El PSOE critica ahora la ley del jurado para juzgar a Begoña Gómez que aprobó hace 30 años

El Gobierno del socialista Pedro Sánchez cargó este miércoles contra la decisión del juez Juan Carlos Peinado de que Begoña Gómez, la mujer del jefe del Ejecutivo, sea juzgada por un jurado en caso de que se le abra juicio oral por un delito de malversación. Diferentes ministros y también Ferraz arremetieron contra la resolución, pese a que fue precisamente el Gobierno del PSOE, bajo mandato de Felipe González, el que aprobó la ley del Tribunal del Jurado hace ahora 30 años.

«Surrealista, se explica por sí solo», afirmó este miércoles la portavoz del Ejecutivo, Pilar Alegría, en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso. La titular de Educación y diputada por Zaragoza obvió así que fue un ministro socialista, también de Aragón, quien llevó los trabajos para la aprobación de la ley del Tribunal del Jurado en 1995. Se trata de Juan Alberto Belloch, responsable del Ministerio de Justicia entre 1993 y 1996.

«La ley parte de que el Estado democrático se caracteriza por la participación del ciudadano en los asuntos públicos, y no hay razón alguna para excluirlos de impartir justicia», defendió Belloch.

Quien ostenta ahora su antigua cartera, el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, también reprobó este miércoles la decisión del juez Peinado, señalando que «sin duda un tribunal imparcial pondrá las cosas en su sitio». Junto a ello, confió en que se corrija en el sistema de recursos, que es «muy garantista» en España, subrayó Bolaños.

El titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid ha incluido también en este procedimiento con jurado -aunque el fallo final depende del tribunal- a Cristina Álvarez, asistente de Begoña Gómez en Moncloa, y Francisco Martín, actual delegado del Gobierno en Madrid y anteriormente responsable jerárquico de Álvarez en el organigrama de Presidencia.

Los tres están acusados de la comisión de un presunto delito de malversación de caudales públicos por usar el cargo de asistente para los negocios privados de la mujer del presidente del Gobierno. El propio Martín se mostró convencido este miércoles de que «este procedimiento quedará en absolutamente nada porque no hay absolutamente nada».

Burlas del Gobierno

Asimismo, la ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, cargó contra Peinado al pedir, en tono de burla, que llame «a los de la calle Ferraz para el jurado popular», en referencia a los manifestantes contra el PSOE y el Gobierno que se congregaron durante meses frente a la sede socialista para denunciar la ley de amnistía y otros casos de corrupción del Ejecutivo socialcomunista.

En la misma línea se pronunció el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, juez en situación de servicios especiales. «Me gustaría hablar de cosas serias», contestó en los pasillos de la Cámara baja al ser interrogado sobre la orden de Peinado.

También arremetieron contra la decisión de Peinado otros cargos socialistas como el presidente de la Junta de Castilla-La Mancha y líder del PSOE en esta comunidad, Emiliano García-Page, que manifestó que si el caso de Begoña Gómez se dirime con un jurado «se traduce en un aroma más a juicio político que a juicio legal».

No obstante, existen distintos precedentes de políticos que han sido juzgados mediante la participación de un jurado, como ocurrió con la ex presidenta balear María Antonia Munar, el ex presidente valenciano Francisco Camps o el alcalde de Badalona, Xavier García Albiol. Estos dos últimos resultaron absueltos.

Por su parte, desde Ferraz criticaron la instrucción del juez, diciendo que este asunto se conocerá en el futuro como «el caso Peinado» y quedará como un caso de estudio «en negativo» para los estudiantes de Derecho.

Para la dirección socialista, la decisión de Peinado de que Begoña Gómez sea juzgada -siempre que se inicie juicio- con jurado, así como el envío al banquillo al hermano de Pedro Sánchez por la Audiencia de Badajoz, responden al «único delito de ser familia del presidente del Gobierno». Ambas resoluciones se han conocido en apenas 24 horas.