El PP no echará a Barberá y los ediles valencianos hasta que resuelva el Supremo

La Dirección nacional del PP no tiene previsto tomar decisiones sobre la ex alcaldesa de Valencia, Rita Barberá, y su equipo municipal de la anterior legislatura, imputado al completo por un presunto blanqueo de capitales. Todo, a la espera de que el Tribunal Supremo se pronuncie sobre el auto enviado por el juez de Instrucción, Víctor Gómez, para que analice si debe asumir la competencia del proceso por la condición de aforada de la senadora Barberá.

En este sentido, el Comité de Derechos y Garantías del PP no tiene prisa y realiza sin urgencia la instrucción del expediente informativo abierto a la ex alcaldesa y a las personas imputadas, entre las que hay nueve concejales de los diez que tiene en la actualidad el grupo popular en el Consistorio valenciano.

Pese a las presiones de la Dirección regional valenciana, con su presidenta Isabel Bonig a la cabeza, los ediles imputados pactaron con Génova su suspensión voluntaria de militancia sin dejar el acta de concejales, como les exigía el Partido Popular de la Comunidad Valenciana (PPCV). Los nueve imputados permanecen adscritos al grupo popular municipal de Valencia como independientes a la espera de la decisión del órgano nacional competente, el Comité de Derechos y Garantías.

Cuando se concluya el expediente informativo, el Partido Popular tiene que decidir si los concejales son expulsados de la formación definitivamente. En ese caso, deberían dejar el acta o irse al grupo de los no adscritos (grupo mixto). Pero la decisión principal será sobre Rita Barberá, quien por el momento no está imputada (a la espera de lo que diga el Supremo) pero hizo la misma donación que los casi medio centenar de investigados en la causa.

Ésa es la razón por la que, antes de iniciar la expulsión de los ediles imputados –lo que dejaría a la ex alcaldesa en la misma situación–, el PP prefiere esperar a que el Supremo decida sobre Barberá. Además, la dirección popular cree que la determinación del alto tribunal afectará también a la decisión del juez de Valencia sobre si se abre juicio oral a los imputados allí, lo que significaría la separación inmediata de éstos.

‘Operación Taula’

Un total de 48 personas, además del Partido Popular como persona jurídica, están imputados en la ‘operación Taula’, el conocido como ‘caso pitufeo’, el supuesto blanqueo de capitales y financiación ilegal. Ediles y asesores del equipo de Rita Barberá apoyaron la campaña de las elecciones municipales de mayo de 2015 con 1.000 euros propios cada uno.

Ahora se investiga si ese dinero se utilizó para blanquear el obtenido de comisiones ilegales que financiaron actos de campaña de la ex alcaldesa, y si esos 1.000 euros les fueron devueltos en ‘b’ por el partido después de que los ingresaran en la cuenta oficial que la organización tenía para la campaña electoral. Los concejales han confirmado que les pidieron 1.000 euros para la campaña pero mantienen su inocencia y niegan que les devolvieran el dinero en ‘b’.

La ex alcaldesa, quien está aforada por su condición de senadora territorial, declaró voluntariamente mediante un escrito de alegaciones en el que reconocía la aportación del dinero para la campaña y negaba el reintegro del mismo. El juez de Valencia consideró que las explicaciones dadas por Barberá fueron insuficientes para excluir su posible implicación. Además, creyó que sería “incoherente” no elevar exposición razonada al Tribunal Supremo, ya que la senadora ha reconocido que pagó 1.000 euros, y hay casi medio centenar de imputados por lo mismo.

Por ello, el juez remitió al Tribunal Supremo la parte de la investigación que afecta a Barberá, subrayando las sospechas sobre las cuentas del PP y la relación de la ex alcaldesa con la ex secretaria del grupo municipal, María del Carmen García-Fuster, quien gestionaba las cuentas bancarias y principal imputada en esta pieza separada del ‘caso Imelsa’. El juez apuntó que Barberá era su superiora jerárquica como máxima responsable del grupo municipal y que existía además una relación personal de estrecha confianza entre la aforada y la principal investigada.

Sin fecha para citar a Barberá

Hace más de un mes que el Comité de Derechos y Garantías del PP abrió el expediente informativo y no hay fecha para citar a la senadora. Mientras, poco a poco, se ha comenzado a tomar declaración a los que sí están imputados en la causa. Pero no se prevé concluir el expediente sin que se haya pronunciado el Tribunal Supremo.

Además, el alto tribunal también tiene que decidir sobre otra causa que afecta a Barberá por los delitos de desobediencia y denegación de auxilio al no retirar los símbolos franquistas de calles y edificios de Valencia cuando fue alcaldesa de la ciudad.

En el PP existe preocupación por la decisión que tome el Supremo, la inminente campaña electoral y que los tiempos judiciales puedan afectar a la misma. El asunto se agrava porque varios de los imputados suspendidos de militancia son presidentes de diferentes distritos de la ciudad, que han sido siempre los responsables de organizar y movilizar a los afiliados y simpatizantes para la celebración de actos y asistencia como interventores en los numerosos colegios electorales.

En este sentido, la Dirección nacional del Partido Popular se enfrenta a un grave problema en la Comunidad Valenciana de cara a las elecciones de junio, de estructura interna y de organización de la campaña electoral. En las filas del PP se teme que se pueda producir un vacío político y sobre todo orgánico no sólo por las consecuencias sociales derivadas de la ‘Operación Taula’ sino por la confusión y preocupación en los distritos del PP de la ciudad, cuyos componentes se han visto descabezados justo en vísperas de la campaña electoral y una gestora que, por respetar también los tiempos judiciales, no ha tomado el control político del aparato municipal.