La Policía acusa al ‘faker’ Alvise de recibir los 100.000 € para «financiar parte de la campaña» europea

La Policía Nacional ha asegurado que ‘faker’ a sueldo líder de Se Acabó la Fiesta (SALF), Luis Alvise Pérez, recibió 100.000 euros del empresario Álvaro Romillo el 27 de mayo de 2024 para «financiar parte de la campaña electoral» de las elecciones al Parlamento Europeo de ese año y que ve «evidente» que buscaba «fondos opacos».

Así consta en un informe aportado al Tribunal Supremo en el marco de la causa en la que se investiga la posible existencia de un delito de financiación ilegal.

En el dosier, los agentes analizan las conversaciones que Alvise y Romillo mantuvieron en la aplicación Signal y concluyen que «no hay dato alguno que se asocie a la prestación de servicio» por parte del eurodiputado al empresario «o a sus estructuras societarias adscritas, como habría manifestado Pérez», informa Ep.

Cabe recordar que el pasado 11 de julio, en su declaración voluntaria ante el Supremo, Alvise reconoció haber recibido los 100.000 euros de Romillo, pero negó haber usado dicho dinero para su campaña a las elecciones europeas del 9 de junio de 2024. «Ni un solo euro del señor Romillo fue a pagar la campaña», dijo, al tiempo que incidió en que la mayoría de gastos «se hicieron antes» de que recibiera el importe en cuestión.

Romillo, por su parte, manifestó en su declaración como investigado que entregó el dinero a ‘Alvise’ para la campaña electoral, confirmando así lo que había expuesto antes ante el juez de la Audiencia Nacional que investiga la presunta estafa piramidal de Madeira Invest Club (MIC).

«Los intercambios comunicativos entre Luis Pérez y Álvaro Romillo (…) habrían ocurrido conforme este último arguye en sus testificales», sostiene la Policía.

Los investigadores consideran «veraz» la entrega a ‘Alvise’ de 100.000 euros en efectivo el 27 de mayo de 2024 en las oficinas de Sentinel, en Madrid, «cuya génesis se produjo siempre bajo la motivación subyacente de financiar parte de la campaña electoral a la que concurría la agrupación SALF».

Sin embargo, precisan que, aunque «ambos interlocutores tenían esa voluntad, por parte de Romillo no sería sino una consecuencia accesoria de su principal acicate, relacionado con sus expectativas de negocio de cara a involucrar a los seguidores de Pérez como clientes de su plataforma, con la pretensión de lucrarse consecuentemente». Así las cosas, indican que el empresario «siempre fue consciente de que sus acciones eventualmente conducirían a financiar la agrupación».

Según el informe, Romillo explicó «pormenorizadamente» a ‘Alvise’ en qué iba a consistir su prestación, «consistente en compensar las criptomonedas» que entregase con dinero en efectivo. En este punto, los agentes recalcan que se trataba de una metodología «estándar» con sus clientes, con la pretensión de «elusión fiscal, evitando precisamente que pueda establecerse una conexión directa entre el dinero físico con los activos virtuales».

En la misma línea, la Policía informa también al Supremo de que en los mensajes intercambiados entre ‘Alvise’ y Romillo «se aluden a otras tipologías de blanqueo/financiación ciertamente sofisticadas, que se le ofrecían a Pérez, no habiendo de momento datos que indiquen su uso final».

Del análisis de los chats, los agentes también avisan de que el eurodiputado informó al empresario de que necesitaba unos 300.000 o 360.000 euros para «financiar la logística, actos electorales, propaganda, publicidad, etcétera». También sospechan de un pago de 10.000 euros en moneda virtual que «se habría producido con casi total seguridad».

Según el dosier, Alvise propuso a Romillo que le pagara los 100.000 euros a través de una transferencia bancaria a la mercantil Somos Libres SL –incursa en una operativa comunicada al SEPBLAC como sospechosa–, bajo la figura de un préstamo participativo, un movimiento que los agentes califican como una «simulación propia en operativas de blanqueo».

E indican que Romillo tuvo que convencerle antes de hacer la operación de que sería un error recibir los 100.000 euros en forma de transferencia, conceptuando el pago como «préstamo participativo», como pretendía Pérez, algo que -explican- «ha sido tradicionalmente utilizada en múltiples ocasiones por la criminalidad organizada».

Los investigadores se preguntan qué «contraprestación existió -o no existió como tal-» relacionada con ese pago de 100.000 euros en efectivo.

Señalan que «en numerosas ocasiones» en sus mensajes Romillo expone a ‘Alvise’ las posibilidades para mover capitales sin que sean trazables por las instituciones fiscalizadoras ni detectadas como financiadores de su campaña.

Así, mencionan que, dos días antes de la entrega, el empresario propone que el dinero que reciba SALF en criptomonedas «sea compensado en efectivo en Sentinel, de forma que los pagos que reciba SALF en diversas wallet controladas por Romillo sean siempre controlados por este, puesto que será el que dispone de clave privada que permite operar», además de indicarle que publique en sus redes sociales las direcciones de los monederos.

La Policía considera que esa hipótesis se refuerza cuando ‘Alvise’ dice que ha puesto «100.000 euros suyos porque cree en el proyecto de libertad y ‘lobby’». «Como voy a renunciar al 100% del sueldo público, me viene bien también eso para financiar la aventura política. En cash es irrastreable, sí. ok. Hecho, confío en ti como custodio», le expuso.

Los agentes sostienen que el eurodiputado quiso recurrir a las criptodivisas como «estrategia general para ocultar la financiación de la agrupación» y apuntan a «técnicas criptográficas» en sus conversaciones que «darían sentido a la hipótesis de que los 100.000 euros en efectivo entregados fuera de los circuitos económicos legales, no tuvieran génesis realmente en Romillo, sino que lo que hubo fue un simple proceso de ocultación, transformación e integración entre activos, dinero efectivo compensado con criptomonedas».

Indican que Romillo diseñó la operativa y «habría creado» los monederos, así como que «se cimenta si cabe más aún la suposición razonada consistente en que los 100.000 euros en realidad no fueron un pago realizado por Romillo, sino que se gestaron en el entorno de Pérez, canalizándolos a través de la estructura del empresario con la única pretensión de difuminarlos».

Asimismo, hacen hincapié en que, un día antes de la entrega, le comentó que había «7.172,27 euros en BTC», ingresos que «no parecen ser suficiente» para el que era candidato, que lo veía «demasiado lento» para costear los gastos de campaña, «siendo entonces cuando Romillo le ofrece pasar a recoger los 100.000 euros en efectivo».

Los investigadores ven «a todas luces evidente» que el eurodiputado buscaba «la obtención de fondos para financiar la campaña electoral, que además deben ser opacos en el sentido de no declarados y origen difuso, pretendiendo que nos sean fiscalizados por el Tribunal de Cuentas».

En mensajes intercambiados entre ambos y que aparecen en el informe, ‘Alvise’ habla a Romillo de «la potencialidad» de su colaboración: «Con un buen acuerdo tus proyectos podrían llegar a muchísima más gente, y yo financiar con seguridad y holgura mi campaña sin la problemática de la persecución estatal».

De paso, el político le menciona que entre sus «necesidades» están «fondos que no requieran ser controlados por el Tribunal de Cuentas», porque no le permite pagar de su bolsillo por la Ley de Financiación de Partidos, y que tiene que «afrontar ciertas multas por revelación de secretos contra el Estado y Protección de Datos».