Sánchez ofreció a Puigdemont la amnistía con el aval de Conde-Pumpido tras semanas de contactos

Aunque el acuerdo entre el Partido Socialista y Junts para la Mesa del Congreso se ha fraguado in extremis y tras una noche agónica de conversaciones, Pedro Sánchez lleva semanas negociando en secreto con Carles Puigdemont la concesión de la amnistía, a través de los emisarios enviados a Waterloo. Se trata de la exigencia que debía cumplir el presidente en funciones para que Junts diese su apoyo al PSOE, primero en la constitución de la Mesa –un hecho consumado este jueves– y, más adelante, en la investidura.

En este tiempo, Moncloa ha encargado sondear fórmulas para «contemplar, en apariencia, un encaje legal» de la amnistía «de acuerdo a nuestro marco constitucional», según explican a OKDIARIO fuentes conocedoras. Los trabajos jurídicos han dado su fruto y «ya han encontrado el resquicio legal que buscaban». El presidente del Tribunal Constitucional, Cándido Conde-Pumpido, conoce dichos argumentos jurídicos y los avalará en un futuro ante la Corte de Garantías.

El abogado de Puigdemont, Gonzalo Boye, y otros juristas respaldan que Sánchez conceda la amnistía apoyándose en que la Carta Magna «no la contempla» y que lo único que prohíbe son los indultos generales. Sin embargo, magistrados consultados por este periódico explican que esa tesis que esgrimen los independentistas catalanes es errónea. Manifiestan que la concesión del olvido de los delitos cometidos -que no del perdón contemplado en el indulto- no está regulado en la Constitución porque no se prevé en un contexto democrático, como tampoco la esclavitud, que fue abolida en España en 1837.

«No es necesario y eso no significa que sea legal, puesto que la práctica de la misma conllevaría la vulneración de otros derechos fundamentales que sí están recogidos por, por ejemplo, el principio de igualdad entre los españoles u otros derechos tan básicos como la vida, la dignidad y la integridad», manifiestan. Lo mismo ocurre con la amnistía: su concesión vulnera el derecho de los jueces y magistrados de «juzgar y ejecutar lo juzgado», tal y como se recoge en el artículo 117 de la Carta Magna. Es por ello que la aplicación de una ley de amnistía, además de ser inconstitucional, sería un «atropello al Poder Judicial por parte del Poder Ejecutivo y, en última instancia, a la democracia», explican las mismas fuentes.

Argumentos para la amnistía

Sin embargo, el equipo jurídico que lleva semanas trabajando para Sánchez en la elaboración de un informe que respalde esta ley, ya tiene los argumentos para defender la concesión de la amnistía frente a aquellos magistrados -la mayor parte del Poder Judicial- que consideran que es ilegal. OKDIARIO ha podido saber cuáles son los fundamentos en los que se apoyarán.

Según las fuentes consultadas, Sánchez se remitirá a que «la única ley de amnistía aplicada en España data del año 1977 y fue aprobada por las mismas Cortes que promovieron la Constitución del 78, por lo que si aquel Parlamento hubiese sopesado que dicha medida de gracia era ilegal lo habría reflejado de manera expresa en la Carta Magna que estaban diseñando, como sí lo hicieron con los indultos generales».

Para defender que no se está vulnerando el artículo 117 de la Constitución, el Gobierno se apoyará en que «obviar la concesión de la amnistía se traduciría en restar competencias al Poder Legislativo». Es decir, añaden, «el Ejecutivo tiene el derecho de otorgar la medida de gracia y en el Poder Judicial se da por entendido que la soberanía reside en el pueblo español y, por ende, en las Cortes, en las que recae el Poder Legislativo que tiene la capacidad de dejar sin efecto las normas jurídicas que se puedan aplicar a terceros».

Igualmente, los juristas que asesoran a Sánchez se apoyarán en que «España se constituye en un Estado democrático, social y parlamentario, que la soberanía popular reside en el pueblo español y que éste tiene sus representantes en las Cortes, no en el Poder Judicial». En definitiva, «que existe la separación de Poderes y que la ley de amnistía se concede dentro del Poder Legislativo y no vulnera la Constitución porque no la prohíbe de manera expresa».

Un ley ‘ad hoc’

Esos son los argumentos que defenderá el Ejecutivo para darle apariencia de legalidad a una ley que la gran mayoría de los juristas en España aseguran que es inconstitucional, con argumentos más sólidos que los defendidos por el equipo jurídico que asesora a Sánchez.

En Moncloa se trabaja en el diseño de una ley que afecte exclusivamente a los independentistas catalanes que participaron en el referéndum ilegal del 1-O. «La ley de amnistía permite limitaciones para que no favorezca al resto de malversadores o desobedientes». Por ejemplo, explican, podría contemplar lo siguiente: «Quedan amnistiados todos los delitos de malversación y desobediencia del Código Penal que tengan relación con el procés y con la consulta independentista celebrada en Cataluña el 1 octubre de 2017».  De esta forma, se limita sólo a favorecer a los socios de Sánchez y es esa la línea en la que trabaja el Gobierno, según fuentes solventes.