Podemos y Bildu presionan al PSOE para imponer el alquiler forzoso y castigar a los dueños de pisos vacíos

El control de la vivienda y el mercado del alquiler constituye uno de los tira y afloja que actualmente se libran en la coalición de Gobierno. Podemos, ERC y Bildu pactaron hace unas semanas una enmienda para prohibir los desahucios hasta el 2022, que tensionó a los socios socialistas. Sin embargo, el PSOE cedió en las pretensiones y los partidos han retirado esa propuesta, al haberse alcanzado un acuerdo dentro del Gobierno para que se tramite por la vía del real decreto. Los debates sobre la política de vivienda van, no obstante, más allá, y reviven una de las viejas aspiraciones de Podemos: el control de la vivienda vacía y de los grandes propietarios. 

Es un anhelo que la formación de Pablo Iglesias ha explicitado en varios de sus documentos electorales. En el programa para los comicios del 10-N, en concreto, el partido se comprometía a «crear un gran parque de alquiler público de precio asequible mediante la cesión obligatoria y las sanciones a los grandes tenedores de vivienda vacía».

Podemos decía inspirarse en el «modelo exitoso» de ciudades como Viena y ponía incluso cifras a ese objetivo: «Incrementaremos en 50.000 viviendas al año, durante toda la legislatura, el parque de vivienda en alquiler social mediante un mecanismo de cesión obligatoria de las viviendas vacías de los grandes tenedores de vivienda, junto con otros sancionatorios, para impedir el acaparamiento y la especulación con viviendas vacías».

Tradicionalmente, Podemos ha establecido la definición de «gran propietario» en el tenedor de más de 10 viviendas, a quienes obligará a sacarlas al alquiler a precios sociales, haciendo una cesión de uso al Estado. Sin embargo, fuentes de la formación rebajan ese umbral a las 8 propiedades.

El acuerdo de Gobierno entre PSOE y Podemos ya recogía el compromiso de «establecer un marco legal que defina los conceptos de «vivienda vacía» y «gran tenedor de vivienda» y ponga a disposición de las comunidades autónomas y los municipios distintas herramientas para su detección y diagnóstico».

El documento contemplaba asimismo «definir una política específica en esta materia, que permita establecer en los distintos supuestos del fenómeno (inhabitabilidad, grandes tenedores, inseguridad para su alquiler, etc.) las medidas más adecuadas: fiscales, sancionadoras, de aseguramiento o estímulo, para movilizar vivienda vacía, en un marco donde los grandes tenedores de vivienda colaboren con la administración competente para poner a disposición del mercado de alquiler la vivienda vacía a precio razonables».

Bildu -convertido ya en un interlocutor de primer nivel para el Gobierno de Pedro Sánchez- comparte esa reivindicación. La formación proetarra insta también a la movilización de la vivienda vacía existente con herramientas como el alquiler forzoso, mecanismos fiscales y establecer fórmulas para incrementar el parque de viviendas en alquiler.

Debate

La secretaria de Estado de Agenda 2030, Ione Belarra, ya habló abiertamente hace unas semanas, en una entrevista en La Información, la intención de su formación de imponer impuestos a la vivienda vacía. «Hay varios mecanismos. Vía fiscal, vía sanciones o que la legislación regule lo que se llaman los alquileres forzosos, que significa que tú obligatoriamente tengas que poner en alquiler esa vivienda vacía», confirmó la dirigente de Podemos, que aseguró que el foco de la regulación no serían los pequeños propietarios.

Por el momento, los socios intentan consensuar las fórmulas para controlar los precios del alquiler, una medida de gran impacto para el mercado. El mecanismo elegido, el real decreto, permitirá además su tramitación inmediata, evitando los retrasos de los Presupuestos Generales. De hecho, la intención de Iglesias es aprobarlo ya en las siguientes semanas, antes de que finalice el año.

La enmienda fue incluida la pasada semana en el debate de la Comisión de Presupuestos, pese a que los letrados del Congreso habían avisado de su inconstitucionalidad. Finalmente, el PSOE votó en contra, junto a Ciudadanos y PNV.

Podemos ha utilizado la enmienda para hacer valer su presión a la parte socialista del Gobierno. Y para afianzar la alianza con Bildu y ERC. Desde el PSOE se consideró su presentación como una salida de tono de Pablo Iglesias, lo que provocó la enésima crisis de la coalición. Fuentes socialistas aseguraron, además, desconocer de antemano la propuesta de Podemos, lo que causó malestar.

Ahora, la negociación la dirigen el ministro de Transportes y Vivienda, José Luis Ábalos y el vicepresidente segundo Pablo Iglesias, que aspira a capitalizar su aprobación.

Acuerdo de Gobierno

El acuerdo entre PSOE y Podemos contemplaba ya «poner techo a las subidas abusivas de precios de alquiler en determinadas zonas de mercado tensionado».

Para ello, según se recoge, «se habilitará a las comunidades autónomas y/o ayuntamientos para que a partir del Sistema Estatal de Índices de Referencia de Precios del Alquiler de Vivienda que está 18 desarrollando el Ministerio de Fomento puedan establecer su índice de precios de acuerdo a una metodología objetiva y sujeto a revisión periódica».

El papel protagonista recaerá en los ayuntamientos, que tendrán capacidad para «declarar de forma objetiva y fundamentada en criterios técnicos, con carácter temporal y excepcionalmente, una zona urbana de mercado tensionado cuando se haya producido un incremento abusivo y sostenido de las rentas de alquiler de vivienda habitual, que obstaculice a sus habitantes el acceso y el disfrute de una vivienda a un precio razonable, y, con ello, el ejercicio del derecho a una vivienda».