El presidente de los rectores españoles niega que la universidad sufra «ningún desprestigio»

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El presidente de la Conferencia de Rectores de las Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández. (EP)

El presidente de la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas (CRUE), Roberto Fernández, ha negado que la universidad esté en crisis, también que sufra «ningún desprestigio», y ha defendido los sistemas de control internos de estas instituciones. «No deben ser tan malos cuando todavía no conozco a ningún rector, vicerrector, gerente o decano que esté imputado», ha afirmado.

«Qué tiempos tan recios en los que hay que luchar por lo que es evidente», ha declamado Fernández citando al poeta Rainer Maria Rilke ante las preguntas de los periodistas en el Congreso de los Diputados, donde el presidente de la CRUE ha leído este miércoles un comunicado, consensuado con diferentes agentes sociales, para reclamar a los grupos parlamentarios una nueva ley orgánica de universidades.

Sin embargo, el también rector de la Universitat de Lérida ha reconocido que «cuando un problema hay que abordarlo con urgencia y con rigor», en alusión a los casos que durante los últimos meses han salpicado a la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid protagonizados por políticos como el presidente del Partido Popular, Pablo Casado, la ex ministra de Sanidad Carmen Montón o la ex presidenta de la Comunidad de Madrid Cristina Cifuentes.

«Cuando hablamos de una institución de 200.000 trabajadores tan compleja, es humano decir que es imposible que no tengamos margen de mejora», ha añadido Fernández, aunque ha puesto en valor un sistema universitario como el español «comparable a cualquier universidad del sistema universitario occidental», ha asegurado.

Fernández ha sido el encargado de leer el comunicado impulsado por la CRUE y la Conferencia de Consejos Sociales de Universidades ante decenas de rectores y representantes políticos en la sala Ernest Lluch del Congreso, donde ha reclamado a todos los grupos parlamentarios que «dediquen sus esfuerzos a promover y aprobar una nueva Ley Orgánica de Universidades» con «un amplio consenso» para mejorar su «reputación institucional» y «profundizar en una verdadera y efectiva autonomía universitaria».

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