El plan de Sánchez: forzar al Constitucional a cambiar su doctrina para permitir un referéndum catalán

Pedro Sánchez y Quim Torra
Pedro Sánchez y Quim Torra en la puerta del Palacio de la Moncloa. Foto: @Getty

Pedro Sánchez se ha comprometido con ERC a dar cabida a un referéndum separatista. El reto es básicamente imposible de materializar de manera frontal y visible, por lo que su gabinete ya ha empezado a fraguar la manera de esconder el objetivo final. La forma que planea Sánchez para complacer a ERC sin topar con la Constitución es doble: la primera, buscar una pregunta para el referéndum que no implique abiertamente un desafío a la unidad de España o a la Carta Magna pero sí permita conocer el respaldo a la independencia de Cataluña. La segunda pasa por forzar al Tribunal Constitucional a aceptar de hecho una consulta que bordee o incluso rebase la esencia constitucional.

El documento firmado entre el PSOE y ERC como base del apoyo a la investidura de Pedro Sánchez recoge que “deberán buscarse acuerdos que cuenten con un apoyo amplio de la sociedad catalana”. No del conjunto de España, que es donde reside la soberanía nacional, tal y como lo plasma la Constitución. Sólo de Cataluña. Pero esa afirmación, tal cual, supone violar las bases más básicas de la Carta Magna al excluir de sus derecho de elección a todos los españoles no catalanes.

Por eso, el pacto entre las dos formaciones añade que “en este sentido, ambas partes se comprometen a impulsar la efectividad de los acuerdos que se adopten a través de los procedimientos oportunos. Las medidas en que se materialicen los acuerdos serán sometidas en su caso a validación democrática a través de consulta a la ciudadanía de Catalunya, de acuerdo con los mecanismos previstos o que puedan preverse en el marco del sistema jurídico-político”.

El párrafo no menciona la Constitución de forma intencionada. Pero sí una supuesta y venidera nueva fórmula que pueda “preverse en el marco del sistema jurídico-político”. Esa nueva fórmula podría regularse de manera frontal y transparente, pero exigiría un cambio constitucional que reclamaría el pronunciamiento de todo el pueblo español. O hacerse por la vía de forzar la Constitución y presionar al Tribunal Constitucional para que lo aceptase. Esta segunda vía es la elegida.

Una consulta sólo en Cataluña

Hay que recordar que, hasta el momento, el Tribunal Constitucional ha tumbado todos los intentos de impulsar este tipo de referéndums en Cataluña. Sobre la independencia o sobre otras cuestiones. Lo hizo cuando pretendió avanzar en esta dirección la ley de consultas del tripartito y también cuando lo impulsaron CiU y ERC en materia “consultas no referendarias”. Y lo hizo igualmente tumbando las normas que preparaban el terreno para el referéndum del 9-N y del 1-O.

Ahora PSOE y ERC han pactado que las conclusiones de sus negociaciones sean sometidas a un referéndum, sin precisar cuál será la pregunta concreta que se trasladará a los votantes. Pero tendrán que retorcer la doctrina del TC, que prohíbe abiertamente los referéndums autonómicos, lo mismo si son convocados por la Generalitat –el Gobierno tiene las competencias exclusivas en cuanto a la regulación y convocatoria de referéndums– como si la iniciativa parte de Moncloa pero pretende que sólo voten los catalanes. En la sentencia contra el 1-O, el Constitucional destacó que el artículo 92 de la Constitución exige que se pregunte a «todos los españoles».

Por ello, el pacto entre el PSOE y ERC esconde un compromiso oculto basado en llevar al máximo la redacción del acuerdo y posteriormente incrementar la presión sobre los magistrados del Constitucional para lograr que acepten al menos parte de los acuerdos sometidos a referéndum y el propio referéndum.

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