La Policía pide a la juez registrar el despacho del socialista ‘Tito Berni’ en el Congreso

La Policía Nacional ha solicitado a la juez el acceso «sin restricciones y de manera exclusiva» al despacho del ex diputado del PSOE, Juan Bernardo Fuentes Curbelo, alias Tito Berni, a quien se sitúa como cabecilla de la trama de corrupción del caso Mediador.

La Fiscalía Anticorrupción, por su parte, también se ha pronunciado sobre el asunto y ha señalado que el acceso de los investigadores a estas instalaciones debe ser autorizado por el Congreso. El fiscal se remite en concreto al artículo 66.3 de la Constitución, que determina que «las Cortes Generales son inviolables». No obstante, considera también que acceder a los ordenadores y móviles del ex diputado resulta fundamental para la instrucción. Si se autoriza, sería la primera vez que la Policía entra en las dependencias de la Cámara baja, una fotografía inédita.

En su escrito, el fiscal Jaime Serrano-Jover responde a la petición formulada por la Unidad de Delitos Tecnológicos de la Policía Nacional a la titular del Juzgado de Instrucción Número 4 de Santa Cruz de Tenerife, Ángeles Lorenzo-Cáceres, para «el acceso sin restricciones y de manera exclusiva al despacho del Congreso de los Diputados asignado al investigado».

«Valorando el artículo 66.3 de la Constitución Española, que prevé que las Cortes Generales son inviolables, el Ministerio Público no puede pronunciarse en favor de lo solicitado en el oficio precedente», dice.

No obstante, «con el objetivo de dar cumplimiento al fin perseguido por la instrucción», propone «dirigir atento oficio a la Secretaría General del Congreso de los Diputados» para que autorice el acceso policial, «con las previsiones y prevenciones que consideren oportunas», «para la entrega e intervención de los terminales informáticos o aparatos de almacenamiento de datos e información, documentos o cualesquiera otros efectos que pertenezcan al investigado».

Apoya asimismo que, «una vez que los equipos informáticos estén en poder de los agentes actuantes», se «lleven a cabo la práctica de las diligencias que recogen en el oficio policial precedente autorizando, incluso, el cambio de claves de acceso con las prevenciones lógicas y adecuadas a esta medida».

La juez del caso era partidaria de enviar a prisión a Fuentes Curbelo por la posibilidad de destrucción de pruebas, pero no pudo acordar la medida porque la Fiscalía no la solicitó. Así, el ex diputado quedó en libertad aunque imputado por cohecho, falsedad, blanqueo y pertenencia a grupo criminal organizado. Vox ha solicitado este jueves la prisión provisional para el socialista.

Trama

La trama Mediador, encabezada por Fuentes Curbelo -que renunció al acta el pasado 14 de febrero-, el general de la Guardia Civil Francisco Espinosa Navas y el empresario canario Antonio Navarro Tacoronte, pedía un «peaje económico» de 5.000 euros a los empresarios a los que captaba bajo la promesa de «obtener privilegios» en materia de contratación pública, se reunían con ellos en el Congreso de los Diputados y en la sede de la Guardia Civil en Madrid para aparentar «seriedad» y acababan en «grandes fiestas» en clubes y hoteles con una media de gasto de unos 3.000 euros, según el sumario del caso.

La Fiscalía apunta a «la existencia de una trama formada por autoridades, altos cargos públicos y otras personas intermedias de aquellas que ofrecían a distintos empresarios la posibilidad de obtener privilegios en el ámbito de la contratación pública u otras manifestaciones o beneficios derivados del sector público a cambio del pago de regalos, dádivas, entregas de dinero u otros obsequios».

Esta red estaba liderada, según las investigaciones, por Fuentes Curbelo y tenía una organización «perfectamente definida y coordinada», indica el fiscal. En ese «vértice superior» también se sitúa al sobrino del ex diputado del PSOE, Taishet Fuentes, director general de Ganadería, y a Francisco Espinosa Navas, general de división de la Guardia Civil.

Con ellos, la Policía sitúa al empresario canario Marco Antonio Navarro Tacoronte en las funciones de «mediador» entre los supuestos cabecillas y los empresarios.

Navarro Tacoronte declaró en sede judicial el 22 de febrero de 2022 que se iban de «visita» al Congreso, luego a almorzar y seguían de fiesta el resto del día, gastando una media de entre 3.000 y 3.500 euros «por noche» que pagaban los empresarios.