El número 3 de Podemos se niega a declarar voluntariamente en el Supremo por patear a un policía

Alberto Rodríguez
Alberto Rodríguez, en la concentración contra los desahucios en Argumosa. (Foto: E. Falcón)

Alberto Rodríguez, secretario de Organización de Podemos y diputado en el Congreso de los Diputados, se ha negado a acudir voluntariamente a declarar en el Tribunal Supremo, donde estaba citado como imputado por patear a un policía durante una manifestación. Rodríguez, lejos del ideario que vende la formación morada en lo referente a lo que ellos tildan de casta, ha hecho suyo el privilegio del aforamiento. Ese mismo privilegio que tantas veces su partido ha denostado cuando otros políticos hacían uso de él, pero al que Rodríguez se ha aferrado ahora como a un clavo ardiendo.

Pero no acudir este martes no implica, ni mucho menos, que Rodríguez vaya a salir indemne de esta acusación. Ahora, el Tribunal Supremo emprenderá un procedimiento de imputación formal del diputado solicitando al Congreso un suplicatorio para poder investigarle. Desde el Alto Tribunal se pedirá dicho suplicatorio al Congreso de los Diputados, que se deberá votar. Una vez enviado, se votará y previsiblemente saldrá adelante, por lo que Rodríguez no tardará en prestar la declaración a la que este lunes se ha negado a acudir.

La causa

La Sala de lo Penal acordó abrir causa al diputado de Unidas Podemos después de que el juzgado de Instrucción nº 4 de San Cristóbal de la Laguna (Canarias) enviase testimonio de un procedimiento abreviado seguido contra él, entre otros, en virtud de un atestado instruido por la Policía de la Comisaría de La Laguna por la comisión de un presunto delito de atentado contra agentes de la autoridad y lesiones. Asimismo, nombró instructor de la misma al magistrado Antonio del Moral.

Sobre estos hechos, según se recordaba en el auto, el Ministerio Fiscal había presentado escrito de acusación contra Alberto Rodríguez, al considerarlo autor de un delito de atentado a agente de la autoridad y de una falta de lesiones, y había solicitado la imposición de una pena de un año de prisión por el delito y un mes de multa por la falta. El juzgado de instrucción había acordado la apertura del juicio oral contra él por hechos presuntamente constitutivos del citado delito, pero al acreditar su condición de Diputado al Congreso, acordó la nulidad parcial de dicho auto en la parte que se refería al aforado.

Los hechos

Rodríguez iba a ser juzgado por un delito de lesiones y contra la autoridad por patear a un policía durante unas protestas contra el entonces ministro de Educación del PP José Ignacio Wert, que iba a participar en la inauguración de la catedral. La Fiscalía canaria pedía un año de prisión, una multa, y la misma inhabilitación, lo que supondría la salida del diputado de Podemos del Congreso de los Diputados.

No es la primera vez que Rodríguez se ve envuelto en un caso de violencia. A este, que sucedió en una concentración contra la Lomce, se suma otra causa que tuvo que ser archivada por el Supremo por prescripción, no porque los hechos no hubieran tenido lugar.

Fue en el año 2006, cuando hubo un altercado con policías locales en La Laguna, Tenerife, donde terminaron volando incluso botellas. Así como sus compañeros investigados y procesados, terminaron por ser condenados con una sentencia de conformidad, Rodríguez esquivó una bola de partido al dar el Alto Tribunal por prescritos los hechos.

La respuesta de Rodríguez al Supremo

El diputado ha afirmado, para justificar el no acudir a declarar que, desde el «respeto a los procesos judiciales establecidos» ha decidido no acogerse al ofrecimiento del Supremo.

«En ningún caso he cometido los hechos por los que se me investiga. Acudí a la manifestación, como miles de canarios a ejercer mis derechos democráticos de forma pacífica», y ha añadido que «no fue ni detenido ni siquiera identificado por esos supuestos hechos en ningún momento», para agregar que «gobiernos anteriores pretendieron criminalizar la protesta», pero que Podemos no lo «va a consentir».

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