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El Rey Juan Carlos reclama 50.000 € a Revilla por calumnias: promete donarlos a Cáritas

El monarca emérito inicia acciones legales a través de la abogada del novio de Ayuso

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La abogada Guadalupe Sánchez Baena, en representación del Rey emérito Juan Carlos I, ha emitido este martes un comunicado anunciando acciones legales contra Miguel Ángel Revilla, ex diputado del Parlamento de Cantabria y ex presidente de esa comunidad autónoma, por una serie de declaraciones consideradas calumniosas e injuriosas realizadas entre mayo de 2022 y enero de 2025.

El comunicado, remitido desde el bufete Novalex Boutique Legal, detalla que el monarca ha encomendado a su representante legal emprender acciones civiles de protección al derecho al honor previstas en la legislación española contra el político cántabro, tras considerar que sus manifestaciones públicas vulneran el artículo 18.1 de la Constitución Española.

Según explica la letrada, que es la misma que representa al novio de Isabel Díaz Ayuso, antes de interponer la correspondiente demanda se ha formulado una solicitud de celebración de acto de conciliación ante los juzgados de primera instancia de Santander, en un intento de alcanzar un acuerdo que evite el litigio.

La reclamación incluye una indemnización por daños morales que asciende a 50.000 euros, cantidad que, según se especifica en el comunicado, será donada íntegramente a la Confederación oficial de entidades de acción caritativa y social de la Iglesia católica (Cáritas España).

Entre las declaraciones objeto de la demanda podrían encontrarse las realizadas por Revilla en octubre de 2024 en programas de televisión donde el político afirmó: «No le voy a dejar en paz hasta que no vuelva de allí con todo el dinero y no lo ponga a recaudo del patrimonio de España». En la misma intervención, Revilla calificó al monarca como «el malo» y aseguró que había «cometido las tropelías mayores».

La representante del Rey emérito solicita además una rectificación pública de las expresiones consideradas calumniosas e injuriosas en los mismos medios donde fueron vertidas.

Esta acción legal se produce en un momento de especial sensibilidad mediática tras la publicación por parte de OKDIARIO de conversaciones entre el Rey emérito y Bárbara Rey, que han reavivado la polémica sobre la figura del monarca.

Esta demanda representa un cambio de estrategia por parte del Rey emérito, quien hasta ahora había optado por mantener un perfil bajo ante las críticas públicas tras su traslado a Abu Dabi en agosto de 2020. Este caso podría sentar un precedente sobre los límites de la crítica política a la figura del Rey emérito, especialmente tras su abdicación en 2014, y el alcance de la protección constitucional al derecho al honor cuando se trata de figuras públicas.

De prosperar la demanda, será un tribunal de la jurisdicción civil quien determine si las declaraciones de Revilla constituyen un ataque al honor del monarca o si, por el contrario, están amparadas por la libertad de expresión y el derecho a la crítica política en una sociedad democrática.

Sin consultar a Felipe VI

La Casa Real, liderada por el Rey Felipe VI, se desvincula de esta iniciativa. Se trata de una iniciativa personal del monarca emérito a través de sus abogados privados, sobre la que la Casa no ha sido consultada. A sus 87 años el padre del actual Jefe del Estado mantiene una relación correcta con su hijo al que saluda cuando coinciden en actos públicos. No obstante, decisiones judiciales de calado como ir contra un ex presidente autonómico no ha sido consensuada entre ambos.

Bárbara Rey, Ángel Cristo, Juan Carlos I,
Ángel Cristo y Bárbara Rey. (Efe)

Audios comprometedores

OKDIARIO ha publicado audios exclusivos de conversaciones entre Bárbara Rey y Juan Carlos I que datan de los años 90, confirmando una relación extramatrimonial que era un «secreto a voces». En estas grabaciones, se escuchan términos cariñosos como «mi vida», «cariño» y «mi amor», y el entonces monarca compartía con la vedette asuntos de Estado y preocupaciones políticas, incluyendo conversaciones sobre Felipe González, el caso Roldán y amenazas republicanas.

Bárbara Rey finalmente admitió que extorsionó al Rey Juan Carlos I mediante grabaciones sistemáticas de sus encuentros. Aunque intentó minimizar la situación llamándolo «préstamo» en vez de «chantaje», la vedette declaró que «lo volvería a hacer». Inicialmente recibió 35 millones de pesetas, significativamente menos que lo acordado, lo que generó su descontento y llevó a nuevas amenazas.

Los servicios de inteligencia españoles (CESID, posteriormente CNI) intervinieron para silenciar a Bárbara Rey. Depositaron cantidades millonarias en una cuenta bancaria en Luxemburgo entre 1996 y 1997. La cuenta estaba registrada bajo una sociedad offshore llamada W.K. Dibiapur, permitiendo que las transacciones se realizaran mediante seudónimos para proteger la identidad de los involucrados.

En un audio, Bárbara Rey se jacta de «no tenerle miedo» al Rey durante una conversación con Santiago Arriazu, periodista que actuó como mediador entre la actriz y el CNI. Esta grabación ocurrió durante la negociación de un segundo chantaje por valor de 600 millones de pesetas, cuando Rey ya había gastado el dinero del primer pago y amenazaba con publicar material comprometedor.

En sus conversaciones, Bárbara Rey realizó afirmaciones contundentes contra Juan Carlos I, diciendo que «este tío nos ha estado engañando toda su vida» y presentándose casi como una heroína cuya misión era «quitar de en medio» a alguien que engañaba al pueblo español. Llegó a declarar que «le puede costar la Corona, le puede costar todo» y que no le tenía miedo.

A pesar de los pagos, la estrategia de silenciamiento fracasó porque Bárbara Rey había realizado múltiples copias de las grabaciones y documentos comprometedores, distribuyéndolas entre personas de su confianza, incluyendo a su hijo Ángel Cristo. Décadas después, estos audios y fotografías han salido a la luz en este periódico, provocando un terremoto mediático en España.

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