El PSOE no se atreve a tumbar la cuestión de confianza de Junts para seguir negociando con Puigdemont

La Mesa del Congreso, controlada por PSOE y Sumar, ha pospuesto la decisión sobre la admisión a trámite de la proposición no de ley (PNL) con la que Junts pretendía que la Cámara Baja debatiera y se pronunciara sobre emplazar al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, a someterse a una cuestión de confianza. Este aplazamiento, el segundo ya, se ha producido tras las negociaciones hasta última hora de los socialistas con los independentistas para que «reformularan» el texto, y después de la presión interna del grupo plurinacional de Sumar, donde fuerzas como Compromís abogaban por votar a favor de la calificación de esta PNL, sin carácter vinculante alguno. El PP, sin embargo, se había mostrado a favor de la admisión.

Fuentes de la Presidencia del Congreso que ostenta Francina Armengol (PSOE) han avanzado esta decisión de la Mesa con el argumento de que «no hay prisa» para tramitar esta iniciativa. Además, las mismas fuentes han señalado que ello «no ha generado un conflicto con el grupo parlamentario de Junts» cuando se le ha comunicado, antes de que empezara formalmente la reunión del órgano de Gobierno de la Cámara, convocada para las 11:30 horas de este jueves. Antes del inicio, Gerardo Pisarello, diputado de Sumar y secretario primero del Congreso, abogó por «adaptar la iniciativa al Reglamento», es decir, por una reformulación.

Los de Carles Puigdemont registraron este texto el pasado 9 de diciembre, pero el PSOE y Sumar hicieron uso de su mayoría en el órgano rector de la Cámara el pasado 17 de diciembre para posponer por primera vez la decisión sobre la tramitación de dicha proposición no de ley.

Los socialcomunistas esgrimieron entonces que no era un asunto que requiriese «premura» así se daban más tiempo para analizar el informe de los servicios jurídicos del Congreso, lo que permitía a los de Sánchez ganar días en el calendario para tratar de negociar alguna componenda con Junts y evitar así un choque frontal en este asunto.

En estas semanas, según fuentes parlamentarias, la presidenta de la Cámara Baja, Francina Armengol, no pidió a los letrados del Congreso ningún informe de ampliación de lo que ya anotaron para la Mesa del pasado 17 de diciembre, cuando no plantearon objeciones para el rechazo de la PNL, pero dejaron también la puerta abierta a que fuera inadmitida su calificación.

De hecho, los servicios jurídicos de la Cámara Baja señalaron en su escrito que «podría la Mesa inadmitir a trámite la proposición no de ley de referencia, teniendo en cuenta que, si bien como órgano de gobierno debe velar por los derechos fundamentales de los diputados y de los grupos parlamentarios, también le es propia, desde la posición que ocupa, una función de salvaguarda del principio de lealtad institucional que ha de presidir las relaciones entre órganos constitucionales, como garantía del buen funcionamiento del sistema parlamentario». El informe no llevó membrete ni firma de la Secretaría General que dirige el letrado mayor, Fernando Galindo, ex alto cargo del Gobierno de Pedro Sánchez. Sólo aparecía el logo del Congreso de los Diputados.

Además, se advertía de esta iniciativa en caso de llegar el Pleno y salir aprobada «carecerá de impacto jurídico alguno en la relación de confianza existente entre el Poder Legislativo y el Ejecutivo». Cabe recordar que según la normativa vigente sólo corresponde al presidente del Gobierno la potestad para presentar una cuestión de confianza. En concreto, esta prerrogativa se recoge en el artículo 172 de la Constitución, que determina que, previa deliberación del Consejo de Ministros, el jefe del Ejecutivo puede plantear ante el Congreso de los Diputados la cuestión de confianza sobre su programa o sobre una declaración de política general. El Congreso debate este tipo de iniciativa en un formato similar a la investidura, con votación de los diputados.

El precedente de 2013

El informe de los servicios jurídicos indicó también que «no habiendo precedentes de proposiciones no de ley similares a la que ahora nos ocupa, corresponde a la Mesa fijar un criterio, que probablemente servirá como referencia para la decisión en torno a la admisión a trámite de otras iniciativas de control en el futuro». El precedente que más se asemeja a esta situación, según fuentes parlamentarias, se remonta al año 2013, cuando el PSOE registró una iniciativa socialista de petición de responsabilidades políticas a Mariano Rajoy pero la Mesa la rechazó en base al criterio de los letrados, que argumentaron que se trataba de una «moción de censura encubierta».

En la exposición de motivos de la PNL de los de Carles Puigdemont -quien este jueves se reúne con el líder de ERC, Oriol Junqueras, en Bruselas y al día siguiente con la cúpula de Junts-, se dice que pasado más de un año los secesionistas han constatado «la falta de voluntad política» de Sánchez para hacer efectivos los acuerdos de investidura.