El PSOE vota en contra de un informe de la UE que denuncia la exclusión del castellano en Cataluña

La vicesecretaria general y portavoz del PSOE de Castilla-La Mancha, Cristina Maestre, quien también es eurodiputada del grupo socialista, ha votado en contra de un informe de la Unión Europea por el bilingüismo, el acatamiento de las sentencias y contra la discriminación del castellano en las escuelas catalanas. Así ocurrió este martes durante una votación en el Europarlamento donde Maestre decidió rechazar este proyecto comunitario que se realizó el pasado 20 de diciembre en Cataluña.

Concretamente, el dossier expuso que la misión de la UE tenía como objetivo «evaluar in situ el modelo de inmersión lingüística en Cataluña, su impacto en las familias que se desplazan y residen en la región así como sobre el multilingüismo y la no discriminación y el principio del Estado de derecho».

«El objetivo de esta visita de investigación, tal como establece el artículo 228.1 del Reglamento, era investigar los reclamos hechos en las peticiones, establecer hechos, buscar soluciones, reunirse con peticionarios de las peticiones 0858/2017, 0650/2022 y 0826/2022 sobre el terreno, y establecer un diálogo con las autoridades regionales para obtener una mejor visión de diversos aspectos relacionados con la Modelo de inmersión lingüística en Cataluña. La misión ha permitido al Comité obtener una Mejor comprensión del impacto del modelo en las familias que se mudan y residen en la región.
así como sobre multilingüismo, no discriminación y cumplimiento de las normas internacionales y de las leyes de la UE», reza el documento.

En él, los expertos del órgano supranacional realizan varias recomendaciones a modo de conclusiones después de analizar la problemática de Cataluña en torno a la inmersión lingüística.

En dichas deducciones recuerdan que «el derecho a recibir una educación en español está consagrado en la Constitución Española en su artículo 3» y consideran que «el sistema educativo catalán debería dar el mismo trato al resto de españoles». Asimismo expresan que el sistema educativo en Cataluña «debe adoptar las medidas necesarias para compensar las deficiencias en cualquiera de las lenguas declaradas por el Gobierno español».

Además señalan que el respeto de la diversidad lingüística y cultural es una de las piedras angulares de la UE consagrado en el artículo 3 del Tratado de la Unión Europea y «cualquier discriminación basada en el idioma está expresamente prohibida en virtud del artículo 21 de la Carta de los Derecho Fundamentales de la Unión. Asimismo piden que las autoridades regionales y nacionales competentes garanticen que los niños no sean discriminados por razón de su idioma y consideran que el sistema educativo debe tener en cuenta el interés superior del niño.

El informe de la UE también defiende la no discriminación solicitando expresamente que las autoridades regionales de Cataluña adopten medidas legales o administrativas para «garantizar que la comunicación de la administración pública educativa, incluídos los centros educativos, se realizan tanto en castellano como en catalán, de oficio, y sin necesidad de que los estudiantes o las familias lo soliciten».

En este sentido, sugiere a «las autoridades españolas» que vigilen en Cataluña los estándares mínimos para «un contenido equilibrado de enseñanza de idiomas». Además recomiendan que, «para evitar tensiones y controversias políticas», se lleve a cabo un «análisis independiente» de la igualdad de trato de las lenguas cooficiales en la educación, llevado a cabo por expertos independientes, con el objetivo de proporcionar recomendaciones a los legisladores y las partes interesadas.

Es especialmente revelador uno de los puntos donde la Unión Europea señala la sentencia de 16 de diciembre de 2020, dictada por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña sobre la obligación de garantizar el 25% de la docencia en Castellano. «Actualmente esta sentencia no es aplicada por la administración regional», dicen y recuerdan que «el respeto al Estado de derecho es «una de las piedras angulares de la UE». Sobre este tema expresan su preocupación por el hecho de que los ciudadanos, debido a la falta de acción de la administración para implementar esta sentencia judicial, tienen que buscar reparación judicial por sus propios medios.

No sólo eso, sino que desde Bruselas manifiestan su preocupación por «la exclusión, controversias y reacciones del público» en relación a la confrontación de las lenguas «provocando en la sociedad catalana casos de exclusión social, intimidación y bullying contra niños y padres». En este sentido condenan cualquier forma de discurso de odio y solicitan a las autoridades regionales que «vigilen de cerca este comportamiento inaceptable».