El PNV negociará con Sánchez que el Constitucional no pueda vetar su Estatuto de la ‘Nación vasca’

Pedro Sánchez ajusta ya el precio de su investidura con los partidos nacionalistas e independentistas. Es el caso del PNV. Sus 6 votos a favor se dan por descontados en las sumas para hacer presidente a Pedro Sánchez, pese al aviso de los últimos días de su portavoz, Aitor Esteban, de que ese apoyo «no está asegurado». A cambio, los vascos ya avanzan en el Congreso que una de sus prioridades será la reforma de la ley del Tribunal Constitucional para acabar con los ‘recursos previos’ en el caso de los Estatutos de Autonomía. Dicho de otra forma: una manera de limitar la acción del Alto Tribunal, que no podría intervenir antes de que estos fuesen votados en referéndum por la ciudadanía. Lo que ocurrió con el Estatut.

La figura del ‘recurso previo’ fue restablecida en 2015 por una reforma ‘exprés’ pactada entre PP y el PSOE, entonces en manos de Alfredo Pérez Rubalcaba. Había sido derogada en 1985, bajo el Gobierno de Felipe González. Desde esa última reforma, el Tribunal Constitucional puede pronunciase antes de que las normas entren en vigor o sean refrendadas por la ciudadanía, lo que pretende evitar casos traumáticos como el ocurrido con el Estatuto de Cataluña durante el mandato de Rodríguez Zapatero. El asunto abre un debate intenso entre los socialistas.

«Es un veto político»

Derogar esta figura implicaría que los ciudadanos podrían expresarse antes que el Constitucional sobre su norma autonómica, de forma que, aunque el tribunal mantendría intacta su capacidad para modificarla, se plantearía un inevitable ‘choque de legitimidades’ entre las regiones y sus ciudadanos y el respeto al marco constitucional. Un tema especialmente sensible en ciertas comunidades, como el País Vasco, donde los partidos trabajan actualmente en la renovación del Estatuto.

El PNV quiere reactivar en el Congreso, como prioridad, la reforma de la Ley  del Tribunal Constitucional que recoge la derogación. Desde este partido lo justifican en que se otorga así al Tribunal Constitucional «un papel político» en un momento «delicado» y «con los riesgos que ello acarrea para la estabilidad del sistema».

«Y lo que es más grave -opinan los nacionalistas- permite a los responsables políticos hacer negación de su obligación de resolver mediante el diálogo y el consenso los problemas políticos de fondo». 

Añaden, además, «que el recurso previo de inconstitucionalidad incorpora un auténtico veto político en los procedimientos de reforma de los Estatutos de Autonomía que desnaturaliza el modelo que la Constitución establece» y que su aplicación ha estado «repleta de incongruencias».

«Un proyecto de Estatuto no es norma jurídica vinculante hasta su ratificación por referéndum, por lo tanto, hasta ese momento debe ser inmune al control del Tribunal», añaden. Y también que «una sentencia estimatoria previa condiciona la voluntad ulterior de los Parlamentos autonómicos y de las Cortes Generales».

Lo recuperó Rubalcaba

El texto presentado por el PSOE de Rubalcaba en 2014 y luego consensuado con el PP expresaba que «se hace necesario garantizar el no siempre fácil equilibrio entre la especial legitimidad que tienen los estatutos de autonomía como norma institucional básica de las comunidades autónomas, en cuya aprobación intervienen tanto las comunidades como el Estado y, en ocasiones, el cuerpo electoral mediante referéndum, y el respeto de dicho texto al marco constitucional».

Los socialistas destacaban, en este sentido, la «frustración» de que un Estatuto autonómico fuese refrendado por los ciudadanos y anulado después por el Constitucional.

Ahora, el pacto con el PNV podría alterar dichas posiciones y abrirá sin duda de nuevo el debate en el seno del partido de Pedro Sánchez.

Objetivo de PNV y Bildu

Anular dicha potestad del Alto Tribunal es estratégico para PNV y Bildu, en plenos trabajos para la reforma del Estatuto de Guernica. 

Como recientemente informó OKDIARIO, la formación de Arnaldo Otegi consintió en los últimos días prorrogar el plazo para tener lista esa reforma (junio de este año), lo que permitirá a Sánchez evitar, al menos hasta el año que viene, el debate sobre el estatus político del País Vasco.

Hasta el momento, el borrador que ha salido de los trabajos preliminares de la Ponencia de Autogobierno, por acuerdo entre PNV y Bildu, recoge la polémica propuesta de un referéndum «declarativo y habilitante» sobre el ‘Estado Nación’ vasco.

Ese debate, además, no se cruzará con su disposición de aceptar los votos de PNV y Bildu para la investidura. Sea en julio o sea en septiembre.