Acuerdo en Navarra

El PSOE da a Podemos la Justicia navarra: proponen arrebatar a la Audiencia el control de los etarras

El PSOE da a Podemos la Justicia navarra: proponen arrebatar a la Audiencia el control de los etarras
María Chivite, presidenta de Navarra.

Podemos controlará la consejería de Políticas Migratorias y Justicia tras el acuerdo de Gobierno para la investidura de la socialista María Chivite.

Los socialistas se reparten el Gobierno de Navarra con Geroa Bai y Podemos

El acuerdo de Gobierno cerrado este viernes en Navarra para la investidura de la socialista María Chivite otorga la consejería de Políticas Migratorias y Justicia a Podemos, formación que, en la Comunidad Foral, defiende quitar competencias a la Audiencia Nacional en lo relativo a los presos de ETA para cedérselas a los jueces navarros.

Las atribuciones que gestionará Podemos son más bien simbólicas, porque se trata de competencias nacionales. No obstante, las propuestas de Podemos Navarra-Ahal Dugu son significativas para darse una idea de su perfil.

En su ‘Documento Político Horizonte 2019-2020’ proponen, por ejemplo, "que la jurisdicción de vigilancia penitenciaria sea devuelta al ámbito del juez natural predeterminado por la ley. Su centralización en la Audiencia Nacional representó en su día una expresión de la excepcionalidad, cuya reversión resulta hoy tan oportuna como factible".

También piden que los etarras cumplan su condena en cárceles próximas a sus lugares de origen y que la Administración "facilite la aplicación de las normas legales que prevén la excarcelación, con las cautelas que sean necesarias, de los internos que padezcan enfermedades graves e incurables, sin exigir para ello, porque no lo exige la ley, que el desenlace de esa enfermedad sea más o menos inminente".

En opinión del partido, "la política penitenciaria ha estado y está hasta la actualidad supeditada a la política antiterrorista", algo que consideran "insostenible" años "después del fin de la actividad criminal de ETA".

"Más aún, no podemos olvidar que se han amparado prácticas contrarias a los derechos humanos o que han incrementado injustificadamente el sufrimiento de los familiares de las personas condenadas por delitos de terrorismo", añaden. Por eso, opinan que "sin duda alguna, es el momento de cambiar la orientación vengativa de la política penitenciaria y convertirla en una herramienta de una política de convivencia".

"Justicia restaurativa"

En su programa para las elecciones del 26 de mayo, el partido proponía "impulsar en la medida de las competencias de la Comunidad Foral de Navarra programas de reinserción social de las personas presas por delitos vinculados al terrorismo de ETA a través de la justicia restaurativa en la que el victimario repara el daño causado a la víctima a través de una sincera revisión crítica de su pasado y el reconocimiento de lo injusto de ese daño. Se garantizará que se observan los compromisos adquiridos con las personas presas que se sumaron a la Vía 17 Nanclares", concluye el partido.

Las propuestas no figuran como tal en el acuerdo de medidas para la formación del Gobierno navarro, donde sí reclamam, por ejemplo, "ir asumiendo progresivamente competencias en el funcionamiento de los centros y en diagnóstico, clasificación, diseño y ejecución de programas de tratamiento a medio largo plazo". Además, afirman que se estudiará dentro del Departamento de Justicia "la creación de una Oficina de Ejecución Penal, que gestione penas y medidas no privativas de libertad, así como la coordinación de la Red de Reinserción para personas reclusas en semilibertad y libertad condicional".

También prevén "reforzar la oficina de atención a las víctimas a fin de asegurar el conocimiento de los derechos derivados del Estatuto de la Víctima".

En este contexto, el partido apoyó la denominada Ley de abusos policiales, aprobada por el cuatripartito de Geroa Bai, Bildu, Podemos Izquierda-Ezquerra más el apoyo del PSN y ahora recurrida ante el Constitucional por PP, Ciudadanos y Vox, y que equipara a víctimas y verdugos.

La ley recoge la creación de una comisión de reparación –nombrada por el Gobierno foral y el Parlamento, con participación de asociaciones de distinto tipo- y facultada para declarar la condición de ‘víctima’ y acordar medidas de reparación.

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