Los policías alertan a puerta cerrada en el Congreso de que se va a regularizar a «sujetos con trayectoria delictiva»

Los policías alertaron este lunes a puerta cerrada en el Congreso de los Diputados sobre la intención del Gobierno de Pedro Sánchez de regularizar a «sujetos con trayectoria delictiva en origen», según fuentes parlamentarias consultadas por OKDIARIO.

Este lunes se reunió la Ponencia para el análisis en el marco de la política de Seguridad Nacional del proceso de regularización extraordinaria de personas extranjeras iniciado por el Gobierno. Y aquí abrieron la ronda de comparecencias, sin cámaras, el secretario general del Sindicato Unificado de Policía (SUP), Carlos Alberto Prieto Conesa, y el comisionado de Sostenibilidad de la Plataforma del Tercer Sector de Acción Social (CEPAIM), Juan Antonio Segura Lucas.

Esta ponencia se desarrolla en el seno de la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, que agrupa a Congreso y Senado y que fue creada a iniciativa del Partido Popular, que contó con el apoyo de Vox, sumando mayoría absoluta en este órgano. Por su parte, PSOE, ERC y Bildu rechazaron la constitución de dicha ponencia.

Las fuentes citadas apuntan que el análisis expuesto por el representante del SUP incidió en que la «repercusión más directa derivada de que el informe policial no sea preceptivo al tener en cuenta únicamente antecedentes penales», es la aparición de «dos problemas graves». Uno, que los «individuos con multirreincidencia u órdenes de detención internacional podrán acceder a la regularización», y dos, «se validará la residencia de sujetos cuya trayectoria delictiva en origen es inalcanzable para la Administración en el margen temporal establecido».

Junto a ello, el informe presentado por Prieto Conesa -al que tuvo acceso OKDIARIO- remarcó que «el modus operandi difundido y detectado en canales de Telegram y Facebook ofrece documentación ‘perfecta’ para simular el arraigo de cinco meses» exigidos por el Real Decreto 316/2026, de 14 de abril. «Si la Administración no detecta la anomalía inicial, el sistema valida identidades que podrían ser fraudulentas antes de la toma de huellas», advierten desde el SUP.

En esta línea, el Sindicato Unificado de Policía sostiene que la «saturación de las delegaciones y subdelegaciones del Gobierno trasciende la ineficiencia burocrática para transformarse en un riesgo de seguridad nacional».

«Existe una brecha operativa fundamental: la verificación inicial de documentos recae en personal administrativo y no en especialistas policiales, lo que permite que una identidad sea ‘blanqueada’ por la aprobación administrativa antes de que el funcionario intervenga en la fase final (TIE/huellas)».

En este contexto, y con relación a la «verificación telemática», el informe del SUP subraya que «el uso de plataformas de escaneo impide el análisis físico de soportes documentales, anulando la capacidad de detectar falsificaciones químicas o mecánicas sofisticadas».

Además, el sindicato alude a un «colapso de citas» y la existencia de un «mercado negro». «La carencia de citas fomenta el negocio de intermediarios, donde redes criminales ofrecen ‘kits de arraigo’ (empadronamientos ficticios y contratos simulados para acrecitar la residencia previa al 31 de diciembre de 2025», enfatiza el SUP.

🏛️ El @Sup_Policia comparece hoy en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional del Congreso y Senado.

Nuestra posición: la regularización extraordinaria puede ser legítima, pero no puede ejecutarse sobre un sistema al límite sin plan policial ni tecnológico.

Tasa de ejecución de… pic.twitter.com/bQvkGaDzT2

— SUP (@Sup_Policia) May 18, 2026

Por todo ello, Prieto Conesa presentó este decálogo con el propósito de evitar que la «regularización extraordinaria se convierta en un incentivo para el fraude».

1. Refuerzo presupuestario finalistas.
2. Interoperabilidad biométrica obligatoria.
3. Protocolos de verificación de originales.
4. Blindaje operativo de la Unidad Central de Redes de Inmigración y Falsedades Documentales (UCRIF).
5. Plan nacional anti-fraude en el empadronamiento.
6. Eliminación de la declaración jurada para penales, estableciendo canales de verificación directa con los consulados.
7. Servicio Oficial de Traducción Jurídica.
8. Catálogo de especímenes documentales.
9. Formación especializada en seguridad documental.
10. Reforma normativa para que los informes policiales de multirrecidencia tengan carácter preceptivo y vinculante en la denegación de autorizaciones.

PP: Es un «proceso chapucero»

Por su parte, el portavoz del Grupo Popular en la Comisión Mixta de Seguridad Nacional, Rafael Hernando, reclamó, entre otras cuestiones, que se paralice el proceso de regularización masiva y «sin control» del Gobierno de Sánchez porque «puede conducir al fraude y la impunidad», indicaron fuentes parlamentarias.

Asimismo, Hernando señaló que «desde que se anunció el proceso, hace tres años, el efecto llamada ha provocado que dos millones de personas se hayan empadronado en España, sin poder controlar si la residencia es real».

Además, el portavoz popular incidió en que «la vulnerabilidad del proceso se ve afectada por el fraude documental, el uso de identidades falsas, la infiltración criminal, el colapso administrativo y la insuficiencia del control migratorio y policial afectan a la seguridad ciudadana y nacional».

«Es un proceso improvisado, chapucero, que puede provocar que personas en prisión provisional o multirreincidentes consigan regularizarse», apostilló.