de dólares a la fundación CEPS, cuyo patronato integraba el propio Iglesias.

El Grupo Popular también cita otras comparecencias que «vinieron a apuntar las sospechas sobre la financiación por parte de estos regímenes», entre ellas la del presidente del Tribunal Supremo de Venezuela, Miguel Ángel Martín Tortabu; la del empresario Enrique Riobóo, ex socio de Iglesias y Monedero; o el propio Juan Carlos Monedero, cofundador de Podemos, quien sí admitió en la comisión de investigación «haber trabajado para el régimen venezolano, en su asesoramiento político, y que también lo hizo la fundación Ceps».

La ‘offshore’ de Granadinas

Además, los populares fundamentan su instancia a la Fiscalía en la información por la que Iglesias denunció al director de OKDIARIO, Eduardo Inda, y donde Justicia ha dado la razón a este último. Hasta dos sentencias sobre la offshore del líder de Podemos en Granadinas han avalado como «veraz» lo publicado también por OKDIARIO en 2016 sobre el pago de 272.000 dólares del Gobierno de Nicolás Maduro al secretario general de Podemos por «asesorías para el desarrollo social del país». El abono se realizó en marzo de 2014 por medio de una transferencia a una cuenta offshore de un banco en el paraíso fiscal de Granadinas.

En su comparecencia en el Senado, Iglesias negó que esa cuenta bancaria estuviera a su nombre, pero no se pronunció sobre el pago de 272.000 dólares del régimen venezolano.

Por su parte, según las conclusiones del Grupo Popular, la actual presidenta del PSOE, Cristina Narbona, afirmó en la sesión del 26 de junio de 2018 que «la Intervención General del Estado no encontró ningún problema en ninguno de los contratos de ACUAMED durante su etapa al frente del ministerio» de Medio Ambiente en el Gobierno de Zapatero. Nada más lejos de la realidad, puesto que, tal y como publicó OKDIARIO, el informe del Interventor sobre los contratos realizados por Acuamed entre 2006 y 2008 establecía que el 95% de ellos no estaban justificados por el objeto y actividad de la empresa pública. Los populares creen que el caso Acuamed, donde la Justicia investiga el desvío de 14 millones para financiar ilegalmente al PSOE, todavía tiene amplio recorrido en los tribunales.

El PP cree que el ‘caso Acuamed’, donde se investiga el desvío de 14 millones a financiar ilegalmente al PSOE, tiene amplio recorrido

En cuanto al secretario de Finanzas de Ciudadanos, Carlos Cuadrado, aseguró el 13 de julio de 2017 que «no tenía ningún proceso judicial abierta en la fecha de su comparecencia». En cambio, el PP ya enfatizó en la Comisión que Cuadrado mantenía tres procesos judiciales abiertos en Brasil, algo que desde C’s remontaron a asuntos anteriores a su responsabilidad en el partido y referidos a su «actividad empresarial privada».