El PP advierte que no expulsará a González hasta que no le sienten en el banquillo

El Partido Popular no tomará nuevas medidas internas contra el expresidente madrileño, Ignacio González, en tanto la Justicia no decida sentarlo en el banquillo.

El partido, que reaccionó suspendiendo a González de militancia- de forma provisional- el mismo día de su detención, da por ahora por amortizadas sus responsabilidades. Así, y aunque los ‘populares’ admiten preocupación por la imagen que se pueda trasladar a la ciudadanía, no tienen previsto alterar los procedimientos disciplinarios, que fijan en la apertura de juicio oral la expulsión de sus cargos imputados.

No es la primera medida contra González. Además de la suspensión cautelar de militancia, hace un año, Génova le abrió un expediente informativo tras ser imputado en el ‘caso dúplex’, por el que se investiga la compra del ático que el expresidente madrileño tiene en la localidad malagueña de Estepona.

Desde entonces, sin embargo, ese expediente permanece «paralizado» y el Comité de Garantías se ha dedicado en este tiempo a recopilar información sobre el caso. No obstante, ese expediente no se ha convertido en disciplinario, según los ‘populares’, porque no existen novedades que lo justifiquen. 

No adelantarse a la Justicia

En fuentes del PP dan prioridad a la «presunción de inocencia» para no adelantarse a las decisiones judiciales y, en consecuencia, no tomar medidas contra los cargos del partido que resulten implicados en casos de corrupción. Ello, pese a que se reconoce que la ciudadanía reclama una postura cada vez más contundente frente a estos escándalos.

Génova defiende así que se actuó con «diligencia» en el ‘caso Lezo’ y en otros de gran repercusión mediática, como la ‘operación Taula’ en la Comunidad Valenciana. En ese último, se acordó la suspensión de militancia de los detenidos y se les abrió expediente. En la actualidad, esos expedientes-que reclama el PP valenciano- permanecen paralizados.

El partido tiene previsto poner en marcha próximamente una oficina de contra la corrupción, medida que se incluye en los estatutos aprobados en el último congreso nacional y que tendrá como función velar «de manera especial» por el cumplimiento de las normas y compromisos «a que han de ajustar sus comportamientos los cargos públicos del partido», además de asegurar que se respetan las normas sobre declaraciones de bienes y actividades» de los cargos públicos o el grado de cumplimiento de los compromisos del programa electoral. Este órgano estará constituido por militantes independientes sin cargo orgánico y especializados en Derecho.

No obstante, en fuentes internas se insiste en que la decisión la tiene que tomar la Justicia y que, en consecuencia, no pueden adelantarse a la actuación judicial.