El tope del Gobierno al número de pisos turísticos «arruinará zonas enteras de España», según el sector

Los propietarios de los pisos turísticos ven con preocupación la intención del Gobierno de regular el número de viviendas con este tipo de alquiler en España. El presidente de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos (Fevitur), Miguel Ángel Sotillos, afirma a OKDIARIO que el sector solicita reunirse con la ministra de Vivienda y Agenda Urbana, Isabel Rodríguez, para que tenga en cuenta a todas las partes, pues la «inseguridad jurídica» que crea el Ejecutivo, así como los ataques constantes al alquiler vacacional, pueden provocar que «muchas zonas de España se arruinen».

Además, Sotillos sostiene que no se puede achacar el problema de la vivienda en España a la existencia de pisos turísticos: «El nivel de viviendas de uso turístico en España es sólo el 1,15% del total construido».

«En la ciudad de Madrid, el espacio dedicado al alquiler turístico es el 0,88% de las viviendas construidas. En cambio, la vivienda vacía es el 14,41% en España. ¿De verdad la falta de vivienda es por culpa de los pisos turísticos y no por las viviendas vacías?», declara el representante de los propietarios.

El sector pide reunirse con el Gobierno para que tenga en cuenta su realidad: «Lo que nos gustaría es que podamos tener una interlocución directa (con el Ejecutivo) para hacer nuestras propuestas, que vean que no somos los malos de la película y que el turismo alojado en viviendas de uso turístico aporta muchísimo más de lo que se está comentando», reclama Sotillos.

Los pisos turísticos y la economía

Para el delegado, «en España, hay zonas que, si les quitas la vivienda de uso turístico, su economía se hunde». Por ello, los propietarios piden que se legisle de forma descentralizada. «Abogamos por hacer un análisis serio y porque los ayuntamientos, desde su planeamiento urbanístico, definan los usos y lo qué quieren hacer con su ciudad».

Además, el líder de Fevitur considera que los cambios legislativos constantes están suponiendo un problema para la inversión: «Pedimos unas reglas claras que no nos vayan cambiando cada dos por tres, porque necesitamos seguridad jurídica para poder hacer las cosas».

«En España, cada año nos cambian el terreno de juego y así no se puede planificar, ni crear empleo, ni nada. Como sector, desde luego, pensamos que no se puede limitar la política a medidas correctoras, sino medidas de calado para hacer una previsión, con una seguridad jurídica. Nosotros abogamos por caracterizar el sector de la vivienda turística como un marco laboral, fiscal y sectorial que tenga atributos y dimensiones sostenibles y que estén alineados con cualquier otra actividad que existe en España», afirma Sotillos.

El presidente de la organización de alquileres turísticos asegura que, según un estudio de la Universidad de Salamanca, el 80% del presupuesto vacacional del que recurre a uno de estos pisos se gasta en comercio, muchos de ellos de proximidad. Por tanto, este tipo de negocio acaba repercutiendo en el bolsillo de los pequeños locales, en los barrios y pueblos y en la economía en general.

«Otra cosa de la que nos acusan es que la vivienda turística no paga IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido). No es verdad. Hay propietarios que sí están dados de alta del IVA y hay otros que están sujetos, pero exentos. El propietario que está sujeto, pero exento, paga IVA. Todo lo que compra lo paga con IVA, lo que no puede es compensarlo», explica el representante.

Además, «todo lo que el turista no se gasta en la vivienda para alquilarla, lo paga con IVA en los comercios y en los restaurantes. Lo que hace el sector es dotar es a los destinos de la posibilidad de optar por un tipo de cliente que de otra forma no iría».

El tope del Gobierno

Isabel Rodríguez afirmó la semana pasada que «hay que limitar» los alojamientos turísticos en zonas tensionadas para garantizar el acceso a la vivienda. Sin embargo, esta normativa, ya implantada en Cataluña, ha sido cuestionada por numerosas instituciones.

El Partido Popular ha llevado el Decreto del presidente de la Generalitat, Pere Aragonés, que establece el límite ante el Tribunal Constitucional y, posteriormente, Federatur (la asociación de pisos turísticos catalanes) se unió a la parte demandante. Además, la CNMC expresó su preocupación por esta ley y cuestionó su implantación.

«Yo quiero, junto con el ministro de Industria, reunirme con las comunidades autónomas con este asunto, porque yo no quiero entrar en sus competencias, pero esto es de mi incumbencia. Es de mi incumbencia porque está tensionando el mercado residencial», advirtió la ministra.