Los policías exigen la dimisión de Sánchez y Marlaska por dejarles «vendidos» en la Vuelta

El sindicato Jupol, mayoritario en la Policía Nacional, y la Confederación Española de Policía (CEP) han exigido este lunes la dimisión del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez; del ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska; y del delegado del Gobierno en Madrid, Francisco Martín, tras «el desastre operativo» y «los gravísimos altercados» en la etapa final de la Vuelta a España.

Unos altercados que reventaron la final y se saldaron con 22 agentes lesionados en el ejercicio de sus funciones, con contusiones, luxaciones y esguinces.

Jupol ha publicado un comunicado denunciando públicamente la «gravísima irresponsabilidad institucional» demostrada durante los altercados ocurridos en este  evento deportivo de alcance internacional, en el que «se puso en riesgo la vida y la integridad física de ciclistas, espectadores, ciudadanos y de los propios agentes de la Policía Nacional».

En primer lugar, este sindicato ha aprovechado para reconocer la entrega, profesionalidad y sacrificio de los policías nacionales que formaron parte del dispositivo. Destaca que la intervención de los agentes sobre el terreno fue impecable y evitó un balance aún más trágico, a pesar de «las gravísimas carencias, la falta de coordinación y la ausencia de respaldo político».

«Una vez más, han sido los policías quienes, con su trabajo, han impedido que una situación límite terminara en una catástrofe mayor», manifiesta.

«Abandono» operativo «deliberado»

El sindicato mayoritario de la Policía destaca que lo ocurrido constituye «la demostración más clara de cómo las órdenes políticas han vuelto a imponerse a las necesidades operativas».

Afirma que el operativo de seguridad fue «un auténtico desastre», no por la profesionalidad de los agentes desplegados, sino porque estuvo marcado desde el inicio «por la voluntad de no incomodar a determinados grupos» y por «el blanqueamiento institucional» de las protestas.

«Se permitió la presencia de individuos y colectivos que se sabía de antemano que podían provocar altercados, sin aplicar protocolos básicos como el embolsamiento y la expulsión, que en otras ocasiones han resultado eficaces para prevenir incidentes», critica Jupol, subrayando que, por el contrario, se optó por mantenerlos en las inmediaciones, hasta que finalmente desencadenaron en violentos disturbios.

También critica que hubo «una falta total de coordinación en la cadena de mando». En este sentido, explica que en los puntos más conflictivos «no se solicitaron los apoyos necesarios» y, cuando los equipos en primera línea pedían refuerzos, recibían como respuesta «el más absoluto silencio».

«No se trató sólo de una ausencia de recursos, sino de un abandono operativo deliberado, que dejó vendidos a decenas de agentes y generó una situación de riesgo extremo», denuncia.

Clima de impunidad

Jupol también condena la actitud de determinados líderes políticos que, «de forma imprudente y temeraria», decidieron acudir a las movilizaciones acompañados de sus escoltas y se mezclaron entre los grupos radicales que participaron activamente en los actos violentos. Se pronuncia así en referencia a que la líder de Podemos, Ione Belarra, y la eurodiputada y ex ministra podemita de Igualdad Irene Montero lideraron a los radicales para detener la Vuelta.

«Estos comportamientos no sólo suponen una falta absoluta de responsabilidad institucional, sino que generan una peligrosa confusión entre la protesta política y la violencia callejera, alentando a los radicales y situando en una posición de mayor vulnerabilidad a los propios policías encargados de garantizar la seguridad», expresa este sindicato, subrayando que «la presencia de representantes públicos en escenarios dominados por violentos legitima de facto su actuación y alimenta un clima de impunidad y confrontación».

Decisiones políticas «irresponsables»

Jupol hace hincapié en que hasta 22 policías nacionales resultaron heridos en el ejercicio de sus funciones, «hombres y mujeres que, una vez más, han puesto su vida al servicio de la seguridad de todos y que han pagado el precio de decisiones políticas irresponsables». Además, condena que tras este resultado, el delegado del Gobierno en Madrid se atreva a calificar los incidentes como «pacíficos», lo que califica como «un insulto intolerable» hacia los agentes y «una burla» hacia toda la ciudadanía.

Por ello, Jupol exige la dimisión inmediata de tres responsables políticos. Del presidente del Gobierno, «por alentar y blanquear este tipo de movilizaciones, contribuyendo a generar el clima de crispación y violencia que derivó en los altercados». «Es inadmisible que el máximo representante del Ejecutivo justifique actuaciones que ponen en riesgo a ciudadanos y policías», declara.

Exige la dimisión del ministro del Interior, «como máximo responsable político del operativo, por permitir que criterios políticos se antepusieran a las necesidades operativas». Jupol afirma que «su gestión ha sido nefasta, y su incapacidad para garantizar la seguridad de todos quedó en evidencia».

Y, por último, reclama la del delegado del Gobierno en Madrid, por sus declaraciones «inaceptables» calificando los incidentes como «pacíficos» y por su responsabilidad directa en la descoordinación del dispositivo.

«Con 22 policías heridos, hablar de pacifismo es un desprecio a la verdad y a los profesionales lesionados», insiste Jupol.

Además, señala que «lo ocurrido no puede analizarse como un incidente aislado» y que el boicot alentado desde determinadas instituciones contra un evento deportivo de proyección internacional constituye «un ataque a la convivencia democrática y un desprecio hacia miles de ciudadanos que participaron o asistieron pacíficamente a la Vuelta». «Este tipo de actitudes, además de irresponsables, podrían incluso ser constitutivas de delito», apunta este sindicato.

Jupol advierte que seguirá denunciando estas «graves irresponsabilidades políticas» y reclamando que se garantice que la Policía Nacional pueda trabajar bajo criterios exclusivamente técnicos y operativos, libres de presiones políticas, que se refuercen las plantillas en toda España, se dote a los agentes de los medios materiales y humanos necesarios y que se depuren responsabilidades políticas y se asuma, de una vez por todas, que la seguridad ciudadana no puede ser utilizada como arma partidista.

«La seguridad de los españoles y la integridad de los policías nacionales no pueden ser moneda de cambio en el juego político», sentencia.