El PP recurrirá al Constitucional para abortar la comisión sobre su financiación ilegal

El Partido Popular interpondrá un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional si el recurso previo presentado ante la Mesa del Congreso para que los letrados delimiten hasta dónde debe retrotraerse la investigación de sus cuentas no se resuelve de manera satisfactoria para sus intereses. Así lo han confirmado a OKDIARIO fuentes de Génova 13.

El Constitucional se ha convertido en la baza del PP para evitar que la comisión de investigación sobre su supuesta financiación ilegal termine convirtiéndose en «una causa general» contra el partido. Antes intentará que la Mesa del Congreso reconsidere su negativa a pedir un informe a los letrados de la Cámara, algo difícil de conseguir puesto que PSOE, Podemos y Ciudadanos tiene mayoría en el órgano de gobierno del Congreso. El plazo para interponer el recurso de amparo ante el Constitucional es de tres meses una vez que se pronuncie la Mesa del Congreso.

Los de Mariano Rajoy aseguran que este tipo de causas contra un partido no pueden prosperar dentro de la ley porque «hay que concretar el objeto de la comisión, la materia, el tiempo y la administración que se investiga», argumento que utilizarán en el recurso ante el Constitucional.

El Gobierno pretende así evitar que la comisión se convierta en una cacería y no cumpla con su finalidad de investigación sino que se use para perjudicar directamente al partido con fines electorales.

Los populares entienden que lo que buscan las formaciones de la oposición es crear una gran causa que aglutine “los casos aislados” que se encuentran actualmente en proceso judicial, sin delimitar el objeto concreto de la comisión.

Una comisión de investigación sobre la caja b del PP

A finales del pasado mes de marzo, el Pleno del Congreso aprobó por unanimidad crear la comisión de investigación sobre la supuesta financiación irregular del PP. Aunque la iniciativa fue liderada por un pacto a tres bandas entre el PSOE, Unidos Podemos y Ciudadanos, la comisión era uno de los puntos que el partido naranja acordó con los ‘populares’ para la investidura de Mariano Rajoy.

La Presidencia de esta comisión parlamentaria fue objeto de discusión entre los grupos de la oposición, puesto que todos la querían para así llevarse el mérito. Incluso se barajó la posibilidad de que el PDeCAT presidiese esta comisión, aunque finalmente recaló en el diputado de Nueva Canarias, Pedro Quevedo, como guiño para su posterior apoyo a los Presupuestos Generales del Estado de 2017.

Los partidos de la oposición tienen pensado solicitar la comparecencia de varios dirigentes del PP, tanto actuales como antiguos, como el presidente del Gobierno y del partido, Mariano Rajoy, o el ex presidente José María Aznar. A estos habría que sumar las comparencias de multitud de cargos ‘populares’. Ya se ha confirmado que el primero en declarar en esta comisión será el ex tesorero del PP, Luis Bárcenas.

OKDIARIO ya informó hace dos semanas que el PP estaba «valorando» presentar un recurso ante los tribunales contra esta comisión alegando que lo que pretende la oposición es crear una «causa general» contra el partido del Gobierno. Entiende el PP que lo que se pretende es crear una gran causa que aglutine «los casos aislados» que se encuentran actualmente en proceso judicial, sin delimitar el objeto concreto de la investigación.

Este miércoles, el coordinador general del PP, Fernando Martínez-Maíllo, ha avisado que los ‘populares’ usarán la comisión de investigación abierta en el Senado, donde tienen mayoría absoluta, para “sacar las vergüenzas” al resto de partidos por su financiación.

Los ‘populares’ han avanzado que llamarán al nuevo secretario general del PSOE. Pedro Sánchez deberá explicar, por ejemplo, la financiación de su campaña a través de la fórmula del ‘crowdfunding’, en su día cuestionada incluso por la Gestora socialista.

El PP intentará investigar también «los ERE de Andalucía y su vinculación con la financiación del PSOE», así como la «financiación de algunos grupos municipales de Ciudadanos» y la «relación financiera de Podemos con los regímenes de Venezuela o Irán».