Podemos y el PSOE negocian el nombramiento de Pedro Crespo como fiscal general

Pedro Crespo
El fiscal Pedro Crespo. (EFE)
Carlos Cuesta

Pedro Crespo es la principal figura aspirante al cargo de fiscal general cuyo nombre se encuentra en estos momentos en la mesa de negociación entre el PSOE y Podemos. Pedro Sánchez tiene claro que no continuará en sus funciones la actual responsable del cargo, María José Segarra, una persona que no cuenta con el respaldo, ni de las filas socialistas, ni del resto de potenciales socios de Gobierno. Crespo, un fiscal con el máximo rango dentro de su carrera profesional, cuenta con grandes probabilidades de ser el encargado de ocupar este decisivo cargo en los próximos años.

María José Segarra cuenta en estos momentos con el rechazo unánime de formaciones como ERC o Podemos. Y Sánchez sabe que deberá sustituirla en caso de formar Gobierno definitivamente. Pero el cargo tiene unas connotaciones totalmente relevantes. Y es que decidirá sobre asuntos en materia separatista en las que, si el PSOE cede al cien por cien a las reclamaciones de sus socios, será el propio Sánchez el que se pueda meter en un importante problema político. Por ello, el presidente en funciones necesita para ese cargo de una persona altamente respetada en su profesión y con fuerte capacidad técnica.

Pedro Crespo es en estos momentos el fiscal jefe de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo. Su nombre ha sonado ya en otras ocasiones como aspirante a la Fiscalía General. Y cuenta con las máximas probabilidades pese a que existen otros candidatos como Félix Azón o Almudena Lastra, persona que es, a su vez, la mujer de Crespo.

Crespo es una de las figuras de máxima confianza del magistrado del Tribunal Constitucional y anterior fiscal general Cándido Conde-Pumpido. Ambos coincidieron, de hecho, en la etapa en la que Pumpido ocupaba el máxima cargo en la Fiscalía y Crespo ostentaba el cargo de teniente fiscal de la Secretaría Técnica.

El tiempo del nuevo fiscal general no será anodino. Los recursos de los golpistas condenados por el Tribunal Supremo a raíz del 1-O llegarán al Tribunal Constitucional. Muy previsiblemente se deberá juzgar al actual prófugo Carles Puigdemont y al resto de miembros de su Ejecutivo autonómico que permanecen fugados, si es que definitivamente llegan a España por la acción de la propia Justicia.

También se dirimirán los beneficios penitenciarios que se les pretendan aplicar con plena seguridad a los golpistas presos y condenados por sedición y malversación. Crespo, que cuenta con un gran prestigio, deberá enfrentarse con alta probabilidad a todos esos retos y lo hará teniendo en cuenta que ostenta una voz de influencia debido a su carrera profesional y su rango de fiscal de sala, la categoría máxima de la carrera a la que no llegó Segarra pese a ser nombrada fiscal general.

 

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