Sánchez se prepara para los recortes: encarga evaluar qué gastos públicos no son «necesarios»

Los transportistas aprietan, el BCE anuncia el fin de la barra libre, la inflación asola España y Pedro Sánchez se prepara para los recortes. La situación no es tan distinta de la que vivió José Luis Rodríguez Zapatero cuando tuvo que enfrentarse a la exigencia de Europa de recortes en 2010. Pedro Sánchez se enfrenta a una deuda del 122% del PIB y, a menos de un año de la reactivación de los controles de déficit de Bruselas, ha solicitado a su partido que lleve al Congreso la exigencia de una «evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado». Pide que se emita un «juicio de valor» sobre esos gastos para evaluar si hay motivos para que sean eliminados. Sánchez empieza a preparar la justificación para futuros recortes.

Las vacas flacas se asoman al panorama público. Por mucho que el Gobierno de Pedro Sánchez se empeñe en negarlo, los equipos económicos trabajan ya en una evaluación de las políticas públicas de la Administración General del Estado. Un análisis que sólo puede tener una explicación: buscar la justificación para empezar a recortar gasto.

El análisis no deberá ser especialmente riguroso si el Gobierno de turno prefiere redirigirlo a santificar deteminadas políticas y satanizar otras. Pero un análisis de la eficacia de las políticas públicas sólo se solicita cuando el Ejecutivo se prepara para argumentar que algunos de los presupuestos asignados no están cumpliendo con la finalidad prevista y que, por lo tanto, ha llegado el momento de cortar esa partida de gasto. Traducido: Sánchez se prepara ya para una nueva era de recortes.

El plan ya está en el Congreso

El documento con el envoltorio visual de este análisis de las políticas públicas ha sido ya depositado en el Congreso de los Diputados bajo la forma de proposición no de ley. Su título no disimula demasiado: proposición no de ley “relativa a institucionalizar la evaluación de las políticas públicas en la Administración General del Estado”. El sitio elegido para su debate es la Comisión de Hacienda y Función Pública.

La estrategia no es mala. De ese modo, los partidos tendrán que respaldar -si así lo consideran- la decisión de evaluar la eficacia del gasto público. Y, por lo tanto, tendrán más difícil la critica posterior cuando lleguen los recortes.

El argumento no deja de ser curioso en un momento en el que al Gobierno no le salen las cuentas, se le hunde la previsión del PIB, crece la inflación, se le dispara el déficit y el país se le levanta cansado de la pérdida de poder adquisitivo: “La modernización de la Administración General del Estado (AGE)”. Y justo en este momento, en el que, por cierto, el BCE ha anunciado que en junio se acaba la barra libre de ayuda a los Estados necesitados, como España, es cuando el PSOE descubre que se “debe incorporar entre los objetivos la evaluación de las políticas públicas como una actividad integrada en la práctica habitual” de la Administración.

Los socialistas no disimulan demasiado en el texto. Hablan de “mejorar la eficacia y transparencia” de esas políticas y, por lo tanto, de sus partidas de gasto público; afirman que ello “redundará en una mayor confianza de la ciudadanía hacia quienes tienen la obligación de gestionar el dinero de todos”; y llegan a mencionar que todo debe hacerse partiendo de los “criterios de necesidad y eficiencia”.

Los postulados defendidos por el PSOE saltan de pronto a la ortodoxia económica y olvidan su clásico entusiasmo por el gasto

Los postulados defendidos por el PSOE saltan de pronto a la ortodoxia económica. Y dejan atrás su habitual entusiasmo por el gasto: “La evaluación es un instrumento integrado en el análisis de las políticas públicas de carácter multidisciplinar y de reciente especialización profesional que tiene por objeto apreciar la eficacia de los programas o políticas públicas”. De pronto, el PSOE recuerda que ello exige comparar «sus resultados e impactos con los objetivos asignados, emitiendo un juicio de valor». O, lo que es lo mismo, indicando si ese gasto debe proseguir o ser eliminado.

“Más que un instrumento de conocimiento per se es un proceso guiado por una serie de exigencias y valores: rigor, imparcialidad, transparencia, atención a los distintos puntos de vista y voluntad de que prevalezca el interés general”, sentencia el PSOE en su documento.

Porque “es necesaria una nueva cultura de gestión pública que favorezca tanto el uso racional de los recursos públicos como la propia gestión de la calidad de los servicios, mejorando la transparencia y la rendición de cuentas al Parlamento”, afirma el PSOE. Es decir, justo lo contrario de lo realizado hasta el momento.

Las frases del documento son todo un anticipo de lo que está por llegar: hablan de “la necesidad de racionalizar el uso de los recursos públicos”, de “mejorar la calidad del gasto” y de “responder a los retos de ciudadanía”.
Y, como colofón, se ensalza la necesidad de “medir la eficacia, eficiencia y calidad, así como el fortalecimiento de los mecanismos de seguimiento y control del cumplimiento de objetivos”.