Sánchez pone trabas a los propietarios que necesitan recuperar su vivienda alquilada

El Gobierno de Pedro Sánchez prevé una modificación a fondo de la actual legislación de alquiler de viviendas que, entre otros, limitará el derecho de los arrendadores a recuperar sus propiedades.

El ministerio de Fomento estudia en la actualidad los cambios que quiere aprobar en los próximos meses y que, como avanzó el titular, José Luis Ábalos, empezarán por una reforma de la ley de liberalización del alquiler, de 2013, para ampliar la duración de los contratos, de los tres a los cinco años, aumentando además la protección para los arrendatarios.

Entre las principales modificaciones está, por ejemplo, que el propietario no pueda disponer de su vivienda en caso de que la necesite, si, previamente, no ha hecho constar ese derecho en la firma del contrato. 

Así se recoge en la ‘Proposición de ley de medidas de fomento del alquiler estable de vivienda’, presentada por los socialistas esta legislatura, y que limita la facultad del propietario de extinguir el contrato cuando alegue la necesidad de ocupar la vivienda arrendada.

El propietario deberá hacer constar por escrito que podrá ‘liquidar’ el contrato de alquiler en caso de necesitar la vivienda

La ley vigente permite a los arrendatarios recuperar esa vivienda «para destinarla a vivienda permanente para sí o sus familiares en primer grado de consanguinidad o por adopción o para su cónyuge en los supuestos de sentencia firme de divorcio o nulidad matrimonial», en cualquier caso. Sólo se exige que el propietario se lo comunique al arrendatario, «al menos con dos meses de antelación a la fecha en la que la vivienda se vaya a necesitar», en cuyo caso, éste «estará obligado a entregar la finca arrendada».

Según el nuevo redactado que los socialistas plantean para la Ley de Arrendamientos Urbanos (1994), el arrendador sólo podrá recuperar la vivienda, aunque lo necesite, siempre y cuando «esa facultad se haga constar en el contrato, de forma expresa, al tiempo de su celebración».

Derecho a indemnización

El Gobierno prevé más trabas para los propietarios, en la medida en que, si transcurridos tres meses desde el desalojo no se hubiera procedido a ocupar la vivienda, «deberá reponer al arrendatario en su uso y disfrute por un nuevo período de hasta cinco años» o, en su caso, «indemnizarle con una cantidad igual al importe de la renta por los años que quedaren hasta completar cinco, salvo que la ocupación no pudiera tener lugar por causa de fuerza mayor».

El Gobierno quiere aumentar considerablemente las indemnizaciones a los inquilinos que sean desalojados

Este escenario supone un cambio notable con la ley actual que, aunque determina también el derecho del inquilino a volver al alquiler si en el plazo de tres meses el propietario no ha hecho uso de la vivienda, sólo determina que podrá ser repuesto por tres años —y no cinco— o ser indemnizado por una cantidad «equivalente a una mensualidad por cada año que quedara por cumplir hasta completar tres». Una diferencia considerable en la cuantía sobre lo que pretende el Ejecutivo.

Otra de las diferencias radica en qué ocurre si se produce la venta de la casa. El nuevo propietario estará obligado a conservar intacto el contrato de alquiler. Según el plan de Sánchez, «el arrendatario tendrá derecho, en todo caso, a continuar en el arrendamiento hasta que se cumplan cinco años». Con la ley actual, el arrendamiento quedaría extinguido. 

Entre otras medidas se incluye fomentar la construcción de hasta 20.000 viviendas públicas en régimen de alquiler con precios limitados en aquellos territorios donde más esté subiendo su coste o deducciones fiscales de hasta el 100% del IRPF para los dueños de viviendas que alquilen por debajo de un precio de referencia que establecerían los ayuntamientos.  Además, los inquilinos con una base imponible inferior a 30.000 euros anuales podrán deducirse un 10,05% de la cantidad pagada en concepto de alquiler.

Otro de los cambios significativos es que se vuelva a blindar la permanencia en una vivienda alquilada, pasando de tres años a cinco. Además, los socialistas prevén poner límite a las fianzas o avales que se solicitan para acceder a un alquiler.