La Sareb instala «tapiados, puertas y rejas antiokupas» en sus pisos mientras Sánchez niega los asaltos

La Sociedad de Gestión de Activos procedentes de la Reestructuración Bancaria (Sareb) ha adjudicado un contrato público para el mantenimiento integral de sus viviendas que, entre otros servicios, incluye la «prevención de riesgos» con la instalación de medidas «antiokupación», como «tapiados o rejas», según el pliego del contrato al que ha tenido acceso OKDIARIO. El valor estimado es de 175 millones para los próximos cinco años. Todo, mientras Pedro Sánchez anuncia un plan electoralista para poner 50.000 pisos de la Sareb en alquiler a «precios asequibles» y rechaza, en pleno debate por la Ley de Vivienda, que exista un problema con los okupas.

El contrato de la Sareb persigue «mantener la cartera» de viviendas «en condiciones que garanticen que estén libres de riesgos que pudieran causar daños a las personas y evitar su pérdida de valor». Entre esos riesgos figura la okupación que Sánchez niega. La Ley de Vivienda, aprobada este jueves en el Congreso, complica extraordinariamente el proceso para que un propietario recupere un inmueble que esté ocupado de forma ilegal o por inquilinos que no le pagan el alquiler y le obliga a un embrollo burocrático que puede alargar el desalojo durante meses.

Denuncia

Mientras Pedro Sánchez otorga nuevas garantías a los okupas, la Sareb -cuyas viviendas se han convertido en la principal baza electoral de Sánchez- admite el riesgo de la ocupación ilegal de sus inmuebles.

En el pliego incluso se contempla la opción de que el adjudicatario detecte okupas en la vivienda durante el servicio de mantenimiento, en cuyo caso se le pide «interponer una denuncia en 24 horas, reportándose en 48 horas como máximo». Entre otras labores, se ocupará además de la comprobación de suministros para la posible «detección de enganches ilegales». También se llevará a cabo el cambio de cerraduras, por ejemplo, «en el caso de recuperación de la posesión tras una okupación».

Una realidad que choca con el mensaje de Sánchez, que trata de enmascarar la problemática social de la okupación para defender su nueva ley, pactada con ERC y Bildu. A partir de ahora, el propietario que quiera recuperar su vivienda deberá molestarse en acreditar la situación económica del ocupante, para determinar si es o no vulnerable, y especificar si el inmueble constituye su «vivienda habitual». Trámites que complican y alargan el proceso de desalojo y blindan al okupa. Además, éste tendrá derecho a conocer el día y la hora exacta del desalojo, lo que favorece la protesta social para tratar de evitarlo. Si lo desea, también tendrá acceso a una vivienda social «digna» y barata.

Ante la polémica, en el Gobierno han defendido que los españoles «no tienen un problema real» con la okupación. Sánchez ha ensalzado este jueves la Ley de Vivienda como «uno de los principales hitos de la legislatura y de la democracia».

La vivienda ha entrado con fuerza en la campaña para las elecciones autonómicas y municipales del 28 de mayo y se ha convertido en la gran  baza electoral de Pedro Sánchez. En apenas nueve días, el socialista ha prometido movilizar 113.000 nuevas viviendas. Entre ellas, 50.000 procedentes de la Sareb. Como ha publicado OKDIARIO, casi 10.000 de estos inmuebles están ocupados, entre ellos, 2.500 por okupas conflictivos. Trabajadores sociales de la Sareb han acudido en varias ocasiones para intentar negociar con ellos sin éxito, tras lo cual se ha solicitado su desalojo, aunque admiten que el proceso es complejo.