Narbona mintió en el Senado: el interventor no avaló los contratos de Acuamed, la Gürtel del PSOE

Cristina Narbona mintió en la Comisión de Investigación del Senado sobre el caso Acuamed. La ex ministra de Medio Ambiente con Zapatero aseguró que la Intervención había avalado los contratos de publicidad que ahora se investigan por financiación ilegal del PSOE. Nada más lejos de la realidad. Precisamente el caso Acuamed disparó la alerta expresa del Interventor, pese a lo cual la actual presidenta del PSOE autorizó la ejecución de los contratos.

Acuamed era una empresa pública dependiente del Ministerio de Medio Ambiente. Ese departamento estaba encabezado por Cristina Narbona, hoy presidenta del PSOE de Pedro Sánchez. Y el pasado 27 de junio de 2018, Narbona compareció en la Comisión de Investigación de la financiación de los partidos políticos para responder a las preguntas del senador del Partido Popular Luis Aznar.

OKDIARIO acaba de hacer público el informe del Interventor sobre los contratos realizados por Acuamed entre 2006 y 2008. Y, según sus literalidad, el 95% de ellos no estaban justificados por el objeto y actividad de la empresa pública. Y es que Acuamed se dedicaba a la construcción y gestión de desaladoras, y 11,2 millones de euros en contratos se destinaron a campañas de publicidad que, casualmente, lanzaban consignas que coincidían o se acercaban mucho al programa del PSOE en materia de agua.

Este diario muestra hoy las actas de la declaración de Cristina Narbona en esa Comisión de Investigación, donde la entonces ministra responsable y hoy presidenta de todos los socialistas mintió. En la página 47 de la transcripción de la sesión, a la pregunta del Senador Aznar sobre los indicios de irregularidades en la adjudicación de un contrato de Publicidad a la empresa Crespo Gomar asociado a la planta desaladora de Torrevieja, Narbona respondió textualmente: “Me confirmaron que efectivamente había habido una auditoría favorable tanto de la Intervención General del Estado como de la Abogacía del Estado”.

Es más, añadió que “yo pregunté y me dijeron que la Intervención General del Estado y la Abogacía del Estado habían auditado favorablemente las cuentas tanto de Aguas del Júcar como de Acuamed con posterioridad”.
Pero, pese a esa mentira ante una Comisión de Investigación, OKDIARIO ha revelado ya la evidencia de la disconformidad de la Intervención General del Estado con ese y otros contratos de Publicidad, según consta en la denuncia presentada ante el juez García‐Castellón por parte de unos de los imputados. Y es que el interventor del Estado rechazó el 95% de los contratos que Narbona dio en Acuamed.

La Intervención General del Estado señaló, en concreto, que “en nuestra opinión, dichas actividades [las derivadas de los contratos de publicidad firmados] no guardan relación con el objeto social de Acuamed, la contratación, construcción, adquisición y explotación de toda clase de obras hidráulicas, así como el ejercicio de aquellas actividades preparatorias, complementarias o derivadas de ellas”.

Más de 21 millones en contratos

Hay que recordar que la Justicia ha puesto ya sus ojos sobre más de 21 millones de euros en contratos cargados a las cuentas de Acuamed o realizados a nombre de esta empresa pública. La responsable final de la empresa pública era Cristina Narbona, ministra de Medio Ambiente por aquella época y hoy presidenta de todo el PSOE de Pedro Sánchez. La sospecha de la UCO pasa porque al menos parte de esos contratos sirvieran para financiar la campaña electoral de Rodríguez Zapatero en las generales de 2008.

Cristina Narbona cargó, además, 7,5 millones en gastos de publicidad de Acuamed a las empresas concesionarias de las desaladoras que coordina esta empresa pública. Y otros 13,96 millones de euros fueron cargados durante su época directamente en la contabilidad de Acuamed a través de una red de 47 contratos están siendo ya investigados por la Justicia a raíz de una denuncia que apunta a su uso como pagos para financiar la campaña electoral del PSOE en las elecciones generales de 2008.

Todo ello hace un total, por ahora, de más de 21 millones de euros investigados por posible financiación ilegal, tal y como desataca la denuncia.