Los rectores de las universidades públicas catalanas salen en defensa de Puigdemont

Los rectores de las universidades públicas catalanas han demostrado una vez más su carácter netamente politizado y sometido a la Generalitat separatista. La Asociación Catalana de Universidades Públicas (ACUP) ha emitido un comunicado que recoge su presencia en Barcelona, Gerona, Tarragona y Lérida, en el que piden la paralización de las acciones judiciales contra el prófugo de la Justicia Puigdemont.

El texto del comunicado señala: “El presidente Carles Puigdemont fue detenido en el Alguer en aplicación de la euroorden dictada por el Tribunal Supremo de España. Sin embargo, a raíz de la presentación por el mismo Tribunal Supremo de unas cuestiones prejudiciales al Tribunal de Justicia de la Unión Europea, la vigencia de esta euroorden está en cuestión”. Ni siquiera se atreven a afirmar que esa euroorden esté suspendida, pese a lo cual piden que se dé a Puigdemont el trato que no se daría a ningún otro en un Estado de derecho.

“Los rectores y la rectora de las universidades públicas catalanas consideramos que la situación provocada por esta detención genera una gran inseguridad jurídica”, afirman.

“Como universidades del sistema público tenemos el compromiso, recogido en nuestros estatutos y en nuestra tradición histórica, de velar por los valores democráticos, los derechos fundamentales y las libertades públicas que caracterizan el espacio europeo al que pertenecemos”. Y, con ese argumento, aseguran que Puigdemont debe estar por encima del trato que en cualquier democracia se da al resto de ciudadanos.

El documento prosigue así: “Las universidades somos y seremos firmes defensoras de la deliberación y el diálogo como herramienta para la resolución de los conflictos políticos. Es por ello que instamos al esclarecimiento de la situación que llevó a la detención de ayer y expresamos nuestra satisfacción por la liberación del presidente, ahora eurodiputado, Carles Puigdemont”. Es decir, que tienen dudas, según su versión, de la validez de la detención, pero celebran su “liberación”.

Se trata de los mismos rectores que ya el pasado 21 de junio dieron muestras adicionales de su forma de entender la separación de poderes en una democracia. En aquella ocasión cargaron contra el Tribunal de Cuentas por llevar a cabo su función. En aquella fecha emitieron otro comunicado: “Los rectores y rectora de las universidades públicas catalanas, los presidentes y presidentas de los Consejos Sociales y los miembros de la Junta Directiva de la Asociación Catalana de Entidades de Investigación queremos mostrar nuestra preocupación por la situación en que se encuentran varios miembros de la comunidad universitaria y científica, investigados por el Tribunal de Cuentas por sus responsabilidades políticas en materia de acción exterior durante los gobiernos de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y el 2017”.

En ese mes de junio también pedían que sus compañeros tuvieran un trato por encima de la ley: “Consideramos que este tipo de actuaciones minusvaloran el derecho a la presunción de inocencia de todo ciudadano, al no determinarse la responsabilidad individual antes de que se generen medidas punitivas de gran alcance como el embargo de bienes”. El Tribunal de Cuentas aplica las mismas medidas en todas sus investigaciones y nunca antes les había parecido extraño el sistema a los rectores.

“Manifestamos firmemente nuestro apoyo y solidaridad, a las puertas de unas citas que pueden suponer la imposición de fianzas millonarias, a todas las personas afectadas ya sus familias por el difícil momento que deben afrontar”, añadían. El respaldo se lo daban a quienes habían tenido responsabilidades políticas en materia de acción exterior durante los gobiernos de la Generalitat de Cataluña entre 2011 y el 2017. Es decir, durante los años investigados por la presunta utilización de fondos públicos para construir un aparato de representación exterior ilegal.

El comunicado continuaba señalando: “Asimismo, reiteramos nuestra confianza en que el diálogo permita superar esta etapa para dar paso a un tiempo de entendimiento desde el firme convencimiento de que la judicialización de la política nos aleja de la solución del conflicto”. Es decir, de nuevo, piden que la aplicación de la Justicia no les llegue a los suyos.

“Consideramos que estamos ante una situación que provoca gran sufrimiento e indefensión y nos reafirmamos en la convicción de que este problema, que es político, debería resolverse en el ámbito de la política y no en el de los tribunales”. Toda una demostración de entendimiento del artículo 14 de la Constitución: “Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social”.