Sánchez presiona a la UE para conseguir otra resolución que permita ilegalizar la Fundación Franco

Franco
Juan Chicharro, presidente de la Fundación Francisco Franco. (OKD)
Carlos Cuesta

El PSOE tenía puestas sus expectativas en la resolución del Parlamento Europeo que la semana pasada abrió la puerta a actuar contra las asociaciones nazis y fascistas. Moncloa mantenía la esperanza de que hubiese ido más allá y hubiese incluido el término franquista. Pero no fue así. Y ahora, los socialistas, buscan un parche que permita estirar la aplicación hacia las asociaciones franquistas. Y, más en concreto, hacia la Fundación Francisco Franco.

El Parlamento Europeo lanzó el pasado jueves su mensaje contra el entorno neonazi. Un mensaje duro, pero que no amplió el ámbito de actuación hasta el punto que deseaba el Gobierno de Sánchez. Y es que limitó su radio de acción en los grupos que ensalzan el fascismo y el nazismo.

La Eurocámara aprobó el texto por una amplia mayoría y pidió a los Gobiernos que prohíban este tipo de asociaciones. Pero no dio el paso de equiparar el nazismo o el fascismo con el franquismo y, por lo tanto, no generó la base jurídica que esperaba el PSOE para ilegalizar a la Fundación Francisco Franco. En el caso de España, se limitó a pedir la retirada de los símbolos que ensalzan el alzamiento militar y la dictadura de Franco.

Y eso no ha contentado al Gobierno de Pedro Sánchez. Por ello se ha vuelto a iniciar la campaña de presión para intentar conseguir que haya un nuevo pronunciamiento o que se aclare –y extienda– de algún modo la actual resolución con el fin de poder cargar contra la Fundación que está dando soporte a la familia Franco en la pelea de La Moncloa por sacar los restos del dictador del Valle de los Caídos e intentar evitar que acaben en La Almudena.

Los responsables de la Fundación están prevenidos de este intento y del ataque que pretende lanzarles el Gobierno. Y ya han anunciado que pelearán en los tribunales contra cualquier intento de ilegalización y que, además, está dispuesta a llevar al presidente Pedro Sánchez ante la Justicia por prevaricar si decide dar ese paso.

Asociaciones de izquierdas

Los responsables de la Fundación niegan rotundamente que su organización sea ilegal, señalan la cantidad de asociaciones favorables a planteamientos dictatoriales que existen en la izquierda y alertan de que se defenderán en los tribunales y hasta el final si se intenta tumbar su entidad.

Tal y como publicó OKDIARIO, un comunicado preparado por la Fundación la semana pasada se anticipaba al ataque y señalaba que “en primer lugar, debemos reiterar que la Fundación Francisco Franco se ajusta escrupulosamente, tanto en sus fines, como en su funcionamiento, a lo dispuesto en la legalidad vigente, constituida básicamente por la Ley 50/2002 de Fundaciones y en la legislación de desarrollo. Nuestros fines fundacionales –que es lo que verdaderamente preocupa y molesta a la extrema izquierda- tienen un indudable carácter general como puede verse a través de su redacción, que conoce bien el Gobierno”.

Sánchez sabe que, con la resolución actual del Parlamento cuenta con escasos recursos para contradecir los planteamientos de la Fundación Franco y por eso quiere ya más: más presión para conseguir un pronunciamiento que equipara al franquismo con el nazismo o e fascismo. Es decir, justo lo que no ha ocurrido en las resoluciones emitidas hasta ahora.

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