Crisis migratoria

¿Qué pasa en Canarias? Las claves de la crisis migratoria que desborda al Gobierno

hana Jalloul
Un agente de la Agencia Europea de Fronteras y Costas FRONTEX, camina junto a varios inmigrantes en el muelle de Arguineguín. (Foto: EFE/ Elvira Urquijo A.)
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

La crisis por la masiva llegada de inmigrantes que se vive en Canarias ha desbordado las previsiones del Gobierno y ha revelado la absoluta falta de coordinación entre ministerios. A la llegada masiva de pateras -que viene siendo constante desde principios de año- se une la situación de insalubridad de los ilegales en el muelle de Arguineguín (Gran Canaria) y la polémica provocada por la decisión de Interior de abandonar a 227 a su suerte en las calles de la localidad, al no haber sitio en este campamento. Un motivo que ha provocado las peticiones de dimisión por parte de la oposición.

1. ¿Cuántos inmigrantes han llegado a Canarias? 

Según datos del Ministerio del Interior, 17.000 inmigrantes ilegales han llegado en lo que va de año a las Islas Canarias, lo que representa un incremento del 1.020% con respecto al mismo periodo del año pasado. La llegada de pateras es constante, sin que desde el Gobierno se haya reaccionado. La crisis de la inmigración ha revelado además los desacuerdos entre los departamentos implicados: Interior, Defensa, Migraciones y Exteriores.

Los inmigrantes llegados a Gran Canaria son conducidos al muelle de Arguineguín, donde son alojados en un campamento improvisado que tiene capacidad para unas 400 personas. Sin embargo, se han hacinado hasta 2.000. Como publicó OKDIARIO, ante esta situación, el Gobierno decidió derivar a los ilegales a hoteles, con un coste de unos 150.000 euros diarios.

2. ¿Qué pasa con los inmigrantes que llegan?

Cuando los inmigrantes llegan a territorio nacional, la ley establece que hay un plazo máximo de 72 horas para realizar la reseña policial. En ese tiempo, los agentes obtienen su filiación y comprueban si sus huellas están en alguna base de datos nacional o internacional.

Un trámite que se practica en los Centro de Acogida Temporal (CATE) de inmigrantes, donde Cruz Roja presta una primera asistencia humanitaria para comprobar las condiciones de salud en las que llegan estas personas. En el contexto actual de la pandemia, es en este lugar donde les hacen las PCR.

En el caso de la isla de Gran Canaria, Salvamento Marítimo conduce a los migrantes rescatados en el mar al muelle de Arguineguín, donde el pasado agosto se levantó un campamento de emergencia provisional con capacidad para 400 personas y que desde hace algunos días hacina a más de dos millares.

Toda llegada irregular implica la apertura de un expediente de expulsión del país que concluye con la repatriación de esa persona, que en todo momento tiene la posibilidad de expresar su voluntad de reclamar protección internacional y solicitar asilo.

A raíz de las condiciones en las que se encuentran los inmigrantes en las islas, el Colegio de Abogados de Las Palmas ha presentado una queja formal ante el Defensor del Pueblo para denunciar la falta de garantías en la asistencia jurídica que prestan a estas personas, que muchas veces desconocen sus derechos y ni siquiera saben que pueden pedir asilo.

Mientras se resuelve esa solicitud de asilo, el inmigrante no puede ser expulsado y tiene la posibilidad de acceder a plazas de acogida específicas del sistema de protección internacional, cuya gestión depende del Ministerio de Inclusión y Migraciones.

Si se resuelve en sentido positivo y se concede la protección internacional, esa personas puede quedarse de forma legal en España.

En el caso de no admitir a trámite esa solicitud o denegarse la protección, se tramita el expediente sancionador en el que se propone la expulsión del territorio español, lo que supone que finalmente hay una orden de expulsión validada por un juez.

Mientras se tramita ese expediente, el inmigrante ingresa en un Centro de internamiento de extranjeros (CIE), donde el plazo máximo de estancia es de 60 días, aunque las ONG denuncian que muchas veces el tiempo de estancia es superior al legal.

Si no hay perspectiva real de retorno, no se ingresa en un CIE. Por eso, debido al cierre de fronteras durante la pandemia, los internamientos en estos centros fueron cesando. Después del verano, cuando comenzó a recuperarse la capacidad de retorno, empezaron a reabrir, como el que hay en Barranco Seco, en Las Palmas.

3. ¿Qué soluciones ha propuesto el Gobierno?

El ministro de Migraciones, José Luis Escrivá, anunció el viernes que se habilitarán de urgencia campamentos con 7.000 plazas en las islas de Gran Canaria, Tenerife y Fuerteventura para poder acoger a los inmigrantes que están llegando a las islas y, de forma paralela, trabajará para dotar otras 7.000 plazas más estables en el interior de inmuebles.

No obstante, el Gobierno de Canarias insiste en que no puede hacerse cargo «al 100%» de los inmigrantes que llegan a las islas y exige que se deriven a otras comunidades autónomas. El Ejecutivo (socialista) canario está desbordado y crítico con la actuación del Ejecutivo.

Por su parte, el ministro del Interior -cuya gestión está siendo muy criticada- se reunió el viernes en Marruecos con su homólogo marroquí, para estudiar medidas conjuntas, que no han trascendido.

4. ¿Por qué la polémica con Interior? 

El pasado 17 de noviembre, el ministro del Interior permitió que 227 ilegales saliesen del campamento de Arguineguín y deambulasen por las calles sin tener un lugar para alojarse. Finalmente, tuvieron que ser derivados a la Delegación del Gobierno, por indicación de la alcaldesa de Mogán. La oposición ha pedido la dimisión del ministro, algo que Marlaska rechaza.

5. ¿Cuáles son las tensiones en el Ejecutivo?

La crisis con la llegada de inmigrantes a Canarias ha revelado, una vez más, las tensiones entre los socios de Gobierno. Tanto así, que desde Podemos se ha llegado incluso a pedir la dimisión de Grande-Marlaska por la salida de los inmigrantes del campamento de Arguineguín, sin tener un lugar al que acudir.

Desde Podemos Canarias se calificó de «profundamente decepcionante» que un ministro de un Gobierno progresista «juegue de esta forma con la dignidad de las personas migrantes» y se consideró una «deslealtad por parte del Estado» dejar a los ilegales a su suerte.

Mientras, el propio Pablo Iglesias ha incluido en el debate el contencioso de Marruecos con el Sáhara, una cuestión más que delicada en plena crisis, y exige un referéndum inmediato para la «libre autodeterminación» del pueblo saharaui.

Las tensiones, más que evidentes, han provocado choques como el protagonizado la pasada semana entre la ministra de Defensa, Margarita Robles, y la secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra. Robles llamó a la «responsabilidad» a los de Podemos y recordó que el presidente del Gobierno es Pedro Sánchez «y eso nadie debería olvidarlo, incluso dentro del Gobierno». Belarra acusó a Robles de «ser la ministra favorita de los poderes que quieren que gobierne el PP con Vox». «Quizás estés haciendo daño a tu Gobierno», aseveró, en un mensaje en Twitter. 

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