El PSOE blindó en 2017 a Griñán: planeó todo para que no tuviera que devolver el dinero robado en los ERE

José Antonio Griñán
El ex presidente de la Junta de Andalucía José Antonio Griñán declara en el juicio del caso ERE. (EFE)
Carlos Cuesta

El PSOE no sólo se ha negado en los últimos tres años a reclamar los 680 millones robados en los ERE. Además, se encargó de blindar y proteger de forma específica a José Antonio Griñán, el máximo condenado por el fraude, ex presidente andaluz, ex presidente del PSOE nacional y, por todo ello, la persona con más información sobre el mayor escándalo de corrupción de la democracia española. El PSOE fabricó este blindaje en 2017, cuando exigió, con el nombre y apellidos específicos de Griñán, la absoluta imposibilidad de que la Fiscalía le exigiera la devolución del dinero robado de los ERE.

El PSOE sigue afirmando que el caso de los ERE fue cosa de una cúpula política ya pasada. Pero no ha dejado de torpedear el proceso judicial para impedir que los condenados tuvieran que devolver los 680 millones de euros robados. Lo hizo a través del equipo jurídico de la Junta de Andalucía de Susana Díaz, la todavía líder del PSOE en esta comunidad autónoma. Y con la seguidilla posterior de Pedro Sánchez tras ser elegido secretario general del PSOE. El equipo jurídico de los socialistas era el único habilitado para reclamar civilmente la devolución de los cientos de millones de euros robados, tal y como ha confirmado ya la sentencia del caso. Pero los socialistas dieron orden a su equipo jurídico de bloquear cualquier acción de reclamación civil del dinero sustraído y, en concreto, de impedir que se le pudiera reclamar este dinero a José Antonio Griñán.

Los socialistas dieron orden a su equipo jurídico de bloquear cualquier acción de reclamación civil del dinero sustraído

El nuevo documento que publica hoy OKDIARIO prueba el esfuerzo de los socialistas por proteger a Griñán. El auto del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla revela esta maniobra. En los razonamientos jurídicos, el texto judicial señala que “de las presentes actuaciones se desprende que los hechos investigados a JOSE ANTONIO GRIÑAN MARTINEZ por auto de fecha 03/11/2016 se acordó abrir pieza separada de responsabilidad civil”.

Y se señala acto seguido que «por la Junta de Andalucía , en su escrito de fecha 16/02/2016 , manifiesta «que se reserva expresamente la acción civil para ejercitarla ante la jurisdicción competente, una vez finalizado el juicio penal, si a ello hubiera lugar”.

El auto justicia que “en palabras del Tribunal Supremo: «La reclamación de la responsabilidad civil «ex delicto» constituye sin duda una acción civil que, como ha reiterado la jurisprudencia, no pierde su naturaleza civil por el hecho de ser ejercitada en un proceso penal’ ( vid. arts. 111 y ss. LECrim )”. Y, por lo tanto, el Juzgado recuerda que «la extinción de la acción penal no lleva consigo la de la civil, a no ser que la extinción proceda de haberse declarado por sentencia firme que no existió el hecho de que la civil hubiese podido nacer”. “En los demás casos, la persona a quien corresponda la acción civil podrá ejercitarla, ante la jurisdicción y por la vía de lo civil que proceda, contra quien estuviere obligado a la restitución de la cosa, reparación del daño o indemnización del perjuicio sufrido”, añade.

El auto recuerda a las partes que “aunque los perjudicados por la infracción penal no se muestren como parte en la causa penal no por ello ha de entenderse que renuncian a las indemnizaciones que puedan corresponderles, que deberán ser ejercitadas por el Ministerio Fiscal en beneficio de aquellos”.

Pero, subraya, que por el deseo de los abogados del PSOE, esa acción civil ha quedado reservada únicamente para ellos, de forma que “SE ACUERDA EL ARCHIVO DE LA PIEZA DE RESPONSABILIDAD CIVIL abierta como garantía cautelar a tenor de la reserva de la acción efectuada por la perjudicada”. «PÓNGASE ESTA RESOLUCION EN CONOCIMIENTO DEL MINISTERIO FISCAL Y DEMAS PARTES”.

Traducido: que el Ministerio Fiscal no podía reclamar el dinero robado y que los protegidos, especialmente Griñán, no deberían devolver ni un euro de los 680 millones.

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