Los policías denunciarán a Interior por malversación y prevaricación si concede la escolta a Puigdemont

Si finalmente se decide trasladar policías a Bélgica para la escolta del prófugo Carles Puigdemont mientras la ley de amnistía no entre en vigor, el Sindicato Unificado de Policía (SUP) tiene preparada una querella por malversación y prevaricación administrativa contra el Ministerio del Interior de Fernando Grande-Marlaska.

Según el sindicato policial, la entrega de una escolta policial a Carles Puigdemont  constituiría un desvío de dinero público injustificable y el responsable que dicte a sabiendas dicha resolución, será denunciado ante la autoridad judicial, bien sea la Secretaría de Estado de Seguridad del Ministerio del Interior, cualquier otro departamento del Gobierno de España o del Gobierno catalán de Pere Aragonés.

Los policías dejan clara su posición: «Mientras la ley de amnistía no entre en vigor, Puigdemont es un prófugo que se ha sustraído de la acción de la justicia y sobre el que pesa una orden de búsqueda y detención, y nuestro deber es conducirlo ante la Justicia».

El SUP recuerda que de forma general los ministros españoles viajan sin escolta por la Unión Europea, «pero aún nos llena más de indignación que Isaías Carrasco o Miguel Ángel Blanco fueron asesinados por la banda terrorista ETA sin proporcionales una escolta policial». «Ahora, resulta que un prófugo de la justicia busca escolta y coche oficial para humillar y someter a las instituciones del Estado.

En estos seis años el clima de crispación ha sido muchísimo mayor y nunca se valoró esa opción de darle escolta al líder de Junts, aseveran desde el SUP. «Es una vez más oportunismo político y no hay ninguna necesidad de concederle una escolta a una persona sobre la que pesa una orden de búsqueda y detención», aclaran.

La escolta de Puigdemont le costaría 709 euros diarios a los españoles

En caso de que se autorizar la escolta, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado son las designadas para dar este servicio con otros países, y en concreto la Policía Nacional en virtud de la Ley de Fuerzas y Cuerpos de Seguridad la habilitada para prestar auxilio a policías de otros países. Mossos d’Esquadra no podría, aunque es competente con los presidentes del Gobierno catalán, ha de ser siempre en suelo español y cuando la persona a escoltar no siga siendo un prófugo de la justicia.

Además, advierte Jacobo Rodríguez, portavoz del SUP, que la futura escolta de Carles Puigdemont le costaría al día cientos de euros a los españoles. «Una escolta a ese nivel requeriría hasta 15 policías que tendrían que turnarse e implicaría una indemnización por la comisión de servicio en el extranjero que ascendería a la cantidad de 709 euros diarios por cada jornada que preste en Bélgica esa escolta que nosotros consideramos ilegal».