La reforma laboral de Sánchez pone en la diana 30.000 contratos de investigadores en pleno COVID

La reforma laboral acaba de dejar en jaque nada menos que 30.000 contratos de obra y servicio de personal investigador. No hay salida regulada para ellos y, en caso de no solventar el cortafuegos de la nueva norma laboral, irán a la calle todos los investigadores afectados en pleno época de Covid.

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, ha exigido ya al Gobierno que garantice la continuidad de los cerca de 30.000 contratos de obra y servicio de personal investigador que han quedado en jaque tras la entrada en vigor de la reforma laboral. El sindicato reclama que el Gobierno acuerde una solución transitoria para los afectados con toda la urgencia porque, en caso contrario, los investigadores irán a la calle y sus proyectos quedarán abandonados.

Los contratos de obra y servicio han sido utilizados de manera generalizada en la investigación a lo largo de décadas. La reforma laboral permite realizar nuevos contratos de este tipo hasta el 30 de marzo de 2022, pero con una duración máxima de seis meses. A partir de esta fecha quedarían bloqueados los proyectos de investigación.

Pese a ello, aún puede haber una solución, como destaca el sindicato: la reforma laboral está aún pendiente de adaptación a la Ley de la Ciencia, que aún tiene por delante varios meses de tramitación parlamentaria. Es decir, que una salvedad incluida en esta segunda ley podría salvar a los 30.000 proyectos y sus correspondientes investigadores de su muerte.

Sin solución concreta

El ministro de Universidades, Joan Subirats, se ha comprometido ante CSIF a buscar una solución: una autorización de Hacienda para convertir en indefinidos estos contratos hasta la entrada en vigor de la Ley de la Ciencia. Pese a ello, por el momento, el Gobierno no ha concretado un solución específica para los afectados, que siguen esperando una solución.

El sindicato CSIF obtuvo ya previamente el compromiso por parte del Ministerio de Función Pública de que el Gobierno diseñaría la carrera profesional para el personal técnico y de gestión de Ciencia. “Creemos que el compromiso adquirido por la Administración se debe concretar en un proceso negociador de manera urgente”, añaden desde el sindicato.

El anteproyecto mejora, por otra parte, aspectos fundamentales en las relaciones laborales, como la introducción del derecho a indemnización como consecuencia de la finalización de todos los tipos de contrato. Además, la Administración ha accedido a extender las indemnizaciones con carácter retroactivo, es decir a todos los contratos que estén vigentes a la entrada en vigor de la nueva Ley.

Pero, en todo caso, CSIF considera que “estas mejoras deben de ir unidas a una financiación adecuada de las líneas y proyectos de investigación para garantizar la estabilidad laboral en la ciencia y que primen los contratos indefinidos frente a los fijos discontinuos”. Y, sobre todo, de la solución para los 30.000 proyectos y sus investigadores que pueden irse a la calle.