COMISIÓN DE SECRETOS OFICIALES

El PSOE 30 años después: cambia la norma que aprobó en 1992 para vetar los secretos de Estado a Batasuna

secretos de Estado
Félix Pons y Meritxell Batet.
Luz Sela
  • Luz Sela
  • Periodista política. En OKDIARIO desde 2016. Cubriendo la información del Congreso de los Diputados. Licenciada en Periodismo por la Universidad de Santiago de Compostela. Antes, en COPE, ABC Punto Radio y Libertad Digital.

El PSOE da un nuevo giro a su propia historia. El cambio de la norma que permitirá la entrada de ERC y Bildu en la Comisión de Secretos Oficiales del Congreso de los Diputados supone una enmienda total a la propia posición de los socialistas que, en 1992, evitaron que Herri Batasuna tuviese acceso a las materias más sensibles del Estado. Ahora, el PSOE de Pedro Sánchez defiende la entrada de los proetarras por «pluralismo político».

La resolución que rige la composición de esta comisión -que lleva tres meses bloqueada por los vetos cruzados entre los partidos- ha sido modificada en varias ocasiones. En 1986, el acceso a la Comisión de Secretos Oficiales estaba limitado a tres diputados. Las críticas de las formaciones motivaron que, en 1992, la Comisión para el estudio de la reforma del Reglamento de los Diputados acordase una propuesta para ampliar la presencia de partidos.

El acuerdo fue general y el presidente del Congreso, el socialista Félix Pons, promovió un nuevo texto, que ampliaba el acceso a los secretos oficiales. Así, se estableció que «si la materia en cuestión hubiera sido clasificada en la categoría de secreto, el Gobierno facilitará la información recabada a un diputado por cada grupo parlamentario de los constituidos, de conformidad con lo previsto en el art. 23.1 del Reglamento de la Cámara. Los diputados serán elegidos al efecto por el Pleno de la Cámara por mayoría de tres quintos».

Con la mención al artículo 23.1 del reglamento se restringía expresamente el acceso a los grupos parlamentarios convencionales, excluyendo así al Grupo Mixto. La cuestión no era menor. En aquella legislatura, Herri Batasuna había conseguido sentar a tres representantes en el Congreso y no se veía oportuno que estos diputados tuviesen acceso a la materia altamente sensible del Estado. Eran otros tiempos, pues se recuerda aún cómo el socialista Pons expulsó a estos diputados del hemiciclo al acatar la Constitución por «imperativo legal» y no con la fórmula aceptada «sí, juro» o «sí, prometo».

Precisamente, la ilegalización de Batasuna en 2003 propició un tercer cambio de normativa y, un año después, se promovió un nuevo texto. Fue bajo la presidencia del también socialista Manuel Marín, quien firmó una nueva resolución en la que se eliminaba la referencia al artículo 23.1 del reglamento. De esta forma, se permitía también que el Grupo Mixto estuviese representado siempre y cuando lograse la mayoría necesaria de tres quintos.

El cambio de Batet

Ahora, es precisamente otra socialista, Meritxell Batet, la que ha promovido una nueva resolución que permitirá el acceso de Bildu a los secretos de Estado. La nueva norma rebajará la mayoría de tres quintos, de forma que bastará una mayoría absoluta para tener representación. Será la primera vez que Bildu acceda a la comisión.

Batet justifica la nueva resolución en que las diferentes normas «han tenido en común la finalidad de posibilitar que el pluralismo político representado en la Cámara tenga acceso a materias clasificadas a través de un diputado por cada grupo parlamentario».

«En la situación actual, el cumplimiento de ese objetivo aconseja el establecimiento de una mayoría cualificada que lo haga posible», prosigue el texto, que deroga la resolución de 2004.

Desde el Partido Popular defienden que «no hay ningún problema para que se constituya la Comisión de Secretos Oficiales» con la normativa vigente. La portavoz parlamentaria Cuca Gamarra ha recordado este martes que no sería la primera vez que se constituye sin que el diputado que propone uno de los grupos sea aceptado por el Pleno del Congreso, como ocurrió con ERC en la pasada legislatura.

«El Gobierno pone al Estado a su servicio para garantizar que sus socios le siguen apoyando durante toda la legislatura», ha denunciado la también secretaria general del PP.

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