PROTESTAS CONTRA LA AMNISTÍA

Sánchez criminaliza las protestas: ofrece escolta a los diputados del PSOE que se sientan «amenazados»

El Gobierno sugerirá a los diputados que se sientan "señalados" que soliciten escolta policial a Interior

Se ha preguntado por la disponibilidad de agentes a la Brigada de Escoltas, desbordada con la presidencia de la UE

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Pelayo Barro

El Gobierno de Pedro Sánchez busca sacar rédito político a las protestas ciudadanas contra la Ley de Amnistía calificándolas de violentas y usándolas contra la oposición. Y para reforzar esa idea, Moncloa quiere poner protección policial a disposición de los diputados socialistas que lo soliciten. De aquellos que se sientan «señalados» o «amenazados» por la calle. Ya se ha consultado a la Brigada de Escolta de la Policía Nacional para conocer cuántos agentes están disponibles, ahora que se encuentran desbordados con la protección a los dirigentes europeos que visitan España por la presidencia de turno de la UE. Mientras, Interior blindará el Congreso con 1.150 antidisturbios agitando el fantasma de un asalto.

El PSOE de Sánchez está dispuesto a ir un paso más allá en su intento por criminalizar las protestas ciudadanas que se vienen produciendo por toda España contra esa Ley de Amnistía. La mayoría de ellas sin incidentes, que cuando se producen están causados por grupúsculos ultras a los que ni siquiera se les impide su presencia por parte del Ministerio del Interior pese a conocerla con antelación.

Según ha podido saber OKDIARIO de fuentes policiales, el Gobierno está tanteando a la Policía Nacional para poder disponer de escoltas y colocarlos temporalmente en labores de protección de diputados del PSOE. Los mismos que ya están denunciando públicamente, sentirse acosados por el malestar de la calle o señalados con nombres y apellidos. Algunos se ven amenazados por la presencia de pegatinas en sus ciudades, como ha denunciado el diputado socialista David Serrada.

Interior ha consultado con altos mandos policiales, según estas fuentes, cuál es la disponibilidad actual de efectivos que tiene la Unidad Central de Protección. De ella dependen los agentes de la Brigada Central de Escoltas, la unidad que nutre de guardaespaldas a los miembros del Gobierno y a otras instituciones representativas del Estado.

En plena Presidencia de la UE

Tal y como adelantan fuentes policiales, la consulta se produce en un momento «de gran tensión» en la unidad, ya que agentes de esta brigada están solapándose para cubrir las necesidades de la Brigada Central de Protecciones Especiales: una unidad gemela que sólo se dedica a la protección de personalidades extranjeras de visita en España y, en situaciones extraordinarias, de obras de arte.

En estos momentos, ambas unidades tienen una carga de trabajo importante debido a la presidencia de turno de la UE que ostenta España, y que trae regularmente a ciudades españolas a altos dirigentes de países socios. Esas delegaciones son protegidas por personal de seguridad de sus países y por agentes españoles. Por ello, explican, encomendar más vigilancias y escolta a esta unidad supone «ponerla al 200% de su capacidad». 

El fantasma del asalto

El Gobierno de Pedro Sánchez sigue atrincherándose en su papel de víctima de las protestas ciudadanas contra la amnistía. Las mismas que se criminalizan desde el PSOE y a las que acusan de intentar tumbar la investidura, prevista para los días 15 y 16 de noviembre, agitando el fantasma de un asalto al Congreso.

El ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ya maneja las cifras del dispositivo policial sin precedentes con las que se va a blindar la Cámara Baja: 1.150 antidisturbios de la UIP, a los que se sumarán un número indeterminado aún de efectivos de otras unidades.

Esas cifran suponen el doble de lo que se utilizó para blindar a Sánchez durante la jura de la princesa Leonor el pasado mes de octubre e inferior al Rodea el Congreso impulsado por Podemos en 2012.

Blindaje sin precedentes

Blindaje sin precedentes al Congreso de los Diputados. Fuentes policiales explican a OKDIARIO que las cifras que maneja interior, con esos 1.150 agentes de la UIP, apenas tienen precedentes y superan con creces los supuestos riesgos previstos hasta el momento. Será, en la práctica, un ejército de antidisturbios desplegado por Marlaska en el Congreso para blindar la investidura de Sánchez.

De esos 1.150 agentes, que conforman una treintena de grupos UIP que no tienen que coincidir al mismo tiempo en las afueras del Congreso, algo menos de la mitad -medio millar- se están desplazando desde otras provincias como refuerzo a los efectivos con base en Madrid.

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