PSOE y Podemos ponen a los ginecólogos en la diana de la Ley de Violencia de Género

El texto acordado entre Podemos y PSOE para la reforma de la normativa de la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid pone en el punto de mira a los ginecólogos y resto de personal sanitario al incluir como tal la «violencia obstétrica». Esto es, las prácticas médicas durante la atención del embarazo y, sobre todo, en el parto.

El texto, al que ha tenido acceso OKDIARIO, también propone penar «cualquier forma de violencia que lesione o sea susceptible de lesionar la dignidad, la integridad o la libertad de las mujeres que se halle prevista en los tratados internacionales, en el Código Penal o en la normativa estatal», y recoge, por ejemplo, la «violencia en las redes sociales o el ciberespacio» o la «violencia contra los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres», en relación al aborto, o «contra la identidad sexual». PP y Ciudadanos avanzan que votarán en contra. 

La llamada ‘violencia obstétrica’ es un concepto impulsado desde colectivos feministas, que hace referencia a las supuestas prácticas «agresivas» durante embarazos y partos, en las que incluyen por ejemplo, las cesáreas (denuncian su abuso), los partos intervenidos o distintas medicaciones.

«Sistema sanitario machista»

Desde algunos colectivos, como ‘El parto es nuestro’, denuncian que «si comparamos las cifras de cesáreas, episiotomías, inducciones, etc con las recomendaciones propuestas por la OMS vemos que en España todavía se realizan intervenciones que, presumiblemente, eran innecesarias. ¿Cómo si no explicamos que en España se nazca en horario laboral?». La asociación critica el «trato deshumanizado» en los hospitales y «resultado de valorar a la mujer como un objeto portador, de una medicina androcéntrica y de un sistema sanitario  que reproduce estructuras machistas. Es, por tanto, violencia de género», concluyen.

La Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia respondió, a esas quejas, que, pese a que «entiende la libertad de expresión y pensamiento filosófico sobre cualquier tema inherente a la especialidad bajo ningún concepto ni criterio se puede sentir aludida por términos como violencia obstétrica, dado que vigila constantemente la buena praxis de sus asociados, tiene datos epidemiológicos de los resultados, de la evolución satisfactoria y disminuida de la morbimortalidad perinatal en este caso, y contrasta en encuentros científicos de primer nivel nuestras conclusiones para ser incorporadas  a la bibliografía actualizada, único argumento de nuestra continuidad y ejemplo para ponerla al servicio de nuestras autoridades sanitarias».

Los expertos rebaten la acusación de un ‘trato deshumanizado’:
«Consideramos todo lo contrario el abandono y dejación de nuestra responsabilidad médica y de procedimientos científicos por no ponerlos a disposición de la madre y del feto durante el transcurso gestacional y el trascendente y determinante periodo del parto», zanjan.

En octubre de 2016, a propuesta del Grupo Parlamentario de Podemos, el conjunto de grupos parlamentarios de la Asamblea de Madrid aprobó por unanimidad una propuesta de reforma de la Ley 5/2005 contra la Violencia de Género en la Comunidad de Madrid.

Esa reforma buscaba, según informó Podemos, «adaptar las definiciones y formas de violencia de género, violencia machista contempladas a en dicha Ley a los requisitos internacionales».

Durante más de un año, los grupos han presentado y negociado sus enmiendas, sobre todo centradas en el artículo 2, en el que se define la violencia contra las mujeres, sus manifestaciones y sus delimitaciones.

Este miércoles, la Mesa de la Comisión de la Mujer se ha reunido para decidir si la reforma puede seguir su curso para su debate y aprobación en Pleno. Tanto Ciudadanos como PP no se han posicionado a favor ya que la formación ‘naranja’ pidió un informe a los letrados de la Cámara regional que estima que el texto final «induce a confusión».

C’s: «Una chapuza legislativa» 

Según Ciudadanos, Podemos ha intentado reformar otros artículos, no solo el 2 de esta normativa y creen que se trata de una «chapuza legislativa».

«Podemos se queda sin tiempo y pretende llevar a la Comisión el texto sin acuerdo de la ponencia y sin consenso por parte de los Grupos parlamentarios. Clara Serra, presidenta de la misma, paralizó la reforma durante 3 meses cuando fue nombrada portavoz parlamentaria de su partido. Podemos ha tirado por tierra el intento de reformar por consenso la Ley contra la Violencia de Género de la Comunidad de Madrid», ha criticado el partido de Albert Rivera.

De hecho, el texto final propuesto por Podemos y PSOE, según el informe jurídico solicitado por Ciudadanos el viernes 22 de febrero, «induce a confusión», lo que, a juicio de la formación ‘naranja’, puede provocar «inseguridad jurídica a las víctimas».

El informe jurídico, al que ha tenido acceso Europa Press, determina además que al legislar la Asamblea sobre violencia de género «lo esta haciendo sobre un ámbito competencial diferente al estatal pues sus competencias son de complemento o colaboración con la legislación internacional de la Unión Europea».

«Esta es, probablemente, la mayor chapuza legislativa que ha perpetrado Podemos en toda la legislatura. No solo se auto rectificaron con nada menos que medio centenar de enmiendas, sino que han paralizado la ponencia durante 3 meses sin ninguna justificación. Mientras Ciudadanos esté presente en la Cámara Regional, no vamos a dejar que salgan adelante leyes sin ningún tipo de rigor y que, además, vayan en contra de la protección y asistencia de las mujeres de la Comunidad de Madrid», han asegurado fuentes del partido ‘naranja’.

Por su parte, desde el PP han señalado a Europa Press que tanto la Ley regional como la estatal están «bien como están», que se pueden hacer algunos cambios pero no «una reforma integral» porque no se puede «a nivel legislativo legislar sobre un concepto que el Código Penal no lo recoge».

«Podemos quería hacer todo deprisa y corriendo y lo que quiere es blanquear su imagen», han criticado, al tiempo que han indicado que están de acuerdo con el informe de los letrados que pidió Ciudadanos.