Congreso de los Diputados

Podemos «discute» con el PSOE si permiten al Supremo juzgar a su nº 3 por patear a un policía

El secretario de Organización de Podemos se negó el pasado octubre a prestar declaración de forma voluntaria

El Tribunal Supremo investigará al nº 3 de Podemos, el diputado de las rastas, por patear a un policía

PSOE
El diputado de Podemos Alberto Rodríguez en la tribuna del Congreso. (Foto: Podemos)

Podemos anda en conversaciones con el PSOE en relación al suplicatorio pedido por el Tribunal Supremo al Congreso de los Diputados para investigar a su número tres y aforado, Alberto Rodríguez. El secretario primero de la Cámara baja y compañero de Rodríguez en el grupo de Unidas Podemos-En Comú-Galicia en Común, Gerardo Pisarello, lo reconoció este lunes a pregunta de OKDIARIO.

Pisarello señaló que Unidas Podemos y PSOE, los dos partidos del Gobierno de coalición, se encuentran «discutiendo» este asunto, si bien no avanzó más detalles al respecto. Así se pronunció este lunes el secretario primero del Congreso después de que la Mesa de la Cámara, de la que forma parte, calificara el suplicatorio del Tribunal Supremo contra Rodríguez, acusado de sendos delitos de atentado a la autoridad y lesiones por agredir a un policía durante una protesta en 2014, cuando ya había nacido Podemos. El secretario de Organización de la formación morada se negó el pasado octubre a prestar declaración de forma voluntaria como investigado ante el Tribunal Supremo y solicitó el archivo de la causa.

Tras ser calificado por la Mesa este lunes, el suplicatorio ha pasado el primer trámite en el Congreso y ha sido remitido a la Comisión del Estatuto del Diputado, donde será sometido a votación antes de pasar al Pleno de la Cámara que también tendrá que pronunciarse al respecto. A partir de ahora, la presidenta del Congreso, Meritxell Batet, tiene cinco días para trasladar el expediente a dicha Comisión, que dispone de un máximo de 30 hábiles para presentar una propuesta.

En anteriores suplicatorios la Comisión del Estatuto del Diputado resolvió este trámite en unas dos semanas. En total, son 60 días como máximo para que el Congreso responda al Supremo desde la llegada del suplicatorio. Este plazo no suele agotarse.

No obstante, el reglamento de la Cámara establece que «el suplicatorio se entenderá denegado si la Cámara no se hubiere pronunciado en el plazo de 60 días naturales, computados durante el período de sesiones a partir del día siguiente al del recibo del suplicatorio».

Esta comisión, presidida por la socialista Begoña Nasarre, debe dar audiencia al afectado, bien en persona o por escrito, para que pueda presentar sus alegaciones en el plazo de 10 días. Cuando concluya su trabajo a puerta cerrada, la comisión tiene que elevar su conclusión al Pleno de la Cámara para aprobar o denegar el suplicatorio por mayoría simple.

El caso de Pablo Iglesias

El papel del PSOE es determinante y habrá que ver cómo resuelve este contratiempo para su socio de Gobierno. Teniendo en cuenta además que tal posicionamiento podría marcar precedente en el supuesto de que el Tribunal Supremo siga los mismos pasos con el vicepresidente segundo del Ejecutivo, Pablo Iglesias, en el caso Dina. Ello, si la Audiencia Nacional vuelve a darle traslado de la acusación contra este aforado, acusado de presuntos delitos de revelación de secretos, con agravante de género, y daños informáticos.

El debate y votación de los suplicatorios en el Pleno del Congreso tampoco es público y el voto de los diputados es secreto. Sólo se da a conocer el resultado final. Hasta la fecha, la Cámara baja ha aprobado 32 suplicatorios y ha rechazado 14 (dos de ellos sobre el mismo diputado).

Barrionuevo en 1988

La última negativa del Congreso a un suplicatorio tuvo lugar en 1988, es decir, hace 20 años. Entonces, se trató de un contencioso por derecho al honor contra el ex ministro socialista José Barrionuevo, que fue denunciado por el hermano del etarra arrepentido Juan Manuel Soares Gamboa por incluir fotos suyas en carteles del Ministerio del Interior.

En cuanto al último suplicatorio concedido, se otorgó el pasado mes de junio y fue el de la portavoz de JxCat en el Congreso, Laura Borràs, investigada en una causa por presuntos delitos de prevaricación, fraude a la Administración, malversación de caudales públicos y falsedad documental en su etapa como directora de la Institución de las Letras Catalanas.

El magistrado del Supremo Antonio del Moral, instructor del caso en el Alto Tribunal, elevó el suplicatorio al Congreso para suspender la inmunidad del diputado Alberto Rodríguez y seguir adelante con este procedimiento penal al «existir indicios cualificados de que propinó una patada a un policía durante los incidentes que se produjeron el 25 de enero de 2014 durante una manifestación contra la LOMCE en La Laguna (Santa Cruz de Tenerife)».

Del Moral recalcó que «se ha llegado a un momento en que la constancia de indicios cualificados, ya consignados, hace imprescindible para avanzar en el camino procesal recabar la autorización prevista en el referido precepto constitucional, que se cursará mediante exposición razonada remitida al presidente de esta Sala Segunda para que le confiera el trámite correspondiente».

«No hay ninguna prueba»

En unas recientes declaraciones a Radio Club Tenerife, dijo que si el suplicatorio llegara a prosperar, acudiría a declarar, aunque subrayó que «no hay ninguna prueba» contra él. «Yo lo único que hice ese día fue manifestarme por la educación pública y contra los recortes», apuntó.

Así mismo, respecto a su aforamiento, que tanto criticó Podemos cuando irrumpió en política y que pedía suprimir en su último programa electoral, Alberto Rodríguez declaró que «ojalá me pudieran juzgar en el Juzgado de La Laguna, yo estaría ‘encantado’ porque era donde me correspondía. ‘Encantado’ con todas las comillas del mundo teniendo en cuenta que no hice nada», agregó. «Tengo la conciencia muy tranquila», sentenció.

Además, en declaraciones a El Periódico, Alberto Rodríguez afirmó: «En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios y canarias a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica. Prueba de la contundencia de mis afirmaciones es que no fui ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento. Gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta, pero no lo vamos a consentir», enfatizó.

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