La Guardia Civil destapa el robo de 50 millones de litros de agua realizado desde un pozo ilegal
La operación Zahorí detecta la extracción ilegal de 110.000 litros diarios vendidos a granjas
Los dos investigados por el Seprona facturaron 275.000€ con el agua sustraída del pozo durante 18 meses
La Guardia Civil de Murcia ha destapado un caso de robo de agua que alcanza cifras alarmantes: más de 50 millones de litros sustraídos de forma ilegal mediante un pozo clandestino en la localidad de Puerto Lumbreras.
En este municipio el SEPRONA desarrolló la operación Zahorí tras detectar que una empresa extraía diariamente 110.000 litros de agua subterránea sin autorización y los comercializaba a explotaciones ganaderas, empresas y particulares.
La investigación arrancó cuando 128 vecinos de la diputación lorquina de Zarzalico denunciaron la escasez de agua para uso ganadero en la zona. Los especialistas del Servicio de Protección de la Naturaleza iniciaron vigilancias discretas que permitieron identificar el punto exacto desde donde se llenaban los camiones cisterna.
Rastro de las cisternas
Los agentes realizaron seguimientos exhaustivos a los vehículos que transportaban el agua robada. Las cisternas recorrían la comarca murciana abasteciendo explotaciones porcinas que padecían restricciones hídricas. Los investigadores comprobaron mediante albaranes que el líquido también llegaba a empresas privadas e incluso a viviendas particulares para llenar piscinas, una práctica especialmente grave en una región con estrés hídrico crónico.
El volumen total sustraído equivale aproximadamente a 20 piscinas olímpicas completas, una cantidad suficiente para abastecer el consumo anual de 350 familias españolas. Esta cifra dimensiona la magnitud del expolio hídrico perpetrado en una de las comunidades autónomas con mayor escasez de recursos acuíferos del país.
Sustracción diaria masiva
Por su parte, los 110.000 litros extraídos cada jornada representan el consumo doméstico de unos 700 habitantes durante 24 horas. Esta cantidad diaria habría aliviado la sequía de decenas de hectáreas de cultivo en la vega del Segura, donde agricultores legales sufren cortes y restricciones periódicas por la falta de caudal disponible.
Durante los 18 meses documentados, los responsables de la empresa facturaron al menos 275.000 euros con la venta del agua robada. Sin embargo, los investigadores estiman que la actividad ilegal podría remontarse a varias décadas, lo que elevaría exponencialmente el perjuicio medioambiental y económico causado a la cuenca.
Negocio sin control
El pozo clandestino carecía de cualquier sistema de medición, imposibilitando conocer con exactitud el volumen total extraído a lo largo de los años. La ausencia de contador volumétrico facilitó que la sustracción pasara desapercibida durante tiempo, hasta que las denuncias vecinales pusieron sobre aviso al SEPRONA en el marco de sus inspecciones periódicas.
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) confirmó que el pozo nunca obtuvo permiso para su explotación comercial. Los dos responsables de la empresa han sido investigados por delito contra los recursos naturales y medio ambiente, además de usurpación de aguas subterráneas, infracciones que pueden acarrear penas de prisión y cuantiosas multas administrativas.
Impacto ambiental
El caso evidencia la gravedad del robo de agua en una región donde cada gota cuenta. Murcia enfrenta desde hace años déficits hídricos estructurales que obligan a restricciones periódicas para agricultores y ganaderos, mientras actividades ilegales como esta agravan dramáticamente la situación de los usuarios legítimos que respetan la normativa.
La extracción incontrolada de aguas subterráneas daña gravemente los acuíferos, que necesitan décadas para regenerarse naturalmente. Los técnicos de la CHS advierten que este tipo de pozos clandestinos alteran el equilibrio hidrogeológico de la cuenca, afectando a manantiales y humedales protegidos por normativa europea.
Investigación abierta
La Guardia Civil mantiene abierta la investigación para determinar si existen más afectados o cómplices en la trama del robo de agua. Las diligencias se han remitido al Juzgado de Instrucción correspondiente, que deberá valorar la cuantía definitiva del daño medioambiental y establecer las responsabilidades civiles derivadas de casi dos décadas de explotación fraudulenta.
