¿Qué es el ‘lawfare’? Significado y por qué la izquierda lo usa en la imputación de Zapatero

El término lawfare ha vuelto a ocupar el centro del debate político y mediático en la izquierda tras la imputación del ex presidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por presuntos delitos de blanqueo de capitales, tráfico de influencias, falsedad documental y pertenencia a organización criminal.

La palabra lawfare, de forma general, se utiliza para describir el supuesto uso estratégico de procedimientos judiciales, tribunales o investigaciones legales con fines políticos, especialmente para desacreditar, desgastar o apartar a adversarios públicos.

El concepto comenzó a popularizarse en América Latina durante la última década, sobre todo en contextos políticos muy polarizados. Diversos líderes y partidos denunciaron que determinadas investigaciones judiciales no respondían únicamente a criterios legales, sino también a intereses políticos, mediáticos o económicos destinados a destruir la imagen de ciertos dirigentes.

En ese contexto, el término ha sido utilizado por gobiernos, partidos y movimientos ideológicos de distintas tendencias para denunciar lo que consideran una instrumentalización de la justicia.

¿Por qué la izquierda la usa con Zapatero?

Después de conocerse la imputación del ex presidente socialista, partidos de la izquierda como Sumar y Podemos calificaron el hecho como una maniobra de «persecución judicial» o de «guerra sucia». Por su parte, figuras políticas como Oriol Junqueras afirmaron tener «dudas» sobre el origen de la acusación, sugiriendo un uso político de la justicia para desgastar a la izquierda.

Estos partidos, que aseguran que Zapatero está sufriendo una «persecución», argumentan que se ha convertido en el principal objetivo político de los sectores conservadores debido a su papel en la política reciente. El ex presidente ha ejercido como un mediador fundamental para articular los pactos parlamentarios con los partidos independentistas y consolidar el bloque progresista.

Sin embargo, esta vinculación con el lawfare se ha ido diluyendo tras la lectura detallada del auto del juez de la Audiencia Nacional. Al analizar los indicios económicos concretos y la solidez del texto judicial, la mayoría de los socios parlamentarios del Gobierno han rebajado sus acusaciones de persecución. Portavoces de partidos como Esquerra Republicana de Cataluña (ERC), Izquierda Unida o Compromís han sustituido la denuncia de «guerra jurídica» por llamamientos a la prudencia, admitiendo que los hechos investigados revisten gravedad y deben ser esclarecidos por los tribunales.