Ayuntamiento de Madrid

Los pisos turísticos ilegales comienzan a rechazar clientes tras el plan de Almeida para desenmascararlos

Muchos propietarios han comenzado a actuar con cautela ante las reservas a través de plataformas como Airbnb

pisos turísticos ilegales
Pisos turísticos ilegales.

La ofensiva del Ayuntamiento de Madrid para controlar la proliferación de viviendas de uso turístico en la capital pone en jaque a muchos propietarios. Tras conocerse el listado completo de los pisos turísticos que cuentan con licencia, muchos dueños de inmuebles que publicitan sus pisos a través de webs de hospedaje han comenzado a tomar precauciones.

El Consistorio daba este lunes un paso más en su plan para la regularización de los alojamientos turísticos con la publicación de la lista de pisos que sí contaban con licencia del Consistorio para operar en la capital. Con este mapa, José Luis Martínez Almeida pretende poner el foco en todos aquellos propietarios que publican sus inmuebles sin contar con los trámites pertinentes, con el fin de clausurarlos.

Hay muchas opciones para alquilar un alojamiento turístico para este fin de semana en Madrid. Desde los 68 euros por noche hasta los más de 300 euros. A la hora de solicitar una reserva, la gran mayoría de los anfitriones respondían con agilidad, con el fin de poder alquilar su piso para los próximos días. Algo que cambiaba de manera exponencial cuando se les preguntaba por el tema de la legalidad. Tras cuestionar cuál era la normativa con respecto a los pisos turísticos y si los inmuebles contaban con licencia, el tono de la conversación cambiaba por completo.

Conversación con un propietario de un piso turístico.

«Este inmueble ya no cuenta con disponibilidad», apuntaban varios de los anfitriones, que cinco minutos antes sí estaban interesados en que se ejecutara la reserva. Otros han «retirado la invitación a reservar» a pesar de que tras la consulta para alojarse en su piso explicaban con celeridad la ubicación y las grandes cualidades de su apartamento. De esta forma, muchos propietarios han comenzado a actuar con cautela en cuanto a las reservas de estas plataformas, ante el temor a ser sancionados o a que el Ayuntamiento lleve a cabo alguna inspección.

Y ésta era la principal meta del Consistorio. Almeida ha puesto de manifiesto que su objetivo es que todos los madrileños conozcan cuáles son las viviendas turísticas legales que hay en la ciudad y que denuncien las ilegales «con pleno conocimiento», para que el Ayuntamiento de Madrid pueda iniciar las actuaciones en las diferentes comunidades de propietarios.

También cree que es importante que los turistas que vengan a Madrid «sepan exactamente qué condiciones tiene el alojamiento» en el que van a estar en Madrid y si cumple con la legalidad. «Seguimos trabajando para afrontar este problema que afecta gravemente tanto al modelo turístico de la ciudad de Madrid como, sobre todo, en el ámbito de la vivienda en particular y especialmente en el distrito Centro», ha puntualizado.

Más multas y más inspectores

El Plan Especial de Hospedaje (PEH) del Ayuntamiento de Madrid -que viene heredado del mandato de Manuela Carmena- ha resultado ineficaz para evitar la proliferación de las viviendas turísticas en la capital y corregir las consecuencias de su rápida expansión al margen de la legalidad. El Ayuntamiento de Madrid no dispone de una normativa sancionadora específica para las viviendas de uso turístico. Hasta ahora, el procedimiento que se sigue en caso de detección de funcionamiento irregular de una vivienda turística que no se puede legalizar es el que se rige por la Ley 39/2015 de Procedimiento Administrativo.

Inicialmente, se ordena el cese de la actividad; si el propietario no acata la orden municipal y, posteriormente, se comprueba que continúa operando ilegalmente, se imponen multas coercitivas de 1.000, 2.000 y 3.000 euros. Tras la puesta en marcha de esta modificación, esas multas pasarán a ser de 30.001 euros, 60.001 euros y de 100.001 euros, pudiendo alcanzar un máximo de 190.000 euros.

Otra línea dentro de este plan de acción consistirá en el refuerzo del cuerpo de inspectores. La Subdirección General de Inspección y Disciplina cuenta con 65 trabajadores para toda la actividad inspectora. Este verano, el Ayuntamiento incrementará la plantilla un 15%, incorporando al servicio diez personas más. Además, entre estas medidas también se incluye la publicación del listado con los pisos turísticos que el Consistorio ha desvelado y donde se pueden comprobar las diferentes ubicaciones de estos inmuebles.

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