Los policías nacionales de Cataluña denuncian en los tribunales que la Generalitat no les está vacunando

Desde principios de febrero, y vamos camino de que hayan pasado dos meses, la Generalitat Catalana comenzó a vacunar a su policía autonómica, los Mossos d´Esquadra, sus policías locales, sus bomberos y sus servicios de emergencia. Y hacemos hincapié en el “su” porque desde el primer momento las autoridades del gobierno catalán han mostrado un permanente desprecio y discriminación contra los cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado como Policía Nacional o Guardia Civil destinados en territorio catalán. Y ahora han vuelto a hacerlo.

Tras haber sido literalmente los últimos en comenzar a recibir la vacuna de AstraZeneca en Cataluña, ahora que se ha reactivado el proceso de vacunación, el Gobierno autonómico catalán ha decidido que no vacunará a más policías ni más guardias civiles hasta que acabe el proceso de vacunación de la población de entre 60 y 65 años.

De hecho, los responsables sanitarios de Cataluña justifican su decisión en el nuevo rango de edad aprobado por el ministerio de Sanidad para vacunar con el polémico medicamento de AstraZeneca que acaba de recibir el visto bueno de las autoridades sanitarias para ser administrada a personas hasta los 65 años de edad.

Esa nueva norma dice que ya se puede vacunar con ese medicamento a los mayores de 55 años y hasta los 65, así que Cataluña ha decidido que cuando vacune a toda su población, ahí sí incluye a policías y guardias civiles, será cuando acabe la inmunización del resto de agentes más jóvenes de 55 años de edad.

Todas las asociaciones de policías y guardias civiles han puesto el grito en el cielo, sin embargo, el Sindicato Unificado de la Policía ha dado un paso más y ha llevado el asunto a los tribunales. “Denunciamos la situación de desigualdad que sufren los policías destinados en Cataluña y exigimos que se cumpla el plan de vacunación de colectivos esenciales como ya se hace en el resto de España”, explican desde el SUP para justificar el espíritu de su denuncia.

Y es que ese es el quid de la cuestión, ya que la misma norma que habla de rangos de edad para usar AstraZeneca explica que los colectivos esenciales deberán acaparar los primeros turnos de vacunación para poder seguir prestando servicio a la población con la seguridad de estar ya inmunizados.

7.000 agentes

La medida adoptada por la Generalitat Catalana afecta a cerca de 7.000 agentes repartidos por toda Cataluña y como explican desde la Confederación Española de Policía y desde la Asociación Española de Guardias Civiles, esta medida “pone en riesgo a los compañeros y a sus familias al desarrollar una profesión que entraña, como así lo ha acreditado la propia Comisión Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, un riesgo elevado de contagio del coronavirus”.

Pero estos profesionales dicen más aún. En el resto del territorio español está absolutamente generalizado y extendido el proceso de vacunación a agentes policiales. Tanto es así que los peores síntomas de la vacuna de AstraZeneca, y que supusieron la suspensión temporal de la vacunación, fueron detectados en policías y guardias civiles. Y España no es una excepción, ya que en Europa los colectivos de seguridad también han sido los primeros en vacunarse.

¿Entonces a qué se debe el criterio del único gobierno autonómico que está discriminando a los cuerpos policiales de ámbito nacional?

Para CEP y AEGC los motivos podrían estar lejos de los criterios sanitarios: “Esta forma de tomar las decisiones levanta nuestras sospechas sobre los motivos que se esconden detrás y a nadie se le escapa que una Administración que ejerce la acusación en varios juzgados de instrucción de Cataluña contra efectivos de la Policía Nacional y la Guardia Civil podría haber introducido en la ecuación que le ha llevado a aprobar una medida así”.

Por todo lo anterior en la denuncia del SUP lo que se pide no es un castigo sino la imposición de medidas cautelares inmediatas que deshagan esta situación discriminatoria. Pero los jueces no pueden ser el único asidero de un colectivo que desde el inicio de la pandemia ha denunciado la falta de defensa y liderazgo de su máxima autoridad, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, y para él y el gobierno al que pertenece también tienen una petición las asociaciones policiales.

“Reclamamos del Ministerio del Interior la inmediata adopción de medidas, a través de los canales oportunos, para revertir esta discriminación tan temeraria. La lealtad institucional no puede ser un simple cliché discursivo y requiere compromisos inmediatos y verificables. Es nuestro Gobierno, el central, quien debe exigir cuanto antes el cese de esta discriminación sanitaria intolerable”. Veremos.